Nacido a mediados de los 60. Su misión era favorecer a la clase trabajadora más desprotegida. Se convirtió en un bunker de Acción Democrática a través del férreo control burocrático ejercido por la CTV. Miles de estafados y muy pocos culpables.
El Banco de los Trabajadores de Venezuela, tristemente recordado por sus siglas BTV evidenció, una vez más, que la partidización de las instituciones del Estado, durante los gobiernos del pacto de Punto Fijo, consolidaron los peores vicios republicanos y extendieron patente de corzo a la campeante y siempre impune corrupción.
Pero los casos de corrupción irresolutos más importantes de nuestra historia, tienen su escenario durante los gobiernos de Luis Herrera Campins (COPEI: 1979-1984), Jaime Lusinchi (AD: 1984-1989) y Carlos Andrés Pérez (AD: 1989-1994) Dentro de este marco se encuentra el caso de El Banco de los Trabajadores de Venezuela (BTV).
Ahora bien, mucha agua habría de correr debajo de los puentes para que los venezolanos pudiésemos conocer las primeras puntas de un raíd que terminó enmarañando a dirigentes políticos, sindicales, empresarios y las más prominentes representantes del “barraganato” presidencial… el esplendor de aquel pacto suscrito por adecos y copeyanos en la quinta de Rafael Caldera, dejaba escuchar el estertor más próximo a la muerte.
El génesis de la historieta
El BTV, fue una entidad bancaria creada en el año de 1966, pero que no es sino hasta el período 1978-1982 cuando cobra dimensiones de escándalo. Para este período, el BTV se posiciona como la primera entidad bancaria oficial del país, pero, sin una estructura sólida, que permitiera procesar y manejar el crecimiento y confiabilidad que ofrecieron a sus ahorristas.
Según el decreto de creación del Banco, ésta entidad financiera tendía la misión de ser …un ente financiero que ayude a la clase trabajadora menos favorecida, a través del fomento de ahorros de los Trabajadores, de la construcción de viviendas para personas de bajos recursos, ayuda a la pequeña y mediana empresa, al cooperativismo, etc.
Es decir, el Estado Venezolano asume la responsabilidad de crear un organismo que apoye las crecientes luchas de la clase obrera, en pro de sus justas reivindicaciones económicas y sociales. Por ello es que el BTV estrecha sus relaciones con la Confederación de los Trabajadores de Venezuela (CTV).
No obstante esta “relación” deriva más bien en una especie de bunker que integran la CTV, el partido blanco y el BTV. La Fundación Polar, en una página web cuya dirección es: www.fpolar.org.ve/nosotros/educacional/instituc/sindicatos.html, puede comprobarse esta conexión: La creación del Banco de los Trabajadores (BTV), marcó un hito en la evolución de la CTV y consagró el control hegemónico asumido por Acción Democrática en esa central sindical. Dicho control llegó a tal punto que para 1982 la CTV poseía un 57% de las Acciones del banco.
A mediados de la década de los ochenta, el BTV tenía obligaciones que sobrepasaba su liquidez, se excedió en gastos publicitarios (incluso destacados venezolanos en las Grandes Ligas, fueron contratados para las campañas) lo que generó un aumento en el número de ahorristas y aumentó los ilícitos.
Luis Brito García, en un artículo titulado El matrimonio de Fedecámaras y la CTV escribe: “¿Y qué decir de la CTV? Durante medio siglo sus sindicaleros nunca elegidos por las bases desfalcaron entidades como el Banco de los Trabajadores de Venezuela y colaboraron con patronos y gobierno en vender huelgas mediante laudos arbitrales, en mantener el salario mínimo por debajo de la canasta básica, y en legitimar latrocinios”
Se despata la olla
Para 1982 el BTV es intervenido. Al frente de las investigaciones está el destacado economista Domingo Maza Zavala. Los informes preliminares señalan, como uno de los responsables de la severa crisis experimentada por el BTV, al director del ente Eleazar Pinto.
