Este martes 13 de abril, mientras en Venezuela se celebrara con un Encuentro de Solidaridad Internacional el segundo aniversario de la derrota del golpe de Estado fascista contra la Democracia, desde el bloque conservador del senado del Congreso colombiano se aprobaba enviar una comunicación al secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA) César Gaviria, para que el Consejo Permanente del organismo continental “aplique” la Carta Democrática en Venezuela.

Los objetivos de esta iniciativa, según reseña hoy el diario El Universal, son “evitar la instauración definitiva de una dictadura y la inmediata convocatoria del referendo”. (El subrayado es nuestro)

No tiene alcance jurídico:

La primera interrogante que surge al analizar esta iniciativa de un sector del Congreso colombiano (otro se opuso) es ¿por qué no la hizo el propio presidente Álvaro Uribe Vélez en nombre del gobierno -como corresponde según los mecanismos legales de la OEA-, sino una instancia legislativa?

El embajador de Venezuela ante la OEA Jorge Valero, aclaró que tal petición no tiene “ningún fundamento político ni jurídico”, puesto que “para que se active debe existir la petición formal por parte de un gobierno de los 34 países que forman parte de la OEA”.

El mismo senador colombiano que presentó la propuesta, Enrique Gómez Hurtado (ex director del diario El Siglo y uno de los críticos más frontales a las políticas de paz con la guerrilla), aclaró que en Colombia hay autonomía de poderes y que desde el Congreso se pueden hacer declaraciones políticas que no representan la posición del gobierno.

A esto se agrega que, en caso de que el gobierno colombiano asumiera presentar formalmente la petición, el Consejo Permanente de la OEA (conformado por el Representante Permanente de cada uno de los 34 estados miembros y presidido de abril a junio de 2004 por México), estaría obligado a hacer una apreciación colectiva de la situación antes de adoptar cualquier decisión, tal como lo señala el Artículo 20 de la misma Carta Democrática.

Si la petición del Congreso colombiano no tiene alcance jurídico vinculante para la OEA ¿para qué se hizo este movimiento?

Tal como lo señala El Universal, el verdadero objetivo es lograr mediante presiones externas lo que la “oposición democrática” venezolana no pudo conseguir por las vías legales: que el Poder Electoral venezolano convoque un Referéndum Revocatorio del mandato del actual Presidente de la República.

La propuesta es lanzada precisamente cuando el Consejo Nacional Electoral (CNE) decide los mecanismos para confirmar la validez legal de más de 800.000 firmas entregadas por la oposición, sobre las cuales pesan serias dudas sobre la identidad y voluntad del firmante. Si estos procesos de reparo llegaran a efectuarse, quizá se confirmaría que la oposición no recogió el número de firmas suficientes para convocar un referéndum revocatorio presidencial, y tendría que esperar hasta el 2006 las nuevas elecciones para optar por la vía democrática a acceder de nuevo al Gobierno nacional.

La mentira, único argumento:

De la reseña dada por los medios venezolanos a este caso, llama la atención que los argumentos presentados para respaldar la propuesta emanada del Senado colombiano, son únicamente las opiniones de su propio promotor (de las cuales no se pudo encontrar el texto completo en ningún medio colombiano en internet), y no provienen de un documento oficial que refleje las amplias, abiertas y plurales deliberaciones que se dieron en su seno, tal como corresponde a todo Congreso verdaderamente democrático y republicano.

Entre los argumentos que señala el senador Enrique Gómez Hurtado para justificar la aplicación de la Carta Democrática a Venezuela destacan:

· “Hugo Chávez viene obstaculizando el proceso del referendo revocatorio”: El proceso que lleva adelante el CNE –contando con la observación y facilitación de la OEA y el Centro Carter-, para verificar que la convocatoria de este novedoso instrumento democrático cumpla todos los requisitos legales establecidos en la Constitución venezolana y por el Poder Electoral, es interpretado por el colombiano Gómez Hurtado como "una voluntad de contradecir la expresión de las mayorías venezolanas; las instituciones están siendo degradadas (...) La clara e inmediata consecuencia de esa actitud equivale a un golpe de Estado al desconocer la Constitución y los derechos democráticos de los ciudadanos colocando al presidente Chávez en una dictadura de facto, donde a pesar de haber sido elegido democráticamente no cuenta con la legitimidad derivada del ejercicio del cargo".

En su análisis de la situación venezolana, el senador colombiano primero obvia toda la legalidad que en materia de referendos ha construido democrática y soberanamente un Poder tan autónomo y legítimo como cualquier Poder Público colombiano; en segundo lugar desvía la responsabilidad de lo que él considera “expresiones antidemocráticas” hacia el Presidente de la República (poder Ejecutivo); y por último, presenta sus temores sobre el futuro el carácter democrático del Gobierno venezolano, como hechos sobre los cuales deben decidir el resto de los gobiernos del continente.

· “Hugo Chávez apoya y soporta a la guerrilla subversiva en Colombia”: Este segundo argumento forma parte de una matriz de opinión que desde hace unos dos años han tratado de implantar medios de difusión masiva nacionales e internacionales. Además de no haber podido presentar hasta ahora pruebas sustantivas e irrebatibles, Gómez Hurtado, obvia todos los elementos políticos, sociales y económicos internos que históricamente han soportado la persistencia de la guerrilla en Colombia desde hace más de 40 años.

La campaña sistemática para (de)mostrar que el Proceso Bolivariano venezolano no es democrático y justificar cualquier salida de fuerza o extraconstitucional, tiene así un nuevo capítulo. La aplicación de la Carta Democrática, es sólo uno de las tantas coartadas para obligar esa salida y maquillarla de legalidad.
No conforme la intervención en los asuntos internos de Venezuela, el Senado colombiano invocando la Carta Democrática incurre en el agravante de ejercer presión para forzar por vías extralegales la realización de un Referéndum Revocatorio en Venezuela, una clara violación a la Institucionalidad Democrática.