(11 de marzo de 2008).- San Felipe, Edo. Yaracuy. Funcionarios de la Guardia Nacional, presuntamente del Estado Lara, que ejercían funciones de seguridad de varios dirigentes políticos de oposición (escoltas), arremetieron contra un grupo de personas que manifestaban pacíficamente en la Plaza Bolívar y adyacencias del Consejo Legislativo del Estado Yaracuy (CLEY), lanzando bombas lacrimógenas y agrediendo a las personas. Alejandro Coronel, es uno de los lesionados, así como los niños de una escuela cercana que tuvo que suspender sus clases por las inhalaciones tóxicas producidas por los gases lacrimógenos lanzados por los GN.
Los denunciantes señalan que el motivo de esta manifestación, se debe a que un nutrido grupo de personas, trató de impedir la toma ilegal y arbitraria por parte de una camarilla contrarrevolucionara que ambiciona posesionarse de los cargos de la Presidencia, Vicepresidencia y Secretaría del Consejo Legislativo del Estado Yaracuy (CLEY) conformada por Julio León Heredia, perteneciente a la derecha endógena, y traidor del proceso revolucionario quien pactó con la oposición golpista representada por Francisco Ferrer, secretario general del partido opositor Un Nuevo Tiempo y José La Cruz Reyes, dirigente de Convergencia. Todo ello, con la finalidad de desplazar a Ángel Gutiérrez, actual y legítimo presidente del CLEY, inhabilitar al Contralor de la Gobernación, entre otras trampas, y en su desesperado e infame plan político para desplazar al Gobernador actual Carlos Jiménez y facilitarle el camino a la “Magistrada del NO”: Luisa Estela Morales.
De la misma manera, ayer lunes, un grupo de personas, pertenecientes a la ONG “Yumare Vive” y familiares de victimas desaparecidos y asesinados durante la gestión del ex gobernador Eduardo Lapi, hoy prófugo de la justicia, hicieron presencia en la UPEL, lugar donde se efectuó ayer la apertura del año judicial, a los fines de entregar una carta donde piden justicia por los casos de la Masacre de Yumare y por los desaparecidos y asesinados a manos de funcionarios de la Policía Regional de Yaracuy, utilizada como instrumento personal del ex gobernador Lapi, para exterminar a campesinos y obreros. Para sorpresa de las victimas, los funcionarios de la GN no les permitieron el paso, ni siquiera a una pequeña comisión que llevara la carta, sin embargo, si daban acceso a reconocidos oposicionistas y burócratas. Esta prohibición, generó una reacción ante el pueblo que se sintió acallado, que generó represión de parte de la GN.
Lo lamentable de esta situación, es que funcionarios de la Guardia Nacional arremetan y maltraten al pueblo, es por ello, que los afectados hacen un llamado muy especial al Ministro del Poder Popular para la Defensa, para que tome acciones y se corrijan las violaciones a derechos humanos de quienes han sido reprimidos y lesionados. La Guardia Nacional, tiene como esencia proteger y garantizar los derechos de todos los ciudadanos, mantener el orden y la paz y no utilizar la fuerza pública para arremeter contra el pueblo.
