“Esta huelga es sólo una acción más en el proceso de reconstrucción del pueblo mapuche, razón por la cual ellos deben estar vivos”.

7 de octubre de 2010.- Con estas palabras, Natividad Llanquileo, vocera de los presos políticos mapuche en huelga de hambre en la sureña ciudad de Concepción, región del Bío-Bío, anunció el 1 de octubre el fin de la medida de fuerza que mantuvieron por 82 días los comuneros de las cárceles de Concepción, Lebu (Bío-Bío) y Valdivia (Región de Los Ríos).

La presión ejercida por parte de los huelguistas, junto a la solidaridad nacional e internacional, logró generar uno de los avances más grandes en la visibilización del conflicto entre el pueblo mapuche y el Estado de Chile, que mantiene a decenas de mapuche presos condenados por supuestos actos de terrorismo.

El acuerdo firmado entre el gobierno y los voceros de los 24 presos de Concepción, Lebu y Valdivia, de un total de 38, apunta a reformas en la Ley Antiterrorista —que data de la dictadura militar— y las normas sobre enjuiciamiento de civiles por parte de tribunales militares, respondiendo a los principios establecidos en el Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

“En consecuencia con estas reformas legales en curso, el gobierno considera que lo que en derecho corresponde es no perseverar en la querella terrorista presentada en su oportunidad bajo la presidencia de doña Michelle Bachelet [2006-2010]. Ello, por cuanto bajo este nuevo marco normativo promovido, el gobierno no tiene convicción que los hechos por los cuales se ha imputado a los denominados ‘comuneros mapuche’ puedan seguir siendo calificados como conductas terroristas”, dice el acuerdo.

Así, el compromiso del gobierno es de desistir de todas las querellas por delitos terroristas para ser replanteadas bajo las normas del derecho penal común, además de impulsar en el Congreso reformas al Código de Justicia Militar para que los civiles sean juzgados por los tribunales ordinarios, evitando así un doble juzgamiento.

La protesta de los presos políticos se inició el 12 de julio exigiendo el fin de la aplicación de la Ley Antiterrorista en el conflicto social mapuche, que permite el doble enjuiciamiento en la justicia civil y militar y el uso de testigos sin rostro en las causas, entre otros puntos. Los mapuche fueron acusados —en la mayoría de los casos— de actividades terroristas por incendiar instalaciones agrícolas de propiedad privada que reclamaban como su territorio ancestral.

Fungieron de mediadores en este proceso Mons. Ricardo Ezzati, arzobispo de Concepción, el abogado de los comuneros Adolfo Montiel, la vocera Natividad Llanquileo; Pamela Pezoa, pareja de Héctor Llaitul, comunero preso en la cárcel de Concepción, y el subsecretario de la Secretaría General de la Presidencia, Claudio Alvarado.

Huelga continúa en Angol
A pesar del acuerdo establecido con los comuneros detenidos en las cárceles de Concepción, Lebu y Valdivia, 14 presos mapuche recluidos en las cárceles de Angol, Temuco y Chol Chol e internados en el hospital de Victoria —Región de la Araucania— continúan con la huelga de hambre.

En un comunicado publicado el 3 de octubre, los huelguistas de Angol señalaron que “las reformas propuestas por el gobierno [del presidente Sebastián Piñera] siguen atentando contra derechos humanos fundamentales, entre ellos, el debido proceso, el derecho a la intimidad, el derecho de defensa”.

Sobre la Ley Antiterrorista, los huelguistas indicaron que las modificaciones planteadas “tienden a perfeccionar su aplicación y no hay garantías de que no se vuelva a aplicar a la protesta social mapuche”, tal como lo ha recomendado James Anaya, relator especial de las Naciones Unidas para la Situación de los Derechos y Libertades Fundamentales de los Pueblos Indígenas.

“El retiro de las querellas por parte del Ejecutivo no cambia en nada la actual situación procesal de los huelguistas”, señalan en su comunicado los prisioneros políticos mapuche de la cárcel de Angol.

Los comuneros de Angol han hecho un llamado a continuar con la movilización, declarándose “decididos a mantener nuestra huelga de hambre, hasta las últimas consecuencias, hasta que el Estado dé solución a los puntos planteados al inicio de la movilización. Hacemos un llamado amplio a organizaciones y comunidades mapuche, como también a los organismos internacionales, a seguir apoyando la huelga de hambre”.

Entre los puntos planteados al comienzo de la movilización están —además de terminar con la Ley Antiterrorista y su aplicación en causas mapuche— el fin al doble procesamiento civil y militar en procesos judiciales de mapuche, la libertad a todos sus presos políticos y la desmilitarización de las comunidades y de su territorio.

La Ley Antiterrorista
La aplicación de esta ley, la 18.314, promulgada en 1984, determina conductas terroristas y fija su penalidad para perseguir y reprimir hechos presuntamente delictivos.

“En la ley común se puede estar procesado pero libre con alguna medida que no te permite abandonar el país, pero con la Ley Antiterrorista, sólo por sospecha te condenan en la cárcel con procesos muy largos. Entonces, sin ser juzgada, una persona está presa sólo por el hecho de estar procesada, habiendo jóvenes a los que se les aplica la ley y arriesgan condenas hasta por 110 años”, señala Domingo Marileo, presidente de la Asamblea de Mapuche de Izquierda.

“La Ley Antiterrorista del Estado de Chile es la reserva de las oligarquías y poderes fácticos de este país que funciona como un resguardo de sus grandes intereses económicos, por lo que viene a cuidar a las grandes transnacionales”, explica Marileo. “En el sur, como se ha puesto en peligro el proceso de despliegue de las grandes transnacionales, se ha comenzado a aplicar la Ley Antiterrorista contra los mapuche y esto se expresa en que a un imputado, por apenas una sospecha, lo pueden encarcelar sin derecho a tener medidas cautelares en libertad o fuera de presión”.

Con el acuerdo se espera que se ponga fin a la aplicación de la Ley Antiterrorista para los presos mapuche, proceso que avanzó a fines de setiembre cuando el Congreso inició una discusión sobre dicha norma. Por ello se espera que la ley se modifique, a través de un artículo transitorio, estableciendo que los comuneros de la VII y XIX regiones sean juzgados de acuerdo con la ley común para los casos comprendidos en el periodo 2005-2010, los cuales no serán considerados como delitos terroristas.

Mientras se mantuvo la huelga, el apoyo y la solidaridad fueron permanentes.

“El apoyo fue bueno y lo mejor es que se tomó conciencia, la gente ahora entiende, hay más claridad política y se ha comprendido el conflicto”, explica Alejandra, comunera mapuche que acompañó a los presos mapuche de Concepción y quien pidió mantener su apellido en reserva.
La respuesta de la gente en diversas regiones de Chile y a nivel internacional se hizo sentir y se expresó cada miércoles, día que se estableció como jornada permanente de movilización.

En Santiago, Concepción y Temuco se llevaron a cabo movilizaciones masivas durante los casi tres meses que duró la huelga. “La marcha es la expresión de lo que la gente siente, es una herramienta para visibilizar el valor y compromiso que la gente tiene”, indicó Alejandra, quien explicaba que el sacrificio de los comuneros ha valido la pena al instalar el tema de vulnerabilidad de derechos que viven los indígenas en Chile y romper con el círculo de silencio que durante muchos años hubo en torno al conflicto.

Pero aún queda por resolver la situación de los 14 presos que siguen en huelga de hambre en Angol. Por lo pronto, Mons. Ezzati ha hecho un llamado a continuar con el diálogo.