27 de agosto de 2008.- Este martes, se realizó una rueda de prensa en la sede del canal metropolitano Ávila TV, en la cual participaron dirigentes de la etnia Yukpa y de la sociedad Homo Et Natura, así como de diferentes movimientos sociales y alternativos que fueron maltratados el pasado 22 de agosto por un grupo de efectivos de la Guardia Nacional cuando intentaron hacer llegar ayuda humanitaria a la comunidad de Chaktapa, en la Sierra del Perijá.

Dicha comunidad ha sido atacada en reiteradas ocasiones por hacendados de la zona luego de que ocuparan tierras que aseguran eran de su propiedad hasta hace 30 años, cuando fueron desalojados violentamente. El Presidente Hugo Chávez ordenó este domingo dar completo apoyo a los yukpas y realizar la demarcación de sus tierras.

Piden rechazo contundente del gobierno a actuación de hacendados

María de Los Ángeles Peña, funcionaria de Fundayacucho quien fue detenida junto a otras tres personas en los incidentes del 22 de agosto y quien está en estos momentos bajo régimen de presentación cada 45 días, indicó que la actitud de la ministra del Poder Popular para los Pueblos Indígenas, Nicia Maldonado, no ha sido contundente en condenar las agresiones por parte de los hacendados en contra de los indígenas, en cuyas refriegas falleció el anciano José Manuel Izarra, de 109 años, padre del cacique Sabino Romero.

Peña contó con crudeza los hechos ocurridos durante la golpiza que le costó la vida al señor Izarra: "Cuando ocurrió lo que ocurrió al papá de Sabino, le colocaron a los niños que estaban allí unas armas en la boca", dijo mientras hacía gestos con sus manos. "Estaban allí las hijas de Sabino, una de las mayores y una de las menores. Los sicarios las montaron en el carro junto con el ganadero Hernando Vargas, le quitan la camisa y empiezan a hacer burla de su anatomía como mujer. Todos esos elementos se han venido denunciando a las instancias, de manera contundente, y aquí no había pasado nada".

Opina Peña que si las medidas judiciales contra ella y los otros tres jóvenes (Kely Amundaray, Marilú Guillén y Tomás Becerra) surten efecto, se estarían criminalizando las luchas sociales y de solidaridad con los indígenas.

Indígenas no confían en militares zulianos y piden que los cambien

María Fernández, yukpa de la comunidad Paja Chiquita, pidió al Presidente Chávez que se envíe un resguardo a la Sierra de Perijá porque "no confiamos en los militares que están en el Estado Zulia. Mande un refuerzo adonde está la hacienda Titina, Uzare y Paja Chiquita, pero no a golpear a la comunidad ni a las mujeres embarazadas, ni a usar armas de guerras contra nosotros", dijo refiriéndose a los incidentes en los cuales soldados dispararon sus fusiles al aire cuando un grupo de indígenas yukpas acudieron el pasado 22 de agosto a un punto de control de la Guardia Nacional, donde no se quería permitir el paso a miembros de colectivos sociales.

Indicó que el cacique Sabino Izarra Romero está amenazado de muerte por los sicarios. "A esos sicarios queremos que los saquen de la Sierra del perijá, porque están en las haciendas como encargados". Temen por sus propias vidas. "Queremos que los ministerios que están en los gabinetes de Hugo Chávez Frías trabajen", afirmó.

Sabino Romero hijo, pidió que la demarcación de tierras debe terminar de realizarse de forma urgente, y que se paguen bienechurías a los territorios ya retomados por los indígenas.

Daisy González, cacique segunda en la comunidad de Guamo, reiteró las peticiones de Fernández y dijo que la ministra iba a sus comunidades y duraba sólo quince minutos allá sin darles información, razón por la cual vinieron a Caracas. Se alegró mucho de que el Presidente Chávez se haya dado cuenta de la verdad, y pidió a los yukpas que están en las montañas "que bajen a las comunidades para evitar que los niños se mueran allá arriba".

Supuesto interés en tierras para su explotación minera

Lusby Portillo, miembro de la Sociedad Homo Et Natura, denunció un presunto interés por parte de algunas personas de Corpozulia en las tierras que los yukpas han retomado, acusando directamente al director de dicho ente, el general Carlos Martínez Mendoza. "Toda la sierra del Perijá está entregada por el Estado venezolano a Corpozulia para explotar carbón, fosfato, barita, bentonita, tungsteno, circonio, varios minerales. Y otra parte entregada a transnacionales del carbón norteamericanas como Angloamerican, Carbones del Perijá". Asegura que las tierras que están siendo peleadas por los yukpas "están siendo dadas en concesiones para explotar 28 mil hectáreas de fosfato. (...) Ya Corpozulia debe estar firmando para la explotación de ese fosfato".

Portillo afirma que el director del Instituto Nacional de Tierras del Zulia, general Carlos Calcet, no obedece a Juan Carlos Loyo, director del Inti a nivel nacional, sino a Martínez Mendoza.