“La justicia es la primera virtud de las instituciones
sociales, como la verdad lo es de los sistemas de pensamiento”

JOHN RAWLS

Con alarma i decepción, los venezolanos todos, especialmente los pensantes que nos movemos en los predios de la filosofía i hacemos de la verdad un ideal de vida civilizada, observamos las actuaciones de muchos jueces en toda la república –dedicados como los mismos profesionales del Derecho que usan sus conocimientos para desvirtuar o eludir las leyes- pisotean la justicia, considerada por nuestro Libertador Simón Bolívar, como la reina de las virtudes republicanas. Advirtiendo que, esto concierne a algunos, puesto que existen muchísimos honestos. Mas, la alarma i decepción aumentan exponencialmente cuando, un juez superior, un magistrado o magistrada del Tribunal Supremo de Justicia, atropella dramáticamente toda norma de justicia, veracidad i responsabilidad, para ceder a la presión o a la complicidad, de sectores que realmente han incurrido en delitos comunes i delitos de violaciones de leyes nacionales e internacionales, a la vista de toda la comunidad nacional e internacional.

He aquí un ejemplo patente del problema grave que confronta esta nueva ruta de democracia genuina i participativa que, los venezolanos conscientes de la historia de la humanidad i del porvenir que soñamos para la misma (i para la patria) deseamos establecer para la superación i el equilibrio de la calidad de la vida. Ese problema, lo vengo pregonando desde la Comisión de Administración de Justicia de la Asamblea Nacional Constituyente; tal es la descomposición ética del Poder Judicial, lleno de vicios, ineficiencias e intereses contrarios a la verdadera justicia. Por ello abogaba por los estudios de filosofía, del conocimiento adecuado de la lengua materna i de una larga experiencia en el campo jurídico, capaz de conocer la lógica del razonamiento i, sobre todo, sentir pasión por la búsqueda de la verdad, no como una entidad metafísica (que queda fuera de toda la filosofía contemporánea) sino la que se desprende o se logra de un pensamiento reflexivo científico, porque el Derecho es realmente una disciplina, un campo de acción o una doctrina del hombre i para el hombre, como ciencia o disciplina científica.

Mientras asombra que, en el campo económico, por fin los economistas empiezan a darse cuenta que la Economía como ciencia, no es teoría para hacer riquezas, grandes ganancias i multiplicar beneficios materiales, sino una ciencia para el bienestar del hombre, tal como lo expone J.E. Meade en su obra LA ECONOMÍA JUSTA, muchos jueces no se han percatado que están destinados a pensar con seriedad, valentía i eticidad, para interpretar las leyes que, por recientes que sean se quedan atrás de la dinámica social o los cambios sociales, pero que su finalidad última, más que aplicar normas legales (que son circunstanciales o como teorías pueden ser puro historicismo) su fin último, sublime i bello, es hacer justicia.

Cuando personas como quien escribe, doctor en ciencias médicas i filósofo con grado universitario, reflexionamos sobre estas actuaciones de los jueces que desconocen la justicia, teniendo convicción de ser primacía esta virtud como rasgo fundamental de la vida civilizada, o sea, ordenada como sociedad humana en el Derecho, pensamos que no son seres sobrenaturales i que la ley rige para ellos también, porque recurrir a argucias como, no se le dio derecho a la defensa o no se presentó en persona porque sus abogados lo hicieron i otras detalles, para privilegiar a un delincuente amparado en sus apellidos o en su fortuna, es igualmente un grave falta o delito por parte de un juez o jueza. Tengo entendido que al estar investidos de función pública, todo magistrado tiene un nombramiento para desempeñarse al servicio de la República. Priva, más para ellos que para nadie, el respaldo moral i ético en sus actuaciones, en vez de la interpretación que haga de leyes o normas. Realmente, buscarle fallas a un auto de detención para dejar en libertad a una persona que ha cometido diversos delitos a la luz pública, puede tener algunos visos de supuesta “legalidad” pero indiscutiblemente es mancillar la justicia i atentar contra la paz de los venezolanos. Si la justicia vela también por la protección jurídica de la libertad de pensamiento i de conciencia, nadie más que un magistrado debería estar bajo ese amparo, puesto que tiene una función o presta un servicio a la nación que, requiere ante todo, veracidad, transparencia i equidad. Hace unos años, en otro atropello judicial de años, decía en frase de una novela llevada a la pantalla, que hacer una injusticia es matar a un ruiseñor. Si hablamos de la verdad, no metafísica tampoco, sino la que persiguen los hombres, existen muchas acciones que, bien sean decisiones, juicios o imputaciones, todo debería resolverse justamente con escrupulosa conciencia, algo así, como aquella eticidad fundada en la buena voluntad kantiana. Un juez, un magistrado, debe elevarse por encima de las pasiones humanas i entender a plenitud el compromiso que tiene en la vida de los hombres; en el compromiso igualmente con toda la humanidad. Ver, pues, la decisión de una magistrada que, entiendo es esposa de un hombre que hace años nos expuso en un libro, casos judiciales que fueron escándalos (hasta el que implicaba a un sacerdote que luego la iglesia escondió) i que con la denuncia pretendía hacer ver lo justo o lo injusto, ahora alarma que de manera tan rápida, tome un expediente situado detrás de muchos otros pendientes, para anular una decisión más que justa de un fiscal del Ministerio Público, contra un delincuente –el Alcalde de Baruta- para privilegiar con libertad, a quien no solamente por el asalto a la Embajada Cubana, sino por muchos otros delitos, debería llevarse a prisión por varios años, ya que además, por ser abogado, consciente estaba de los desmanes que cometía.

Creo que, por no haber ley específica, luego del funcionamiento cuestionable de la Comisión de Reestructuración del Poder Judicial, lo que queda parcialmente vigente es la Ley Orgánica del Consejo de la Judicatura, la Ley de Carrera Judicial i el Código Civil, i se deberían estudiar estos casos de actuaciones acomodaticias a intereses extraños a la justicia, porque es necesario erradicar los aspectos que lesionan gravemente la respetabilidad del Poder Judicial. En esto, como en otros campos de la composición humana de la V República o de la Revolución Pacífica Bolivariana, se proyecta la sombra del Traidor Mayor: el otrora inmerecido presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, el casi analfabeta cultural Luis Miquilena.

Concluyo, entonces, con esta expresión del John Rawls: “Por tanto, en una sociedad justa, las libertades básicas se dan por garantizadas, y los derechos, asegurados por la justicia, no están sujetos al regateo político ni al cálculo de intereses sociales”. Como ha dicho el Ministro Jesse Chacón, se ha asentado un precedente funesto.