(Actualización del artículo publicado el 16 de agosto del 2003 con el título de “América, la justicia tuerta”)
El cáncer de la corrupción y el clientelismo político en la justicia es una epidemia en toda la América: latina y anglosajona. La CEPAL y el Banco Mundial afirman que una de las grandes causas del atraso de los países es la debilidad de sus instituciones. De éstas, el eslabón más débil es el poder judicial el cual es muy vulnerable a los intereses económicos y a los compadrazgos polítiqueros.
Continuos estudios en Estados Unidos indican que en ese país el acceso a la justicia está, de hecho, prohibido a las personas de escasos recursos y que en las cárceles son pocos los presos por delitos de corrupción. Las prisiones son para los pobres que no pueden pagar un abogado y muchos menos una fianza. Este modelo se reproduce en todo el continente americano.
El mal se torna más dañino en los niveles superiores, como las Cortes Suprema de Justicia. Es común que antes de que un caso vaya a los tribunales, se averigüe el nombre de los jueces para ver su tendencia política o su debilidad económica. Aquello de "¿Cuánto vale un juez?" está más vigente que nunca. Abundan los casos.
En Estados Unidos, la Corte Federal de Florida declaró presidente a Bush, a pesar de que el otro candidato ganó con una ventaja de 300 mil votos. Casualmente, el Gobernador de Florida es el hermano del hoy Presidente designado (que no electo). Comentario aparte merece el desacato del gobierno de ese país a estar bajo la jurisdicción de la Corte Penal Internacional. Una verdadera burla al derecho internacional.
Siguiendo con los ejemplos, en Argentina, la Corte Suprema había suspendido los juicios a los oficiales que durante la dictadura militar (1976-1983) violaron los derechos humanos. Hoy la sociedad consigue que el poder legislativo reabra eso casos y anule las leyes de impunidad (¿Qué hará la Corte? En Chile, la Suprema declaró que no podía juzgarse a Pinochet; hoy los familiares de las víctimas de la dictadura exigen que sean juzgados los culpables. En Guatemala, la Corte, pasó por encima de la constitución para permitir que un ex dictador, acusado por propios y extraños (como Amnistía Internacional) de grande matanzas campesinas e indígenas, fuese candidato presidencial.
Aquí en Venezuela, el máximo tribunal dejó prescribir los juicios de corrupción contra un ex presidente y su esposa. Luego, bajo el nombre de Tribunal Supremo de Justicia, impidió, contra toda lógica jurídica nacional y mundial, que se abriera juicio a los militares que eliminaron por horas el orden constitucional, e incluso destituyeron "por ilegítimos" a los magistrados del TSJ. Ahora, en una nueva violación constitucional, sin respetar el equilibrio y colaboración entre poderes, el TSJ pretende convertirse en una Asamblea Nacional paralela y designar al Consejo Nacional Electoral en una acción que en nada contribuye a la búsqueda de la paz política en Venezuela. El TSJ no ha entendido su rol de orientador constitucional y bajo el amparo de última instancia arremete contra lo novel Constitución Nacional y por tanto contra la paz de un país agitado por la coyuntura política.
Todo lo anterior da la razón a los que afirman que el funcionamiento coartado del actual poder judicial venezolano como el de toda la América es una piedra de tranca para el desarrollo de las naciones.
Los casos de las planillas planas, Capriles y Melo anuncia del abismo judicial (Abril 2004):
En Venezuela todos los supuestos contenidos en las líneas superiores se cumplen:
Acceso a la justicia: En 1998, la cantidad de presos esperando juicio en las cárceles superaba los 30 mil, más del doble de la capacidad carcelaria. Ante la incapacidad de solucionar el hacinamiento el sistema propuso una reforma del Código Procesal Penal la cual aprobó apresuradamente en enero de 1998 el agónico congreso puntofijista. Como resultado, una mezcolanza jurídica puso en la calle a inocentes y culpables causando el aumento inmediato de la criminalidad. Por otra parte un uso abusivo de la flagrancia, en perjuicio de las víctimas, permite al crimen organizado cometer alegremente sus fechorías o realizar sus “guarimbas”.
En 1999, bajo la confianza del triunfo, los dirigentes bolivarianos se dejaron meter gato por liebre al creer en el enigmático Miquelena, el caballo de Troya del puntofijismo. Su obra maestra consistió en insertar en la nueva constitución un largo período de 12 años para los magistrados del TSJ fuera ¡Una verdadera dictadura tribunalicia! Suficiente para contaminar todas las instancias judiciales y conformar las nuevas tribus. El viejo avaro, para brindar su estrategia se aseguró de tener los diputados necesarios para evitar que una mayoría calificada cambiara su ajedrez jurídico. Logrado esto, negoció con AD, COPEI y el MAS las cuotas de magistrados incondicionales que garantizaran una mayoría llegado el momento necesario. Para el viejo zorro ese momento sería una vez que enriqueciera sus arcas personales y la de sus allegados con la mayor cantidad de dólares posible.
