Una estrategia que ya comenzó

"El gobierno se distrae intercambiando argumentos que emanan de programas "oficialistas", contra expertos fariseos que emplean innumerables recursos para sembrar desconcierto."

El embajador Roy Chaderton Matos hizo la denuncia en la OEA. Existe una dictadura mediática que no impone su voluntad despótica en un solo país, sino en un hemisferio del planeta, y penetra en buena parte del otro.

La dictadura, como su nombre lo indica, dicta, a veces con voz meliflua, pero siempre respaldada con el gran garrote de los consorcios multinacionales, las políticas que han de regir en cada nación o bloque de Estados en apariencia soberanos.

Los pueblos sometidos a esta dictadura obedecen con docilidad y aparente alegría los decretos que emanan de pantallas televisivas, parlantes de radioemisoras comerciales y páginas de la prensa escrita.

En ciertas repúblicas, como Venezuela, la dictadura mediática libra una guerra a muerte contra los reglamentos oficiales que le son adversos. El gobierno replica a través de los medios del Estado, siguiendo, ingenuamente, las supuestas reglas de un juego que denominan "libertad de información".

Se trata de una pelea dispareja. La dictadura mediática emplea tecnología de destrucción masiva, en tanto que el proyecto socialista utiliza los medios del Estado como si fueran armas deportivas en manos de soldados bisoños.

El gobierno se distrae intercambiando argumentos que emanan de programas "oficialistas", contra expertos fariseos que emplean innumerables recursos para sembrar desconcierto.

Son canales racistas donde tiernas comunicadoras esgrimen poderosas razones de silicón y colágeno, que si no informan al menos entretienen, excitando al televidente y dándole casquillo a sus congéneres.

Buena parte de esta guerra consiste en lanzar ofensivas y contraofensivas informáticas de ambos lados. Sin embargo, el gobierno socialista parece empeñado en pelear con un brazo atado a la espalda para beneficiar al adversario.

Las medidas nacionalistas para controlar la especulación bancaria o agroindustrial son calificadas impunemente por el presunto defensor de la propiedad privada como "robo a mano armada", "hamponato" y "atraco", alegando la inexistencia del Estado de derecho.

Por esta vez estoy de acuerdo. Si lo hubiera, los medios terroristas serían sancionados.


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Augusto hernández


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