Esta afirmación puede resultar descabellada para algunos o temeraria para otros, no obstante, la observación y el análisis de los acontecimientos que se revisan a continuación la respaldan.
Recorrido y métodos utilizados por los sectores oposicionistas para evitar el RR
Lo primero que es conveniente señalar es que la posibilidad de ir a un referendo revocatorio de cargos de elección popular quedó establecida en la Constitución Nacional aprobada mediante consulta electoral en diciembre de 1999. Sin embargo, los sectores oposicionistas al estar concientes que las cifras no los favorecían para participar en una contienda electoral, buscaron vías alternas para evitarla y que a la vez le permitieran obtener su cometido, salir de Chávez aparentemente, aún cuando “su” verdadero objetivo es terminar con el proceso de cambios que el presidente lideriza. Para ello inventaron todo tipo de excusas que, primero, justificaran no esperar el cumplimiento de los lapsos estipulados para activar la realización de ese instrumento electoral, y segundo, a la vez les permitiera el uso de otros métodos.
Para alcanzar “su” objetivo no dudaron en utilizar el:
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Golpe de Estado de Abril de 2002 (golpe militar) y el
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Paro patronal y sabotaje petrolero de diciembre 2002 y enero de 2003 (golpe económico).
Cabe destacar que la principal táctica utilizada para la activación de estos métodos violentos es “el asesinato planificado”. El golpe de Estado de Abril de 2002, fue justificado con asesinatos cometidos por francotiradores. El apoyo al sabotaje petrolero fue conseguido con los asesinatos de la Plaza Altamira el 6 de diciembre de 2002 (caso Gouveia).
Paralelamente al uso de esos métodos violentos recurrieron también la obstrucción legislativa para:
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Retrasar la aprobación de las leyes en general y
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De manera especial la Ley del Poder Electoral, condición establecida en la Constitución Nacional para activar los nuevos derechos políticos establecidos, entre ellos el Referéndum Revocatorio.
Mientras utilizaban el “asesinato planificado” y la obstrucción legislativa, ensayaban también otras fórmulas para activar esos derechos políticos “por la libre”, desconociendo las instituciones democráticas y organismos legalmente autorizados para ello. De ese modo realizaron:
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Recolección de firmas por una organización privada (Súmate), el 10 de octubre de 2002
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Entrega de estas firmas recolectadas con gran promoción publicitaria el 4 de noviembre a la saliente Junta Directiva del organismo Electoral, la cual no tenía atribuciones para determinar la realización de referendos. Usando a los medios masivos, exigieron un referendo consultivo, figura a la que inconstitucionalmente pretendían darle carácter revocatorio.
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Nuevamente y con la misma empresa privada, recolectan firmas el 2 de febrero de 2003, tratando de esconder la derrota sufrida en el sabotaje petrolero.
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Esas firmas fueron guardadas y entregadas en agosto de 2003, con el propósito de presionar la realización de un referendo revocatorio.
El rotundo fracaso tanto en la utilización de los métodos violentos como de las maniobras politiqueras de los sectores oposicionistas y, la firme negativa del Consejo Nacional Electoral ya en funciones para agosto del 2003, a aceptar las presiones, obliga a estos sectores a entrar en el carril democrático.
En la “búsqueda” del NO para esconder su debilidad
Al no poder eludir públicamente la responsabilidad de aceptar participar en los procesos establecidos para activar la realización de un referendo y no quedar mal ante sus seguidores y la opinión pública internacional, la fértil imaginación de los sectores oposicionistas, bien adiestrada y asesorada por los aparatos de inteligencia de los centros de poder, concibe -como puede concluirse a la luz de los hechos ocurridos-, una estrategia para enfrentar la recolección de firmas de noviembre de 2003: el fraude.
La vasta experiencia acumulada en cuarenta años de comicios electorales les facilita ampliamente esta práctica. La costumbre en la utilización de estos “recursos” lleva a uno de los cabecillas de los grupos oposicionistas, Enrique Mendoza, a reconocer públicamente el uso de “muertos” firmantes o los votantes dobles o triples y todas las demás artimañas ampliamente conocidas.
