27 de Febrero de 1989: El pueblo se rebela contra un gobierno ilegítimo que continuó y profundizó las tres décadas de empobrecimiento, desnacionalización y traición iniciadas el 23 de enero de 1958 y contra la aplicación de las medidas de ajuste estructural de corte neoliberal impuestas por el Fondo Monetario Internacional (FMI).
En Caracas y ciudades vecinas el pueblo expropia bienes de consumo. Es una rebelión contra la autoridad y contra la propiedad privada. Esa “Rebelión Popular” contra el neoliberalismo y el “puntofijismo” fue de naturaleza espontánea, desorganizada, no dirigida y no armada. Fue brutal y sistemáticamente reprimida por los cuerpos represivos del Estado con un saldo de miles de muertes. Sólo se reconoció un pequeño número y aún las fosas comunes reclaman la identidad de los y las desaparecidos.
Ningún embajador venezolano ante la ONU renunció en señal de “protesta”, ningún obispo manifestó estar “adolorido”, ninguna dirigencia política invocó la inmediata intervención internacional... Sólo la voz interesada de los traficantes del dolor se hizo sentir.
La Máquina del Odio generadora de privilegios, exclusiones y represiones, que torturó, asesinó y desapareció a decenas de miles de venezolanos y venezolanas en cuatro décadas de falsa democracia instauró también esos días de febrero de 1989 y durante los años posteriores la complicidad del silencio, comprando conciencias y vendiendo traiciones a granel. Sin embargo, en los caseríos, pueblos y barriadas venezolanas millones sabían de los crímenes de lesa humanidad cometidos el 27 y 28 de febrero de aquel año, crímenes que se sumaban a las más de 10.000 personas asesinadas y desaparecidas sólo en la década de los sesenta.
Una vez más, como se hizo reiteradamente en el pasado, se culpabilizó a las víctimas: los “tierrúos”, “maleantes”, “monos”, “incivilizados”, “patas en el suelo”, “salvajes”, “animales”, “come mierda” que osaron alzarse contra la ignominia debían ser aniquilados por miles: Necesario era para el “resguardo de la propiedad privada y de las instituciones democráticas”. Como es bien sabido, en el capitalismo el derecho a la propiedad privada es sagrado y está por encima del derecho a la vida y a la dignidad humanas.
El Estado no se responsabilizó por la violación masiva de los derechos humanos, hasta que la Revolución Bolivariana llevó a la presidencia de la República a Hugo Chávez y se procedió a reivindicar el significado histórico de los hechos del 27-F y a rescindir los daños a los familiares de las víctimas (de cuyo dinero hoy se benefician en su cualidad de “representantes legales” los mercaderes de los derechos humanos).
27 de Febrero de 2004: La pequeña burguesía, autocalificada como “clase media” se rebela contra un gobierno legitimado por haber ganado todas las elecciones desde el año 1998 y contra la aplicación de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, refrendada por la inmensa mayoría del pueblo. En las urbanizaciones de “clase media” del este de Caracas y sus similares en el norte de Maracaibo y de Valencia grupúsculos de gente que gusta autocalificarse como “decente y civilizada” y que los medios privados identifican como “ciudadanos pacíficos de la sociedad civil” asaltaron las calles para cometer delitos como la interrupción violenta del libre tránsito, la destrucción de la propiedad privada y de los bienes y servicios del patrimonio público, propiciando el escenario ideal para que los terroristas cometieran asesinatos a mansalva.
Se trató de un acto más de presión anterior a la decisión que horas más tarde tomara el Consejo Nacional Electoral (CNE), máximo organismo del Poder Electoral, con relación a las firmas parcialmente fraudulentas recabadas por quienes adversan al Gobierno Nacional; decisión soberana y sujeta a derecho, en cumplimiento de las normas electorales y de la Constitución y las leyes de la República, que sancionan el fraude y cualquier otro delito electoral. Cabe recordar que el CNE fue escogido por el Tribunal Supremo de Justicia y no por la Asamblea Nacional como corresponde, ello obedeció a demoras intencionales y a presiones indebidas hechas por el bloque parlamentario escuálido para que el CNE fuera escogido a su conveniencia. Así, saludaron el nombramiento del ente electoral, dándole en un principio su apoyo “verbal”, en la expectativa de seguir ganando tiempo y de que las futuras presiones sobre los rectores surtieran el efecto buscado: convalidar el fraude electoral, en estricto cumplimiento de las exigencias emanadas desde Washington.
La naturaleza reaccionaria de esa rebelión fue inducida por los medios comerciales de difusión masiva, financiada por los dólares del Imperio, organizada por la gobernación de Miranda y las alcaldías Metropolitana, de Chacao y de Baruta, y ejecutada por las bandas armadas de Acción Democrática, Bandera Roja y Primero Justicia, por policías municipales vestidos de civil y por vándalos contratados; lógicamente estuvo y sigue estando armada hasta los dientes. Fue contenida por los cuerpos de seguridad del Estado para resguardar el orden público y la integridad física, psíquica y moral de la inmensa mayoría de venezolanos y venezolanas que no participaron ni avalan la violencia como forma de hacer política. El Estado adelanta las investigaciones por cada uno de los asesinatos cometidos, como el 11 de abril de 2002 y la “Masacre de Altamira”, más temprano que tarde conoceremos el rostro de los asesinos.
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