De manera unilateral y sin contar con un acuerdo internacional de carácter jurídico que lo autorice, el Departamento de Estado de Estados Unidos pretende “evaluar” anualmente el estado mundial del terrorismo y el desempeño de los países en el combate a ese flagelo. En abril pasado, publicó su informe intitulado “Patrones Globales de Terrorismo”, en el cual calificó como “inconsistente” e “incoherente” la cooperación de Venezuela en la “lucha contra el terrorismo” durante el año 2003. Para arribar a tales conclusiones admitió haberse apoyado en "reportes de prensa no confirmados".

En el mencionado informe no se reconocen los esfuerzos jurídicos, políticos e institucionales de Venezuela en su lucha contra el terrorismo a escala mundial:

La adhesión y ratificación de diversos instrumentos legales y tratados internacionales en contra del terrorismo (alguno de los cuales aún no han sido ratificados por los propios Estados Unidos).

La extradición de ciudadanos solicitados por otros Estados.

La vigilancia de la frontera con Colombia, invirtiéndose cuantiosos recursos económicos propios para desplegar fuerzas militares y actualizar sus equipos para el control y la vigilancia fronteriza.

El combate el tráfico de armas, realizándose todos los esfuerzos para controlarlo, tomando en cuenta las dificultades propias de la realidad de una frontera de más de 2000 kilómetros.

En los mencionados informes tampoco se hace mención alguna a la lucha que en el ámbito interno libran el Gobierno y demás instancias del Poder Público junto al pueblo venezolano contra los frecuentes ataques terroristas perpetrados por grupos paramilitares colombianos en territorio venezolano, que han dejado un significativo saldo de ciudadanos/as venezolanos/as muertos/as durante enfrentamientos militares y/o ataques a comunidades indígenas y campesinas. Tampoco se mencionan los actos de terrorismo perpetrados por grupos oposicionistas financiados por Washington, dedicados a destruir la democracia y la paz en función de satisfacer sus intereses particulares.

Algunos de esos grupos oposicionistas hacen propaganda de guerra y llamados a la violencia a través de los medios comerciales de difusión masiva para intentar desconocer su derrota en el referendo popular realizado en agosto pasado, ello a pesar de que sus tutores en Washington han reconocido formalmente la legitimidad de los resultados electorales, reconocimiento que sin embargo, no ha implicado el cese del financiando a dichos grupos ni la condena de sus actividades en contra de la estabilidad de la institucionalidad democrática venezolana.

Algunas acciones terroristas cometidas por grupos oposicionistas en Venezuela:

Golpe de Estado de Abril de 2002, con un balance de decenas de personas muertas, producto de la acción de francotiradores, persecuciones, detenciones arbitrarias y torturas.

Asedio a la embajada cubana tras el golpe de Estado de 2002, con participación activa de terroristas cubanos, que se escudan en la ciudadanía venezolana para cometer tales actos.

Asalto y secuestro de buques petroleros y sabotaje a las instalaciones, maquinarias y equipos de la industria petrolera, que provocó derrames de combustibles y riesgos de explosiones (terrorismo ambiental) y sabotaje sistemático a la producción, distribución y venta de gasolina, gas doméstico, alimentos y medicinas durante el paro patronal-petrolero.

Ataques con bombas al consulado de Colombia, a la embajada de España y a la residencia del embajador de Argelia, durante el paro patronal-petrolero (2002-03).
Colocación de bombas en lugares públicos y atentado con explosivos en las inmediaciones del Palacio de Gobierno.

Organización de bandas paramilitares y de vicariato que cometen asesinatos selectivos y han intentado crear desórdenes públicos.

Promoción de desórdenes públicos (“guarimbas”) con saldo de muertes y cientos de millones de dólares en pérdidas materiales.

Llamados públicos a la insurrección cívico-militar y al magnicidio.
Campañas permanentes de terrorismo mediático contra la población civil, consistentes en bloqueo y tergiversación de informaciones, difusión sistemática de mentiras, instigación a delinquir y llamados a la violencia.