Cometer “fraude” tenía objetivos precisos:
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Disimular la gran debilidad de NO contar con apoyo popular mayoritario y
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Asegurar que el CNE dictaminará que no tenían las firmas suficientes para solicitar la realización del referendo revocatorio.
Un dictamen negativo del CNE abría la posibilidad del uso de la VIOLENCIA a los sectores oposicionistas. En ese marco se inscribe la fracasada “guarimba”: desordenes callejeros, terrorismo urbano activado desde 27 de febrero hasta el 5 de marzo de 2003. Estos sectores esperaban que estos desordenes se extendieran, al lograrlo demostrarían la “debilidad” del Gobierno Nacional, lo que les permitiría solicitar la aplicación de la gran carta que tenían bajo la manga, la CARTA DEMOCRÁTICA INTERAMERICANA, ese era el propósito oculto del “fraude”.
Una nueva opción: los reparos
La maniobra del “fraude” puesta en práctica por los sectores oposicionistas con el fin de lograr que el CNE dictaminara que no habían conseguido las firmas, se estrelló con la sabiduría política del máximo ente comicial. En lugar de rechazar de plano las firmas que ofrecían dudas, este organismo abrió una nueva posibilidad: los reparos. De ese modo podrían corregirse los errores cometidos.
Como nuevamente se abría la posibilidad de que quedara en evidencia su gran debilidad y carencia de apoyo mayoritario, los sectores oposicionistas recurrieron esta vez a dos recursos:
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Solicitud de fallos favorables de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, exigiendo la aceptación de las firmas “dudosas”.
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Traslado de paramilitares colombianos para introducirlos en los cuarteles con el propósito de sembrar la muerte y el caos en ellos, y así proclamar hacia el exterior que el Presidente ya no tenía el control de la Fuerza Armada. Esa situación también tenía como fin conseguir la aplicación de su “gran” carta, la CARTA DEMOCRÁTICA INTERAMERICANA.
Estos recursos utilizados para evadir los “reparos”, no fueron efectivos: El Tribunal Supremo Electoral invalidó los fallos de la Sala Electoral y la presencia de los “paramilitares” fue develada afortunadamente antes de que pudieran ocasionar muertes.
A estos métodos violentos, prácticas fraudulentas y maniobras politiqueras, se suma la gran labor de publicidad a favor de los sectores oposicionistas que cumplen la mayoría de los medios comerciales de difusión masiva. Son estos medios los que en determinados momentos asumen la dirección de algunas de estas acciones.
La participación de dichos medios queda claramente visible al observar:
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La estridencia y abundancia del doble discurso a favor de la democracia, la libertad y las dramáticas peticiones de elecciones, para esconder los métodos, prácticas y maniobras antidemocráticas utilizadas por el oposicionismo.
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La conducta oscilante ante el CNE, institución a la que juzgan como “imparcial y honesta” cuando falla a su favor, ó “servil y sojuzgada al Gobierno” cuando no está de acuerdo con sus posiciones.
Esta apretada síntesis del recorrido realizado por los sectores oposicionistas para terminar con el proceso de cambios que vive Venezuela, tiene el propósito de dejar suficientemente aclarado que:
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El oposicionismo al proceso de cambios llega a esta contienda electoral del referendo obligado, después de fracasar en el intento de utilizar otros métodos.
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La conducta sostenida por estos sectores despierta un cúmulo de interrogantes: ¿respetarán estos sectores las normas y resultados emanados del CNE?, ¿hasta cuándo le durará la “pose” democrática a estos sectores?, ¿qué harán para conseguir votantes, ahora que se ven enfrentados a la contienda electoral?
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Los acontecimientos observados demandan a los sectores verdaderamente democráticos estar alertas y vigilantes en todo momento.
El uso recurrente e indiscriminado de “recursos” violentos y antidemocráticos –con sacrificio de valiosas vidas humanas-, así como la diferencia numérica reflejada en los resultados de distintas contiendas electorales, permite afirmar que el oposicionismo no quiere el referendo revocatorio.
