Luego del derrocamiento de la dictadura militar del general Marcos Evangelista Pérez Jiménez el 23 de enero de 1958, las fuerzas políticas del momento firman un pacto que, en teoría, dictaba una serie de pautas para lograr la gobernabilidad, el más emblemático resulto el denominado Pacto de Punto Fijo.

En dicho pacto, los firmantes se comprometían a: "evitar los conflictos interpartidistas, respetar el resultado electoral cualquiera que fuese, formar un gobierno de unidad nacional en el cual estuviesen representadas todas las fuerzas políticas con independencia de los resultados electorales, y a suscribir una Declaración de Principios y un Programa Mínimo de Gobierno", la suscripción se realizó el 6 de diciembre de 1958.

El 7 de diciembre de 1958, se convoca a elecciones presidenciales en las que obtiene la mayoría del voto popular Rómulo Betancourt. Convocada una Asamblea Constituyente se redactó la Constitución que fue promulgada el 23 de enero de 1961.

La Exclusión
Obviamente, los militantes de la izquierda venezolana, sin poder acceder a la legalización ante las autoridades electorales, por la política exclusiva de Betancourt, comenzaron a ser los objetivos de los órganos de seguridad del Estado y calificados de peligrosos, desestabilizadores, fueron secularmente satanizados por las matrices de opinión.

El año 1962 marcó el inicio formal de la lucha armada con la organización de los frentes guerrilleros. Es también, escenario de levantamientos militares conocidos como El Carupanazo (mayo 62) y El Porteñazo (junio 62).

Las consecuencias directas de estos alzamientos de jóvenes militares venezolanos, fue la brutal represión del Estado contra los dirigentes de la izquierda nacional. Los tormentosos recuerdos de la dictadura perejimenista comenzaron a aflorar, bajo el amparo de la naciente "democracia". Torturas, desapariciones y asesinatos eran las formas de amedrentar a la disidencia.
Sólo la sublevación en la base naval de Puerto Cabello produjo, en 24 horas, 400 muertos y 700 heridos.



Un nuevo pacto
Para 1964 durante el gobierno del presidente Raúl Leoni, surgieron nuevos pactos de coalición entre los partidos AD y COPEI (principalmente). Punto Fijo cambió de nombre y se enmascaró en lo que se llamó "la ancha base".

El pueblo cansado de la violencia política propiciada por el Estado, empieza a vislumbrar intentos de pacificación al formularse la Ley de Conmutación de Penas, para facilitar la incorporación de la izquierda al juego democrático. No obstante, continuaron los hechos de violencia política que conmovieron al país. Nunca podrá olvidarse la aparición de un cadáver en las playas del Morro de Lecherías el 27 de octubre de 1965, que posteriormente fue identificado como el del profesor Alberto Lovera dirigente del Partido Comunista y quien había desaparecido unos días antes el 18 de octubre del mismo año.

La Digepol fue acusada de aquel atroz asesinato en voz del diputado al Congreso Nacional por el partido Vanguardia Popular Nacionalista: José Vicente Rangel. El mismo director de la Digepol, J.J. Patiño, reconoció que el profesor Lovera fue detenido por esa organización policial, el crimen quedó impune.

En apariencia los pactos de los partidos tradicionales, constantes violadores de los derechos más elementales de los ciudadanos, estaban orientados a mantener la gobernabilidad por medio de actores de los sectores de la burguesía, como Fedecámaras, la Iglesia Católica y sectores de las Fuerzas Armadas.

Estos establecían las reglas del juego y secuestraron el derecho de los ciudadanos a la participación, por ello siempre defendieron la democracia representativa, como forma política, y al capitalismo subdesarrollado y rentista -basado en el petróleo-, en el ámbito económico,

Más recientes
Más de 3000 muertos son testigos mudos e inertes de los asesinatos llevados a cabo en nombre de la democracia representativa. AD y COPEI, grandes promotores de la terrible orden "dispare primero y averigüe después" del inefable Rómulo Betancourt, tienen sobre sus conciencias los varios centenares de muertos de Cantaura, de El Amparo, de Tazón, y de tantos otros lugares tristemente célebres, donde siguiendo las instrucciones de los manuales de contrainsurgencia de la CIA, se violaron sistemáticamente los derechos humanos.

Llama la atención que los medios de comunicación que se quedaron mudos ante la masacre del 27 de febrero de 1989, que tácitamente la avalaron en aras del restablecimiento del orden; los mismos medios que estigmatizaban las protestas estudiantiles y de cualquier otro sector del pueblo; que criminalizaron en el pasado a los llamados "encapuchados", que convirtieron en un héroe nacional, solicitado constantemente por los entrevistadores de la televisión y de la radio al "carnicero de Caracas", Italo del Valle Alliegro, el pasado 27 de febrero de 2004, ante la acción legítima de la Guardia Nacional titularon sus periódicos: BRUTAL REPRESION.

Para la burguesía, para el imperialismo y sus partidos, para los dueños de los medios de comunicación, la represión brutal del 27 de febrero de 1989 fue necesaria para salvaguardar el orden de ellos, el orden de "Punto Fijo", el orden del capital.