Según denuncia de la Confederación Internacional Sindical (CIS) a la 100 conferencia de la OIT, América Latina es la zona más peligrosa del mundo para los sindicalistas y la peor situación se vive en Colombia, con la gravedad de que los responsables de las violaciones a los derechos de éstos, gozan de impunidad en muchos casos.
Según datos del CIS, 49 activistas fueron asesinados en Colombia en 2010, lo que representa el 55 por ciento de los sindicalistas muertos en todo el mundo por desempeñar esta función. "Colombia es el país más peligroso del mundo para los sindicalistas", de acuerdo con el informe que la entidad sindical entregó a la 100 Conferencia Internacional del Trabajo que se celebró en Ginebra. Para la confederación, las nuevas leyes para reforzar la protección frente a la discriminación sindical y evitar injerencias en los asuntos de las centrales obreras no han dado los resultados esperados. La impunidad de la que gozan los autores materiales e intelectuales de esas violaciones ha provocado que la persecución de los representantes sindicales "sea sistemática". A pesar de este informe y denuncia de la CIS, Colombia fue sacada de los 25 países que más violan los derechos humanos, para lo cual contribuyeron no sólo la incidencia de los empresarios y gobiernos sino también el “dirigente sindical” JULIO ROBERTO GÓMEZ de la Confederación General de Trabajadores de Colombia, donde además la confederación de trabajadores a la cual pertenece y por su influencia en ésta, firma una acuerdo laboral con Juan Manuel Santos e incide para que la Confederación de Pensionados de Colombia CPC también lo firme confirmándose una traición a los trabajadores que dice representar. Este comportamiento de este seudo dirigente de los trabajadores es recompensado por el gobierno con un cargo en la OIT que era lo que pretendía. En el acuerdo laboral firmado por estas dos confederaciones hay unos compromisos del gobierno que son pura demagogia dentro de los cuales se incluye lo relacionado con violencia, impunidad y violación de los derechos humanos de los sindicalistas, contendidos estos en las recomendaciones de la Misión de Alto Nivel de la OIT. Lo que viene sucediendo en el país, en relación con la violación de derechos humanos y la falta de garantías para ejercer la actividad sindical y la oposición al gobierno y al régimen es una demostración que el acuerdo realizado entre el gobierno de Juan Manuel Santos, y estas confederaciones en cumplimiento de la agenda OBAMA – SANTOS es demagógico.
La estigmatización contra las organizaciones Sindicales y sus miembros, por parte de altos funcionarios, se convirtió en práctica común contra la legitimidad de estas, con el agravante de darles tratamiento de orden público a los conflictos laborales, situación que ha ocasionado que los Organismos de Seguridad del Estado activen la persecución de manera ilegal contra sindicatos y sus miembros como es el caso de las interceptaciones del DAS y que fuerzas oscuras arremetan contra la vida e integridad personal de sus dirigentes al igual que empresarios y Funcionarios del Gobierno vulneren permanentemente los Derechos a las libertades sindicales y políticas de sus activistas.
Durante el periodo 1986 - 2010, como lo demuestra la Investigación realizada por ADIDA, LA ENS, con el apoyo de La Organización de Maestros de Alemania: Organización Internacional GEW, han sido asesinados 2.832 sindicalistas, y dentro de las Organizaciones Sindicales más victimizados se encuentran FECODE con 921 sindicalistas asesinados de los cuales 358 docentes, han sido de ADIDA filial de FECODE en medio de la más grave impunidad. Durante el 2010 se presentaron varios homicidios, fueron asesinados 49 sindicalistas siendo 15 de ello dirigentes sindicales del magisterio y de éstos 7 eran de Antioquia; de 20 atentados ocurridos en el mismo año 17 eran dirigentes sindicales. Lo anterior evidencia que en Colombia el Sindicalismo ha sido víctima de una violencia sistemática, permanente selectiva y estructural. Las cifras son escalofriantes y mientras tanto el Estado pretende eludir la responsabilidad constitucional de garantizar la defensa de estos derechos.
