Julio 19 de 2012.- Carmen Fernández "Anita", su hija Ana y Sabino Romero Martínez, fueron recibidos por el diputado José Luis González de la Comisión Permananente de Asuntos Indígenas de la Asamblea Nacional, para hacerle entrega de un documento y exigir que les sean garantizados sus derechos constitucionales, pues es deber del Estado proteger a los grupos que han estado históricamente desprotegidos y en estado de vulnerabilidad. Este es el caso de los yukpas, que están viviendo bajo el reino del terror, causado por ganaderos, quienes los acosan, asesinan, asolan, con la presunta complicidad de efectivos del Ejército y la Guardia Nacional, así como una campaña mediática originada desde el periódico de derecha, La Verdad, que en franca contradicción debería llamarse, "La Mentira".
Entre abril y junio, han muerto cinco yukpas, entre ellos el reconocido joven líder yukpa, Alexander Fernández Fernández, vilmente asesinado,cuya muerte ha consternado al país sensible a esta causa.
La familia Fernández, llega a Caracas con la intención de que el Gobierno, de una vez por todas, cumpla con su deber y cambie a los fiscales designados para el caso de los asesinatos, pues estos están prejuiciados, estuvieron relacionados con casos previos donde fungieron como acusadores de los yukpas, por lo tanto son contrarios a los intereses de los familiares de las víctimas de Perijá; solicitan además, una amplia y profunda investigación de estos asesinatos y que se castigue a los culpables, tanto materiales como intelectuales. Aparentemente La Fiscalía, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminales (CICPC) y demás autoridades no han realizado las investigaciones y trámites dictados por las leyes venezolanas para aclarar el asesinato de estos ciudadanos, piden además, protección para los yukpas que son amenazados constantemente por ganaderos y sus sistemas de sicariato.
Así mismo, demandan a que se les pague las bienhechurías a los ganaderos de las haciendas ocupadas, pago que ya fue aprobado y ha sido injustificadamente retrasado, para que se termine de una vez con estos derramamientos de sangre, cuyo origen parte de esta demora. Estos pagos fueron decretados por la Presidencia de La República y luego postergados por la Ministra del Poder Popular para los Pueblos Indígenas, Nicia Maldonado, para ser cancelados en el 2014, sin conocerse las razones de tal decisión.