Persecución sistemática por sicarios-paramilitares de líderes/as políticos/as y sociales, incluyendo a casi un centenar de líderes campesinos y activistas de los derechos humanos en zonas rurales para tratar de impedir la aplicación de la Reforma Agraria, así como de dirigentes vinculados a los partidos que apoyan al Gobierno Nacional.

Junto a estas acciones cabe destacar que el oposicionismo obstaculiza las discusiones de una ley antiterrorista y trata de impedir su aprobación por la Asamblea Nacional, mediante tácticas dilatorias y campañas mediáticas contra el proyecto de ley. Buscan seguir disfrutando de la impunidad que han tenido hasta ahora tras cometer sus actos delictivos, criminales y terroristas.

La doble moral imperialista: No sólo Venezuela es víctima de ella.

El más reciente acto contradictorio e inmoral de la administración Bush respecto a su supuesta “lucha contra el terrorismo” ha sido el recibimiento en su territorio de un grupo de terroristas cubanos indultados por el anterior gobierno panameño -acto repudiado por la mayoría de los/as dignos/as ciudadanos/as de ese hermano país-, uno de los cuales, Posada Carriles, es un prófugo de la justicia venezolana tras haberse escapado de la prisión donde cumplía condena por la voladura de un avión de Cubana de Aviación en Barbados, que cobró la vida de 73 jóvenes deportistas cubanos/as.

Estados Unidos es visto por los terroristas venezolanos y cubano-venezolanos prófugos como un “santuario” o “guarida” al momento de huir de la justicia venezolana y, con frecuencia, éstos se benefician del asilo estadounidense y usan el territorio de la Florida para planificar sus ofensivas y buscar apoyo financiero y político. Washington emite un discurso condenatorio del terrorismo a la vez que promueve a grupos terroristas que han atentado contra el pueblo venezolano y otros pueblos hermanos (cubano, chileno, granadino, panameño, salvadoreño).

Mientras brinda cobijo al terrorismo cubano-venezolano, Washington intenta confundir intencionalmente el rechazo de Venezuela a las acciones militares unilaterales estadounidenses con una supuesta “inconsistencia” en la lucha contra el terrorismo.

Las frecuentes acusaciones emitidas o impulsadas desde Washington obedecen a la actual política internacional independiente de Venezuela, caracterizada por la responsabilidad y la solidaridad con todos los pueblos del mundo y el estricto respeto a la ley internacional. Al respecto, Venezuela fundamenta su política internacional en la promoción de la cooperación pacífica entre las naciones, el impulso y consolidación de la integración latinoamericana de acuerdo con el principio de no intervención y autodeterminación de los pueblos, la garantía universal e indivisible de los derechos humanos, la democratización de la sociedad internacional, el desarme nuclear, el equilibrio ecológico y el resguardo de los bienes jurídicos ambientales.

Partiendo de las mencionadas premisas, Venezuela condena las guerras y el armamentismo, las violaciones a la Soberanía de los pueblos y a sus derechos humanos y, el secuestro de los organismos internacionales por algunos Estados. La cooperación venezolana en la lucha contra el terrorismo se concreta en la aplicación de los instrumentos acordados por la comunidad internacional, es decir, dentro del marco del Derecho Internacional, y no en la obediencia servil a los dictámenes imperialistas para facilitar la ejecución de políticas y acciones unilaterales, sin legalidad ni legitimidad alguna.

Atrás quedaron los días en que algunos gobiernos venezolanos se involucraban en actividades terroristas bajo la égida de la Agencia Central de Inteligencia (CIA en inglés) en Centroamérica, entre otras el asesinato de religiosos jesuitas en El Salvador, contando con la colaboración de funcionarios de la embajada venezolana en ese país, durante el gobierno “socialcristiano” de Luis Herrera Campíns en Venezuela (1979-1984). Fue entonces política del gobierno venezolano la práctica del sub-imperialismo o colaboracionismo con el imperialismo estadounidense, para facilitar su política en el área centroamericana y caribeña, apoyando por vías extralegales (financiamiento e inteligencia) a los gobiernos “democristianos” en la región y, particularmente, a los gobiernos centroamericanos durante las guerras civiles de los años 80.