28 de noviembre 2008. - Autoridades bolivianas detuvieron a seis dirigentes cívicos del departamento de Tarija (sur), fronterizo con Argentina, por su presunta implicación en el atentado contra un gasoducto que suministra de gas a Brasil, informó este viernes el Gobierno.
Entre los detenidos en la tarde de este jueves en la ciudad oriental de Santa Cruz, se encuentra el presidente del Comité Cívico de Tarija, Reynaldo Bayard, quien es imputado por participar en el atentado del gasoducto en la localidad tarijeña de Villamontes que ocasionó la reducción de la exportación de gas natural hacia el país sudamericano.
Los seis detenidos fueron trasladados en la mañana de este viernes a la ciudad de La Paz, indicó en rueda de prensa el ministro de Gobierno, Alfredo Rada, donde serán juzgados por su implicación en los "atentados terroristas en el Chaco" boliviano.
El atentado de Villamontes se produjo el pasado mes de septiembre, cuando una masacre perpetrada en el departamento de Pando dejó un saldo de 18 campesinos muertos y más de 70 heridos.
Rada, también mencionó que ya se encuentra un ciudadano detenido desde hace algunos meses, el cual es sindicado deser el "autor material del atentado", al tiempo que agregó: "se cree que hay más implicados en el suceso".
"Ningún ciudadano va a gozar de impunidad", advirtió el ministro.
En este sentido, instó al presidente del Comité Cívico cruceño y uno de los principales opositores al Gobierno de Evo Morales, Branco Marinkovic, a que "no huya del país, rinda cuentas ante la justicia" y a "preparar su defensa legal".
"Le instamos a no huir del país", dijo Rada al señalar que el presidente cívico cruceño está preparando un viaje a Estados Unidos, por lo que le solicitó a la nación norteamericana que no le dé asilo político.
Según el ministro, uno de los imputados, el dirigente cívico tarijeño de la provincia O'Connor, Domingo Moreno, vinculó a los atentados contra gasoductos al cívico cruceño y además, dijo, hay datos en las investigaciones que podrían corroborar esa relación.
Por su parte, el prefecto de Santa Cruz, Rubén Costas, pidió en declaraciones al diario La Razón, pruebas de las acusaciones planteadas.
Según Costas, "el Gobierno quiere empañar la imagen del Comité Cívico" porque denuncia que la Constitución que se someterá a referendo el próximo 25 de enero "obliga a los departamentos a entregar todos sus recursos (...) para que sean manejados por políticos centralistas desde La Paz".
Detalles de investigación
El ministro de Gobierno dijo que a partir del material recolectado, del trabajo que realizan los organismos de seguridad del Estado, consideran que en una reunión de cívicos y de prefectos se planificó toda la estrategia para el golpe de estado prefectural.
"En estas reuniones es que se definió las tomas de instituciones, en esa reunión es que se definió la violencia, los atentados", agregó.
Asimismo, resaltó que las investigaciones continúan, por lo que habrá más pasos procesales, fiscales, judiciales y policiales.
"Las investigaciones indican que hay vinculaciones, que hay participación y resultado de eso es que el Ministerio de Gobierno ha ampliado la querella, ahora es el señor Domingo Moreno y también el señor Branco Marinkovic", aseveró.
Por lo tanto, dijo, que el presidente del Comité cívico pro Santa Cruz tiene que empezar su defensa legal en este proceso.
"Que no trate de hacer discursos político, aquí estamos hablando de figuras penales", insistió Rada.
