Caracas, mayo 9 - La operación fue en la madrugada. Funcionarios de la extinta Dirección de Inteligencia Policial (Disip) y la Dirección de Inteligencia Militar (DIM) entraron a la Hacienda Daktari, ubicada en una zona boscosa cerca de Caracas, para detener a 153 paramilitares colombianos que planificaban asesinar al mandatario venezolano, Hugo Chávez Frías. Eran las 2:30 am del domingo 9 de mayo de 2004.

Tras casi un año de pesquisas, un grupo de acciones especiales ubicó al cónclave terrorista que había utilizado la finca, propiedad de Rodolfo Alonso –hermano de la actriz venezolana María Conchita Alonso–, como lugar de entrenamiento para cumplir la "misión" de asesinar al Jefe de Estado, por orden de los grupos de oposición del país.

El plan de magnicidio se frustró a días de su ejecución. Los paramilitares tenían previsto concretar el atentado el 12 de mayo: un grupo élite asesinaría a Chávez durante una cena con banqueros en La Casona (residencia presidencial), otros irregulares asaltarían el Palacio de Miraflores y un conjunto irrumpiría en los depósitos de armas ubicados en el Comando Regional Nº 5 de la Guardia Nacional y la base aérea de La Carlota. Un oficial de la aviación secuestraría una aeronave para bombardear la sede de Gobierno.

La actuación de las autoridades venezolanas permitió la detención de los terroristas, entre los cuales se encontraban al menos tres líderes implicados en numerosos asesinatos en zonas campesinas de Colombia, expertos en "corte de corbata", una incisión que se hace en la garganta para desangrar a la víctima. Su prontuario de atrocidades también incluía mutilaciones y castraciones.

Conspiración de derecha

Los nombres de políticos de la derecha venezolana implicados en la operación paramilitar eran conocidos.

Entre los "cabecillas" estaba el empresario Pedro Carmona Estanga, golpista que usurpó el poder en Miraflores durante el breve golpe de Estado contra Chávez, perpetrado en abril de 2002.

Un correo electrónico enviado por una de las autoras intelectuales del plan de magnicidio, María Luisa Chiossone, involucraba directamente a Carmona en el atentado.

Una intercepción a la cuenta de correo de Chiossone por parte de la inteligencia venezolana develó que la ex directora ejecutiva del Bloque de Prensa se enviaba mensajes con el empresario golpista. Ella se identificaba como "Yuyita" y a Carmona lo apodaba "el don".

Entre los acusados de financiar a esos grupos estaba el ex secretario general de Acción Democrática (AD), Rafael Marín, quien también había participado en el golpe de Estado contra Chávez y en ese entonces presidía la asociación civil "Ciudadano Común". Otro de los nombres estampados con la mácula conspiradora fue el del empresario Gustavo Zigg Machado, señalado de dar recursos a los paramilitares y de haber participado en las reuniones en las que se planificaba el atentado.

El apoyo a la dictadura de Carmona fue uno de los denominadores comunes entre los implicados en el caso Daktari. Ovidio Poggioli, participante del Carmonazo, la entonces diputada de Primero Justicia (PJ) Liliana Hernández y el militar golpista Jael Contreras Rangel, fueron algunas de las personas vinculadas al magnicidio identificadas por las autoridades venezolanas como resultado de las investigaciones y confesiones posteriores de los paramilitares.

Uribe al tanto

Además de políticos venezolanos, el gobierno del ex presidente de Colombia, Álvaro Uribe, también estaba al tanto de esa operación irregular.Las declaraciones del ex director de informática del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), Rafael García, así lo confirmaron.

García, procesado por sus nexos con el paramilitarismo, aseguró que miembros del gobierno de Uribe se mantenían en contacto con políticos venezolanos para planificar el magnicidio, que se realizaría con la colaboración de grupos irregulares infiltrados al país por el ex director del DAS, Jorge Noguera, quien posteriormente fue condenado a 25 años de prisión por vínculos con las Autodefensas.

Según García, el agente que utilizó Noguera para infiltrar a los paramilitares en Venezuela fue el ex director del DAS en Cúcuta, Jorge Díaz, quien estableció contacto con Alonso, dueño de la finca Daktari, organizador del "Plan Guarimba" e integrante de la coalición de derecha denominada "Coordinadora Democrática".

Aunque en principio el gobierno de Uribe afirmó que ninguno de los detenidos tenían antecedentes penales, la versión fue rebatida por el entonces presidente del Congreso, Gustavo Petro, quien alertó que uno de los paramilitares, llamado José Feliciano Yépez, estaba identificado en Colombia con grupos terroristas y señalado por participar en la masacre de Colosó, en el departamento neogranadino de Sucre.

Después de esa revelación fue que Nariño informó que 28 de los capturados en la finca Daktari habían prestado servicio militar en Colombia. El silencio de Bogotá sobre el caso en esa oportunidad enturbió las relaciones con Caracas.