12 de mayo 2009. - El Gobierno de Perú, a través de su ministro de Relaciones Exteriores, José García Belaúnde, confirmó este martes el otorgamiento de asilo político a otros dos ex ministros bolivianos, pertenecientes al gabinete del ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, requeridos por la justicia de Bolivia por delitos de lesa humanidad.
Se trata de los ex titulares bolivianos de Participación Popular, Mirtha Quevedo, y de Salud, Javier Torres Goitía, incluidos en un proceso judicial en su país junto a Sánchez de Lozada, quien también se encuentra prófugo.
El asilo se otorga después de que la semana pasada el Gobierno peruano extendió el mismo beneficio al ex ministro boliviano de Hacienda, Jorge Torres Obleas, quien además del delito de genocidio, es acusado de huir de Bolivia con una alta suma de dinero, sustraída del despacho ministerial que estaba a su cargo.
Ante el anuncio del Gobierno peruano, el embajador boliviano en Venezuela, Jorge Alvarado, declaró al canal de noticias Telesur que las autoridades peruanas están incurriendo en un error al otorgarle el asilo político a los ex funcionarios de la administración de Sánchez de Lozada.
Asimismo, recordó que los tres ex funcionarios recurrieron a Perú cuando faltan pocos días para el inicio del juicio público, previsto para el próximo 18 de mayo, en el que serán procesados por el cargo que se les imputa.
'Están cometiendo un error al otorgar asilo a delincuentes que son prófugos de la justicia boliviana', sostuvo Alvarado.
Al mismo tiempo, resaltó que los ex funcionarios bolivianos no son perseguidos políticos en su país, por lo cual la figura de asilo político no les corresponde.
'Estos tres ex ministros no son perseguidos políticos sino prófugos de la justicia boliviana, por lo que no les corresponde el beneficio de asilo político', sentenció.
Quevedo, Torres Goitía y Torres Obleas fueron incluidos en un juicio de responsabilidades contra Sánchez de Lozada por la muerte de 63 personas, durante la represión contra protestas antigubernamentales en la ciudad de El Alto, departamento boliviano de La Paz, en el año 2003.
Este martes la Fiscalía General de Bolivia presentó más de 4 mil 900 pruebas para sustentar la acusación por genocidio contra el ex mandatario y varios de sus ministros en el juicio de responsabilidades que se iniciará el 18 de mayo próximo.