Justicia prohibida a los pobres: Pero ni siquiera la flagrancia puede con el “poderosos caballero es don dinero”. Al señor Melo, por ejemplo, lo atraparon con las manos en las armas. Pero no contaban con la astucia de sus mentores. Melo es todavía útil, moviliza pandilleros. Le pusieron como defensor al arrogante Bastidas, el mismo que cuadró los votos para que los militares golpistas quedaran “preñados de buenas intenciones” (han pasado 20 peses y no han parido –ni una elefante). A Bastidas por sus exorbitantes honorarios sólo lo reservan para los “grandes casos”
De inmediato implementaron la operación “toquecito”. La misma que utilizaron para que dieran casa por cárcel al “enfermo imaginario” Carlos Fernández y que de seguro estaría a la orden para lavar los delitos al terrorista Carlos Ortega si volviera a Venezuela a disfrutar de una cómoda clandestinidad en Oripoto. Mientras a los roba gallina, a los enfermos que consiguen con un cuarto de gramo de cocaína, comercializada por los capos bien protegidos en su dinero, son condenados hasta 14 y más años. Pero es que si esos ricachones no van al servicio militar ni pagan impuesto como los van a meter en chirona.
Si “Capriles y Melo somos todos” aquí no hubiera nadie en los calabozos. Los abogados y jueces comprados se encargarían de ello. El presunto tendría la posibilidad de escoger a que juez de control presentarse y a ser procesado en ausencia en la seguridad de una sentencia favorable. Pero como, a Dios gracias, “Capriles y Melo son los vivos de siempre”, seguirán los roba gallinas tras las rejas y los creyentes esperaran que Dios les cobre a los delincuentes de cuello blanco sus pecados, aunque en esa creencia están desde 1492. ¿Es que 500 años de espera no basta? Preguntaría Simón Bolívar.
En el caso de los flagrantes políticos que promovieron violencia en las calles del este de Caracas los chivos gordos salen en libertad, a los carnes de cañón --los cobraron 100 mil bolívares por quemar caucho-- los dejan un poco más para mantener sus publicitarios “presos políticos”. Los policías paramilitares son también liberados para que ahora bajo la rabia actúen cual perros de choque contra los enemigos de sus amos. Uno que otro ex general golpista es poco asistido para venderlo al mundo de las transnacionales televisivas como el símbolo de persecución política. Un pateador de mesas y bocón como Melo es más útil llevando cajas de firmas en la madrugada al CNE y dirigiendo viejos pavos en motos Harley Davidson.
Previsiblemente la impunidad se adueña del país. Los 72 campesinos muertos por los sicarios de los terratenientes duermen el sueño injusto de los ajusticiados por los que se burlan del sistema jurídico; igual lo hacen los que cayeron en Enero 2003 en los Próceres en la “Batalla Final” que organizaron los simpatizantes de Melo y Capriles. Centenares de trabajadores fueron despedidos de las empresas privadas en enero de 2003 y no han sido reenganchados.
El mal se torna más dañino en los niveles superiores: Las elites colocan como jueces y magistrados a sus “amigos” que por lo general tienen su buen precio. Así tribunales como la ex Corte Contencioso Administrativa, las Salas de Apelaciones (como la 4 del área metropolitana que liberó al flagrante Melo), la Sala Penal, Electoral y otros juzgados reciben órdenes y pagos para accionar en el momento que sea preciso. Es decir, si, por algún desliz, un juez de baja instancia intenta hacer justicia, los niveles superiores anularan su acción. Los fiscales del Ministerios Público serán mero espectadores si no bailan al son de esta justicia tuerta.
Magistrados del TSJ arremeten contra la democracia venezolana:
La orden para los 11 magistrados provenientes de las filas de AD, COPEI, MAS y Miquelinismo es hacer implotar al TSJ desde dentro. Para ello deberán tomar decisiones contra natura y derecho sin importar solicitud de inhibiciones ni mega concentraciones bolivarianas frente a las puertas del TSJ. El actual modelo de presión popular, así marche el 60% de los venezolanos frente a los tribunales, ya no los afecta –se inmunizaron como las cucarachas-. Sus medios se encargaran de asegurar que no eran más de 5 mil personas llevadas en autobús.
Parten de la interpretación antidemocrática de que el TSJ que se fabricaron a su imagen y semejante, es el máximo poder.
Por eso irrespetan a la Asamblea Nacional. Sacuden sus togas con el Poder Electoral cuando la Sala Accidental Electoral del TSJ, sin la molestia de revisar al menos una planilla de recolección de firmas con caligrafía similar resuelve que se deben validar. Sencillo, si los oposicionistas se presentan con un bojete de firmas y dicen que son 4 millones es suficiente para esa Sala. Para los jueces comprados no son necesarias las pruebas.
Con su amoral tarea, aceleradamente van causando el derrumbe del sistema. Toda locura puede esperarse de estos “magistrados a sueldos”.
