27 de enero de 2009.- La Red de Apoyo por la Justicia y la Paz hace del conocimiento de la comunidad nacional e internacional un nuevo ataque contra las comunidades indígenas Yukpa que habitan en la Sierra de Perijá, exhortando a que las instituciones del Estado Venezolano, especialmente el Ministerio Público y el Ministerio de Defensa, actúen con celeridad para detener estas acciones atentatorias contra los derechos humanos de estas poblaciones.
Según información proveniente de la zona, 40 efectivos del Ejército, pertenecientes a la Primera División de Infantería - 12 Brigada de Caribes, asentada en el Fuerte Macoa (Machiques) a cargo de los capitanes de apellidos Flores y Ramírez, tomaron militarmente a las 8 de la mañana el día lunes 19 de enero de 2009 la comunidad Yukpa Chaktapa, apuntando con sus armas reglamentarias al Cacique Sabino Romero Izarra y a su familia, acusándolos de inmediato de estar involucrados con “grupos guerrilleros colombianos” que operan en la Sierra de Perijá. La agresividad de los soldados dirigidos por el capitán Flores que entraron a la comunidad Chaktapa y los otros dirigidos por Ramírez que entraron en camiones convoy por la Cuesta del Padre, fue controlada cuando se percataron del uso de las cámaras de video que manejaban los jóvenes de la comunidad, haciendo referencia que dichas cámaras era la labor de los periodistas que visitaban la comunidad.
Los militares revisaron sus ranchos de palma llevándose la cédula de identidad de Sabino Romero Martínez y cosas personales. La nueva toma militar “express” duró aproximadamente cuatro horas, afirmando que dicha operación respondía a órdenes del General Gerardo José Izquierdo Torres, militar implicado en la violación de los derechos humanos a indígenas, periodistas y activistas sociales durante los acontecimientos represivos del viernes 22 de agosto de 2008 en la Cuesta del Padre, punto de entrada a las comunidades Yukpa del Yaza en la carretera vía el Tokuko (*). Estas violaciones de derechos humanos con repercusión nacional e internacional se ventilan hoy en la Fiscalía 45 del Ministerio Público en la ciudad de Maracaibo.
Al día siguiente, el martes 20 de enero, a eso de las doce de la noche dos efectivos de la Guardia Nacional -del Comando 36 de Machiques a cargo del Capitán Bastidas- en dos motos y otros tantos en un rustico marca Toyota con emblemas de la institución interceptaron en el portón al llegar a su casa en la ciudad de Machiques a Orlando Medina, activista de derechos humanos, ecologista, realizador de videos y estudiante de Gestión Ambiental de la Universidad Bolivariana de Venezuela (UBV), a quien en actitud amenazante le dijeron que dejara de subir a la Sierra de Perijá, y sin pronunciar más palabra de inmediato se retiraron del frente de su casa.
Bajo el silencio cómplice del Instituto Nacional de Tierras (INTI) y del Ministerio del Ambiente a través de la Comisión Nacional de Demarcación del Hábitat y Tierras de los Pueblos y Comunidades Indígenas, hoy la nueva estrategia represiva militar encabezada por los generales Izquierdo, Bastidas y ganaderos del Yaza, es acusar y privar de libertad a los líderes Yukpa, criminalizar a los defensores de los derechos humanos, ecologistas y comunicadores de los medios comunitarios acusándolos de “guerrilleros”, para así estigmatizar la lucha y obligar a los lideres Yukpa a entregar las tierras recuperadas. Los funcionarios y funcionarias con responsabilidades en materia de ambiente, tierra y pueblos indígenas siguen sin entender que sus retrasos en la toma de decisiones coloca en riesgo la vida e integridad física de cada indígena que vive en las comunidades de la Sierra de Perijá, lo cual constituye además un incumplimiento de las instrucciones que mismo Presidente de la República ha dado públicamente.
La Red de Apoyo solicita al Presidente de la República y Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Bolivariana, ciudadano Hugo Chávez Frías, ordene el cese de las agresiones militares contra las comunidades indígenas Yukpa que habitan la Cuenca del Río Yaza, la rotación del personal militar del Fuerte Macoa que bajo instrucciones del General Gerardo José Izquierdo Torres continua reiteradamente actuando de forma arbitraria contra los indígenas Yukpa, así como la sanción de esos funcionarios y la protección de las comunidades que siguen bajo la amenaza de sicarios pagados por los ganaderos. Es claro que se requiere implementar en la zona una estrategia de seguridad que surja de un proceso de coordinación con las personas y comunidades afectadas a la vez que dar celeridad a la comisión de demarcación para que se devuelvan las tierras a las comunidades y se paguen las bienhechurías a los campesinos o hacendados que las están usurpando desde décadas.
La Red de Apoyo se solidariza con las víctimas de esta nueva persecución militar en la frontera venezolana y exige una investigación inmediata e imparcial para determinar responsabilidades en estos actos intimidatorios contra población indígena y defensores de derechos humanos.
(*) Estos acontecimientos represivos violadores de los derechos humanos, ocurridos el 22 de agosto del año pasado, por militares bajo las órdenes del General Izquierdo Torres, se produjeron después de la recuperación de haciendas por parte de las comunidades Yukpa de los ríos Yaza y Negro, que anteriormente pertenecían a sus parientes, entre enero y agosto del año de 2008. Una semana antes ocurrió otra agresión contra ciudadanos y ciudadanas ambientalistas y periodistas de medios comunitarios cuando un grupo de efectivos del Ejército trataron de llevárselos detenidos al Fuerte Macoa por orden del mismo General Izquierdo Torres, en la misma buseta en donde se trasladaban a la ciudad de Maracaibo.
Acerca de la Red de Apoyo Por la Justicia y la Paz:
La Red de Apoyo por la Justicia y la Paz es una organización no gubernamental, sin fines de lucro, que promueve y defiende los derechos humanos en Venezuela desde 1985. Con una perspectiva Inter. y multidisciplinaria, la Red de Apoyo: 1. Denuncia jurídica y comunitariamente los casos de violación del derecho a la vida, integridad personal, libertad y seguridad personal e inviolabilidad del hogar. 2. Atiende médica, psicológica y sociopedagógicamente a las víctimas de tortura y a familiares de víctimas de abusos policiales o militares. 3. Promueve políticas públicas en materia de derechos humanos. 4. Realiza actividades de promoción y difusión, y general procesos de educación en derechos humanos.
Telefax: 574 19 49 / 574 80 05