La Paz, 31 de enero. El presidente boliviano Evo Morales, destituyó hoy al presidente interino de la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Santos Ramírez –quien se vio envuelto esta semana en un escándalo de presunta corrupción desatado por el robo y asesinato de un empresario petrolero–, y en su lugar designó al hasta este sábado ministro de Planeación, Carlos Villegas.

Después de dicho nombramiento, Morales calificó de “muy lamentable lo que está pasando en YPFB” y afirmó que su gobierno lidera la lucha contra la corrupción en el país, además de que le encargó al nuevo directivo de la paraestal una auditoría económica, financiera y legal sobre todos los contratos y los recursos económicos de la empresa.

El mandatario subrayó: “no podemos perdonar personas que estén desviando los recursos económicos”, algo que “debe ser sancionado caiga quien caiga”.

Apuntó, sin embargo, que SanRamírez –quien ha sido un allegado suyo en el liderazgo del Movimiento al Socialismo (MAS) y fungió como presidente del Senado en 2006– “tiene derecho a defenderse de las acusaciones”.

Conminó a fiscales y congresistas que investigan el caso de posible corrupción acelerar sus trabajos, y ofreció impulsar desde el palacio presidencial “una investigación profunda” de los hechos.

El pasado martes 27, el empresario Jorge O’Connor, quien era gerente de Catler Uniservice, una empresa que se ha aseverado era “fantasma”, fue asesinado por un grupo de delincuentes para robarle 450 mil dólares que iba a entregar en un domicilio que resultó ser de un cuñado de Ramírez.

Según medios de comunicación, entre quienes acompañaban a O’Connor estaban Franklin Gonzalo Aramayo Doria Medina y Javier René Navia Doria Medina. Ambos son primos hermanos y el segundo es, además, hermano de Jiovana Cristina Navia Doria Medina, diputada suplente del MAS y esposa del ex presidente interino de YPFB, Santos Ramírez.

Catler Uniservice firmó, en julio pasado, un contrato con YPFB para la construcción de una planta separadora de gas en el este de Bolivia por un monto total de 86 millones de dólares, contrato que sería “un fraude” a dicha empresa, según denuncias en los medios de comunicación.

Cinco días antes del crimen, la empresa habría recibido de YPFB 4.5 millones de dólares, según el contrato signado, de los cuales 10 por ciento sería entregado en calidad de soborno por la adjudicación del millonario contrato.

Ayer, Santos Ramírez negó categóricamente esas denuncias y defendió la legalidad de la adjudicación del contrato a la empresa Catler Uniservice.

Se menciona como presuntos autores intelectuales del asesinato y el robo a los hermanos Fernando y Ernesto Córdova, el primero estrecho colaborador del empresario asesinado.

Ernesto Córdova y otros tres implicados, entre ellos una mujer, fueron remitidos ayer a la cárcel de San Pedro, en esta ciudad.

La audiencia de medidas cautelares de Fernando Córdova, quien está sindicado como uno de los autores intelectuales del crimen y supuestamente habría sido secuestrado y golpeado el pasado miércoles, se llevó a cabo esta tarde en el Hospital de la Policía, donde está en calidad de detenido.

En sus declaraciones, Córdova indicó –según medios de prensa locales– que solamente el fallecido O’Connor sabía a quién iba a entregarle los 450 mil dólares que le fueron robados. El juez de la causa determinó que Córdova deberá ser encarcelado también en el penal de San Pedro.

En su discurso en el acto de posesión de Villegas, realizado en el Palacio Quemado, sede de gobierno, Morales pidió a la viceministra de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, Nardi Suxo, esclarecer los hechos.

Mencionó que le haría llegar a Villegas una lista de 10 funcionarios que habrían cometido actos irregulares en la empresa, para que “de inmediato sean alejados y para que se investigue”.

Villegas “tiene que mejorar la inversión, exploración y explotación, los programas deben ser acelerados para que se siga mejorando la economía del pueblo boliviano, agregó Morales.

Por su parte, el nuevo presidente interino de YPFB se comprometió declaraciones a la prensa transparentar la administración de la paraestatal petrolera, encargada de las exportaciones de gas a Argentina y Brasil, y garantizó su continuidad operativa.

Ofreció que desde el lunes próximo los medios de comunicación, los fiscales asignados al caso y la comisión especial del Senado tendrán las puertas abiertas en la empresa para hacer las investigaciones que requieran.

Respecto de si conocía el contrato con Catler Uniservice, Villegas respondió que el año pasado, cuando era ministro de Hidrocarburos, lo conoció en un viaje a Río Grande –donde deberá instalarse la planta separadora de líquidos– con el presidente Evo Morales, “pero no sabía mayores detalles de ese contrato”, afirmó