A raíz de la publicación por parte de Globovisión de un recibo que demuestra el nivel de los salarios percibidos por los diputados de la Asamblea Nacional, y las declaraciones de Cilia Flores, quien ha exigido una investigación acerca de la fuente periodística de esta denuncia, quiero expresar lo siguiente.

Más allá de los intereses particulares del medio de comunicación privado que ya todos conocemos, lo cierto es que Cilia Flores y Oscar Figuera, antes que estar haciendo alharaca sobre supuesta violación de datos personales, deberían dar el ejemplo revelando en forma pública y transparente la información sobre sus emolumentos, de tal forma que el ciudadano común y corriente pueda saber a ciencia cierta cuáles son los reales ingresos de los diputados nacionales. Como era de esperarse, los diputados han preferido colocar el grito en el cielo, ratificando la prohibición de que los medios de comunicación tengan acceso a la Asamblea Nacional y toda suerte de acciones que tienden a recortar libertades democráticas, entre ellas el derecho a la información pública. Estos son derechos que van mucho más allá del comportamiento particular y antiético que hayan tenido algunos medios privados. Para enfrentar esas situaciones se puede apelar a mecanismos más específicos, previstos en la Ley Resorte y motorizar la controlaría social.

Resulta contradictorio el desempeño de Oscar Figuera dirigente del Partido Comunista, quien inicialmente convoca a una rueda de prensa para apoyar la reducción de los sueldos y gastos suntuarios dictaminada por el Ejecutivo Nacional y en medio de ella queda sorprendido al no poder explicar sus ingresos. Posteriormente al quedar al descubierto su desconocimiento sobre sus propios ingresos, sale a manifestar que el medio de comunicación en mención no lo va a callar. La pregunta obligada que nos hacemos es: ¿Qué esconden Cilia Flores y Oscar Figuera? Acaso será que quieren seguir engañando al colectivo, haciéndose pasar por sacrificados servidores de la patria que trabajan con las uñas, como lo asevera de manera increíble la Presidenta de la Asamblea, cuando es conocido de la opinión pública que ella goza de privilegios, chef particular, vehículos y protección extravagante, además de bonos especiales a pesar de que ella habita en Caracas.

En referencia a los señalamientos de Cilia Flores con relación a los obreros y empleados de la Asamblea Nacional, no es cierto que los obreros y empleados del poder legislativo ganen mejor que los diputados, eso no se lo cree nadie. En vez de andar inventando cuentos para ver si luego justifican que a los trabajadores se les rebajen el sueldo, o no se les discuta la contratación colectiva, la Asamblea Nacional debería reconocer el fuero sindical de William Díaz y no seguir violando la Ley del Trabajo con relación a este camarada ilegalmente despedido.

Es positivo que se revisen y rectifiquen los salarios de los altos funcionarios, pero no que se reimpulsen por medio de mecanismos legales tramposos. No podemos permitir que se le mienta al pueblo, diciéndose que se van a disminuir los altos sueldos de la burocracia, mientras que se dejan vacíos e indefiniciones en la Ley de Emolumentos en lo que se refiere a bonos, viáticos, primas para gastos suntuarios, y otras formas de remuneración que no están incluidas en el salario básico, pero que ciertamente son parte de la remuneración que perciben estos privilegiados funcionarios. No aceptaremos tampoco que quieran utilizar las "disminuciones" de sus salarios básicos para luego exigirle a los trabajadores del resto del país que acepten rebajas o congelación de sus salarios. Esa es una caza-bobos.

Los revolucionarios deben abogar para que se sepa la verdad sobre los salarios no sólo de los diputados, sino de Rafael Ramírez, del Presidente del Metro y de los presidentes de las industrias básicas en Guayana, de los magistrados y en fin de todos aquellos privilegiados que ganan fortunas, pero son los que primero se rasgan las vestiduras denunciando a los trabajadores por supuestos privilegios y les niegan sus derechos, en especial el mejoramiento de sus salarios y el derecho a la negociación de contratos colectivos.

El autor es dirigente nacional de la Unidad Socialista de Izquierda (USI), profesor y Jefe del departamento de Estudios Latinoamericanos de la escuela de Sociología de la UCV.
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