La aprobación de las 26 leyes de la Habilitante, ha generado amplios debates en Venezuela, sobre el texto de las mismas, así como respecto a la aprobación del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), sobre la legalidad de sus procedimientos. Pero la oposición refuta sin argumentos legales, tanto la aprobación de estas leyes, como las inhabilitaciones de candidatos regionales y locales.

Nuevamente los partidos de oposición convocan a las calles, apoyados por sus medios de prensa escrita: El Nacional y El Universal, de circulación nacional, y la televisora GLOBOVISION. Además cuentan con varios medios internacionales, como CNN, El País de España, El Tiempo de Bogota, en espacios informativos donde solo existe la versión la oposición.

Un sector del empresariado se opone a las leyes

El gremio empresarial venezolano, a través del presidente de FEDECAMARAS, José González, pidió la derogación de las 26 leyes que el Gobierno del presidente, Hugo Chávez, promulgó el pasado 31 de julio. Al afirmar que "Quien le otorgó esos poderes fue la Asamblea Nacional (AN, unicameral), que ahora debe asumir su función de control y derogar las normas hasta que una consulta democrática concluya sobre la constitucionalidad y conveniencia de dichos instrumentos".

FEDECAMARAS esperará hasta el próximo 15 de septiembre una respuesta de la AN, integrada mayoritariamente por legisladores afines a Chávez, y "de no haber respuesta, nos estaremos preparando para introducir recursos de nulidad en el Tribunal Supremo", anunció González.

Otros sectores empresariales y ganaderos apoyan las leyes

El presidente de la Organización No Gubernamental, Empresarios por Venezuela (EMPREVEN), Alejandro Uzcategui, declaró a la prensa que “las 26 leyes habilitantes son instrumentos para el desarrollo del sector privado”. Explicó que “estas leyes garantizan la seguridad para los inversionistas nacionales y extranjeros en el país, hoy con la publicación de las 26 leyes habilitantes podemos decir que las reglas del juego están totalmente claras para los empresarios".

En una entrevista, en el canal privado en VENEVISIÓN, el presidente de CONFAGAN, José Luís Campo sostuvo que “los agricultores y ganaderos venezolanos respaldan leyes del sector por considerar que fortalecerán el sistema productivo del país”. A lo que agregó que “la disposición sobre crédito agrario ayudará a terminar con las reticencias de muchos bancos a otorgar préstamos para producciones agrícolas, pese a existir normas que deberían garantizar 11 mil millones de bolívares (unos cinco mil millones de dólares)”.

Campos manifestó con respecto a los créditos bancarios que “de 27 bancos, 16 no cumplen los requisitos de la cartera agrícola, porque la ley anterior era tan suave que preferían pagar la multa a tomar el riesgo de financiar al sector. Con la nueva ley comenzarán a fluir importantes recursos todos los productores del campo”.

Por último el presidente CONFAGAN, afirmó que “las leyes económicas incluidas en el paquete de 26 decretos con rango y fuerza de ley aprobadas por el presidente Hugo Chávez el pasado 31 de julio buscan terminar con el viejo sistema latifundista que no dio resultado”.

La oposición insiste en la ilegalidad de las leyes

El empresario agroindustrial Rafael Alfonzo Hernández declaro que "Ésta es la vía hacia el comunismo: hay que salir a las calles a pelear por la democracia, los derechos humanos y la propiedad individual". Los partidos opositores coinciden con Alfonzo en que “las leyes aprobadas por Chávez sin discusión parlamentaria son, en la práctica, la concreción de la reforma constitucional que la mayoría del electorado rechazó el 2 de diciembre de 2007”.

Por otra la Academia de Ciencias Políticas y Sociales emitió un comunicado en el que asegura que el conjunto de leyes modifica de facto la Constitución y va en contra de los resultados del referéndum del año pasado.

El proceso de aprobación de las leyes no viola la constitución

Los 26 decretos leyes aprobados por Chávez, en el marco de la habilitación que le otorgó la Asamblea Nacional, son inobjetables. La otorgó, con la mayoría requerida, la representación popular y la ejerce un Presidente electo por el pueblo. También el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) se ha pronunciado sobre la constitucionalidad de tal carácter, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 203 de la Constitución de la República.

Por su parte el vicepresidente de la República, Ramón Carrizález, ha rechazado tales críticas argumentando que “por el contrario, las leyes apuntalan derechos ciudadanos fundamentales, como son la seguridad alimentaria y el derecho a la vivienda”.

Y agrego que "Es por eso por lo que las atacan los sectores privilegiados. Por supuesto que establecen regulaciones, porque la seguridad alimentaria del país no puede estar en manos de los caprichos de unos particulares".

*Periodista uruguayo, es Director de Barómetro Internacional