Según el Diccionario de la Corrupción en Venezuela “dentro de las irregularidades presentadas se destaca la concentración para el otorgamiento de los créditos hacia los 3 principales deudores (Gobierno, una empresa filial del banco y CORACREVI- CTV).
Luis Piñerúa Ordaz, famoso por creerse sin rabo de paja, parecía mantener siempre una cajita de fósforos en la mano, decidió enfilar baterías contra Eleazar Pinto e introdujo una denuncia ante el tribunal Décimo Segundo de primera instancia, por diversa irregularidades administrativas cometidas en el BTV durante su gestión.
Lo más curioso es que los verdaderos responsables de las calamidades más grandes causadas a los ahorristas y a la nación en general, apenas saldrían a luz pública en 1992.
Jueves 03/09/1992
La página 18 de Últimas Noticias colocaba en sus seis columnas: “Salvaguarda dictó auto de detención a ex presidentes de la CTV y el BTV”. Se hablaba de Antonio Ríos (dirigente adeco) y José Vicente Sánchez Piña, respectivamente a los cuales se acusaba de “presunta comisión de delitos de influencia” a propósito de una denuncia presentada esta vez por el ciudadano Ricardo Valbuena, ex gerente de Finanzas del BTV.
Unas dos semanas más tarde, la primera página de Últimas Noticias reseñaba la triste realidad de lo que era la justicia venezolana puntofijista: “El Libertad Ríos y Sánchez Piña por sometimiento a juicio”. Luego de ello sobre vendría una avalancha de pronunciamientos. Carlos Andrés Pérez defendió a Rios, en el congreso lo rechazaron, Caldera prometió pagarle a los ahorristas, los únicos que no figuraron en las páginas de los diarios fueron los estafados y mucho menos, la deuda al fisco nacional que se elevó a 31 millardos de bolívares sino hasta 1997.
El informe de la Organización Internacional de los Trabajadores (OIT), que se titula: Queja contra el gobierno de Venezuela presentada por la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL) en 1993, señala que “el dirigente sindical Antonio Ríos fue denunciado ante la Fiscalía General de la República por la Comisión Especial del Congreso de la República, a raíz de una denuncia de un gerente de finanzas y de créditos comerciales del Banco de los Trabajadores de Venezuela. La acusación de la Fiscalía se realizó por la presunta comisión por parte del diputado Antonio Ríos, de hechos punibles contra la cosa pública, en perjuicio del Banco de los Trabajadores de Venezuela”.
En 1991, siendo Ríos Diputado al Congreso venezolano fue acusado de peculado y tráfico de influencias. Como consecuencia de las acusaciones, la Corte Suprema de Justicia ordenó el allanamiento de la inmunidad parlamentaria del ex presidente cetevista, “con objeto de seguirle juicio ante la jurisdicción ordinaria de salvaguarda del patrimonio público”.
En el informe de la OIT queda sentada la injerencia de CarlosAndrés Pérez quién declaró, en medio de la turbulencia: “el Gobierno manifiesta que no considera que el Sr. Ríos haya cometido los delitos que se le imputan y que la acusación la realiza un fiscal que "por todo ve delito".
No obstante, los intentos del gobierno no constituyeron obstáculos para que siguieran los juicios y el 13 de octubre de 1992, la PTJ detuvo al Ex Presidente del BTV José Vicente Sánchez Piña que luego fue trasladado al Reten del Junquito para cumplir su sentencia junto a otros imputados. Antonio Ríos estaba en cama tras sufrir un “atentado” que el gobierno de CAP se empeñó en endosar al Movimiento Bolivariano liderado por el candidato Hugo Chávez.
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FUENTES:
www.fpolar.org.ve/nosotros/educacional/instituc/sindicatos.html
Capriles, Carlos (1990): “Diccionario de la Corrupción en Venezuela, Tomo III”. Consorcio de Ediciones Carriles. Caracas. Venezuela.
Venezuelaanalitica.com
www.oit.org.pe/sindi/casos/ven/ven15.html
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