La estrategia oposicionista:
Desde que Colin Powell, subjefe de la Coordinadora Oposicionista ordenó que reconocerían las instituciones y que el Presidente de la República Bolivariana era Chávez, los analistas más maliciosos percibimos que ese discurso se parecía mucho al que pronunció días antes del secuestro del Presidente de Haití (Aristide) por los marines.
Powell giro instrucciones a sus asalariados para que usaran la carta del poder judicial. La estrategia persigue hacer caer juego de naipes de las instituciones venezolanas. Para ello, con el manejo publicitario, resucitaron nuevamente al TSJ como poder supremo, mandando al diablo la separación, equilibrio y colaboración de poderes. Esto lo consiguieron cuando ante la irresponsabilidad de la fracción oposicionista en la AN, el TSJ se vio obligado a designar al CNE. La decisión fue aceptada por todos los bandos y avalada por los observadores internacionales. El TSJ habló. Los bolivarianos hasta se olvidaron de la nefasta decisión del 14 de agosto de 2002. El TSJ interpretó a las partes y emergía como
El segundo paso consistió en dividir al TSJ. De nuevo el CNE fue la excusa con el asunto de los “reparos”. Dos salas se pronunciaron, como estaba calculado, en sentido contrario. Nada importaba que la Constitucional fuese la vinculante. El conflicto era lo importante. Las empresas audiovisuales de inmediato rebotaron la noticia de un TSJ dividido. “Y si el supremo poder se dividió que puede esperarse del resto del país”. Ese sería el mensaje al mundo. La misión del TSJ de Miquelena es una: destruir la institucionalidad venezolana para provocar la ira del pueblo bolivariano al que inculparan de inmediato junto a su líder de acabar con la democracia. Nosotros no lo creemos, pero los lacayos de Bush en el seno de la OEA sí. Hasta el progresista Rubén Blades el de “palo al tiburón sin vacilación” se lo está creyendo. VTV no rebota en las cadenas televisas que miran en el extranjero.
Si logran la violencia generalizada, saldrá Powell y sentenciará que “se debe evitar un baño de sangre”. Ósea, un Haití.
¿Qué pasará? El papel del Bloque del Cambio
El poder judicial arrodillado ante intereses extranjeros y a las elites ha iniciado una carrera contra reloj. Si el Bloque del Cambio no aprueba la Ley del TSJ, los “magistrados a sueldos” continuaran sus calculadas torpezas jurídicas. Si el Bloque del Cambio, no consigue aprobar la ley del TSJ, los “magistrados a sueldo” podrían alcanzar su objetivo. Bloque de Cambio no ha conseguido una ofensiva contundente. No ha entrado en la carrera. Hasta ahora solo han denunciado lo que viene: “Anularan la decisión del CNE sobre las firmas planas”, “Liberaran a Capriles” “Soltaran a Melo”, “Anularan los cobros del SENIAT a las televisoras”, “tenemos una denuncia…”.
Pero en estas circunstancias, además de detectives, se necesitan legisladores que con cara dura aprueben las leyes que con urgencia necesita este proceso como la ley RESORTE y la del TSJ. Qué se mantengan en lobby permanente con todos los parlamentos en el mundo y consigan pronunciamientos públicos favorables hacia el gobierno venezolano.
Efecto Nicaragua, el efecto Salvado, efecto Haití,
Los nicaragüenses bombardeados por la propaganda nacional y transnacional aceptaron pacíficamente salir de una revolución que estaba revirtiendo positivamente el estado de cosas en Nicaragua. El FMLN, a un paso de arribar al poder en El Salvador, repentinamente se sentó a negociar de igual a igual (teniendo la mayoría popular) y se les instaló el neoliberalismo paramilitar. Los haitianos se desarmaron en 1994 y ahora ante la confusión y dolor parecen resignarse al secuestro de su legítimo Presidente. Todos prefirieron la paz de los sepulcros a la revolución. Allí están los lapidarios guarismos de la CEPAL sobre la mortalidad infantil y analfabetismo.
Esto no puede pasar en Venezuela. La estrategia oposicionista es el cansancio de las mayorías que creen en la Revolución Bolivariana. La guerra psicológica se intensifica. La desigualdad numérica en medios de comunicación bolivarianos con respecto a las empresas audiovisuales, es más alarmante mundialmente, inclusive en países amigos de América Latina; semanalmente editorializan y farsean la realidad venezolana. Por otra parte, se infiltran en las áreas consideradas más puras como CADIVI y la Universidad Bolivariana y ni hablar de los ministerios y empresas básicas. Cuánta falta hace falta la RED SUR DE TELEVISION cual necesario dar paso decidido a la contraloría social.
En la celebración de los dos años de la retoma del poder por el pueblo, en lo que ha sido el bautizo verdadero de la Revolución, es la hora de darle todo el poder al pueblo para que nadie intente ganarnos por abandono. (reibol@cantv.net)
6 Abril de 2004.
