Llama poderosamente la atención que un cuerpo deliberante, el Senado de la República de Colombia, vuelque sus “preocupaciones” por la suerte del pueblo venezolano en momentos en que la violación masiva de los derechos humanos del sufrido y heroico pueblo colombiano se intensifica de manera dramática.

Tal como ha sido denunciado por organizaciones cívicas de ese país y evidenciado en las innumerables condenas internacionales por violaciones a los derechos humanos, sería loable que el Senado colombiano, en cumplimiento de sus obligaciones constitucionales, se ocupara de algunos males que aquejan a su sociedad:

El sindicato de propietarios de medios de difusión masiva conocido como Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que usualmente se encarga de atacar al Gobierno Bolivariano y de encubrir las violaciones a los derechos a la libertad de expresión y a la información en otros países, hizo el 12 de noviembre del pasado año un alto en sus prácticas demagógicas para urgir al Estado colombiano a investigar el asesinato de una periodista para identificar y juzgar a los responsables del crimen (instigadores y ejecutores). Que la SIP se halla dignado a romper su silencio cómplice es sin duda alguna un indicador de la gravedad del asunto, considerando que más de 100 periodistas han sido asesinados/as en los últimos 15 años en Colombia y aun sus familiares están a la espera de respuestas.

Otra instancia internacional, la Organización Internacional del Trabajo, organismo adscrito de la ONU, advierte sobre los niveles de genocidio en Colombia en su informe según el cual 9 de cada 10 sindicalistas asesinados/as en el mundo ocurren en Colombia y son perpetrados por grupos paramilitares.

Así mismo, la práctica de la tortura en Colombia ha sido denunciada como una de las mas graves en el mundo por la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT).

A Venezuela penetran grupos irregulares que perturban la paz y la seguridad de la ciudadanía, algunos de los cuales están vinculados con los factores de poder tradicional en Colombia y que cuentan con sus representantes en el Senado de ese país (guerrilla, paramilitarismo, narcotráfico, delincuencia común, delincuencia organizada), los cuales incursionan en delitos y crímenes (asesinatos por encargo, secuestro, contrabando y otros muchos) y, adicionalmente, a través de la frontera penetran enfermedades infecto-contagiosas de carácter epidémico, las cuales son producto de la sistemática violación del derecho humano a la salud del pueblo colombiano. ¿Qué hace el Senado colombiano al respecto? Ahora resulta que un senador está “preocupado por el bienestar” del pueblo venezolano.

Si fuera cierta la “preocupación” por la Democracia venezolana ya el Senado colombiano habría solicitado reconsiderar el asilo político otorgado al dictador prófugo de la justicia venezolana, Pedro Carmona Estanga, quien después de haber atentado contra la institucionalidad democrática, sigue amparado en territorio colombiano con total impunidad.

Por otra parte, ¿podría pedir el Senado colombiano la intervención de la OEA en Colombia para que se respeten y se hagan cumplir algunos de estos derechos conculcados?:

El derecho de más de 10 millones de campesinos a la tierra, el derecho de los pueblos indígenas y afrodescendientes a sus hábitats ancestrales, el derecho de millones de obreros a organizarse sindicalmente sin que ello les cueste la vida, el derecho a la denuncia sin que ello se convierta en motivo de criminalización y persecución política, el derecho a la información imparcial y acceso a los medios por la población, el derecho a la seguridad y a la integridad física, psíquica y moral de las personas, el derecho a la educación y a la salud gratuitas y de calidad, el derecho a opinar responsablemente sin ser objeto de retaliaciones.

¿Impulsaría el Congreso colombiano un referendo para que el pueblo manifieste su voluntad respecto al Plan Colombia o a la manera como se está implementando? O quizá, ¿respecto al ingreso del país al ALCA en los términos en que se está planteando?, o tal vez, respecto a la aplicación de la reforma agraria, como está contemplado en la Constitución?

Una última acotación respecto a las obligaciones del Senado colombiano para con su pueblo sería investigar la denuncia (Venpres 15-04-04) del diputado del Congreso de ese país, Gustavo Petro, en la cual se esgrime que la resolución emitida por el Senado "no fue hecha para darle una validez real, sino para originar un acto de solidaridad con la oposición venezolana, pero violando nuestra Constitución y eso es una manera muy flaca de ayudar a un movimiento político como la oposición en Venezuela”.