El hecho que a continuación se reseña es una evidencia más de la falta de garantías del Estado para con los dirigentes sindicales: Atentado contra el escolta de un dirigente sindical y popular
El día lunes 1 de agosto de 2011, en la Ciudad de Medellín a las 12: 30 Pm, a 20 metros de la Asociación de Institutores de Antioquia “ADIDA”, ocurrió un atentado contra JOSE MARTINEZ CANO integrante de la Policía Nacional, que hace parte del esquema de seguridad y quien se desempeñaba como escolta del Ejecutivo de La Federación Colombiana de Educadores FECODE y ex presidente de La Asociación de Institutores de Antioquia “ADIDA”, OVER DORADO CARDONA. El escolta JOSE MARTINEZ CANO recibió varios impactos de bala en el cráneo y en las piernas por sicarios que se movilizaban en una moto, el cual fue recogido por la policía nacional 2 minutos después de ser baleado. Este hecho sucede cuando JOSE MARTINEZ CANO estaba haciendo la ronda de rutina alrededor de la organización sindical de los maestros (ADIDA), ya que el ejecutivo de FECODE OVER DORADO CARDONA a quien escoltaba, se disponía a salir de la sede sindical a la cual había llegado hacía aproximadamente hora y media. El esquema de seguridad del Ejecutivo de FECODE y ex presidente de ADIDA OVER DORADO CARDONA, dado el nivel de riesgo, hecho por la misma Policía Nacional, se compone de dos unidades con su respectiva dotación (motorizados), pero en el momento de los hechos solo estaba compuesto por una unidad de la Policía Nacional: JOSE MARTINEZ CANO, pues desde hacia aproximadamente un mes, por motivos que se desconocen, sólo venia en el esquema de seguridad de OVER DORADO CARDONA una unidad de la policía nacional, o sea que el esquema de seguridad, no se venía cumpliendo. La falta del otro escolta hace efectiva la vulnerabilidad del esquema de seguridad la cual queda demostrado con este atentando. Es de anotar que el 13 de abril de 2010, el ejecutivo de FECODE y ex presidente de ADIDA OVER DORADO CARDONA fue víctima de un atentado en la ciudad de Medellín en la concesionaria Autolarte, (el cual fue denunciado en la fiscalía) del cual salió ileso por la reacción hábil de los escoltas uno de los cuales era JOSE MARTINEZ CANO el que el lunes 1 de agosto de 2011 fue gravemente herido por los sicarios. Los hechos ocurridos en esta fecha, donde sale gravemente herido el escolta, JOSE MARTINEZ CANO, hace parte de la situación de inseguridad que hoy se tiene en Colombia, en Antioquia, Medellín y en las sedes de las organizaciones sindicales y en el caso concreto de la Asociación de Institutores de Antioquia “ ADIDA” organización sindical que por su historia de lucha y de denuncia ha sido objeto de atentados, amenazas y asesinatos.
Es obligación del gobierno valorar el nivel de vulnerabilidad de la sede sindical y su entorno, ya que a ella llegan dirigentes políticos y sociales de oposición, lo que exige efectivamente prestar las medidas especiales de protección y dar las garantías necesarias para el ejercicio de la actividad sindical y política de oposición. “Recordamos que la responsabilidad primaria de protección de los derechos humanos recae, de acuerdo con los principios constitucionales y el articulado de los tratados y Convenios Internacionales, sobre el Estado colombiano, al ser éste el sujeto responsable de velar por el cumplimiento de lo consagrado en la Carta Política y por ser el que adquiere los compromisos en materia de derechos humanos y de derecho internacional humanitario ante la comunidad internacional. Por tal razón, su mayor deber jurídico es el de prevenir las violaciones frente a estos derechos y tomar las medidas necesarias para investigar, identificar, juzgar y sancionar a los responsables por su acción u omisión, o tomar las medidas correctivas de carácter administrativo o político que impida que estos crímenes se sigan perpetrando.” Exigimos que de inmediato se restablezca el esquema de seguridad del ejecutivo de FECODE OVER DORADO CARDONA y se amplíe, por el grado de vulnerabilidad del compañero y por los antecedentes de los que ha sido víctima. Además exigimos a las autoridades competentes se investiguen los hechos sucedidos y se castiguen ejemplarmente a los responsables de esta violación de los derechos humanos.
Llamamos a las diferentes organizaciones sindicales, populares y defensoras de derechos humanos a la solidaridad y a hacer pronunciamientos ante los organismos competentes, exigiendo se investiguen estos hechos y garantías para el ejercicio de la actividad sindical y de oposición política al gobierno y al régimen.