17/10/12.-Con 17 votos a favor, el Senado de Uruguay aprobó este miércoles la ley para despenalizar el aborto durante las primeras 12 semanas de gestación y bajo ciertas condiciones, tras una jornada de debate de más de cuatro horas.
El corresponsal de teleSUR en Uruguay, Fabián Cardozo, reportó que “17 votos, 16 del Frente Amplio y uno del senador Jorge Sarabia del opositor Partido Nacional, permiten que a partir de ahora sea el Ministerio de Salud Pública quien deba reglamentar esta ley”.
El Partido Nacional adelantó intención de convocar a una consulta popular en rechazo de la normativa y ha dicho que en caso que sea la oposición quien triunfe en las próximas elecciones esta ley podría ser anulada.
Luego de la aprobación en el Senado falta que el presidente uruguayo, José Mujica, la promulgue para que entre en vigor.
La ley establece que las mujeres que quieran interrumpir su embarazo tendrán que acudir a un médico que las remitirá a una comisión formada por psicólogos, ginecólogos y trabajadores sociales que la asesorarán.
Posteriormente, la mujer tiene cinco día para reflexionar y podrá iniciar el procedimiento con su médico en un centro de salud. Sin embargo, los abortos que se realicen fuera de esta normativa continuarán siendo ilegales.
La norma estipula que “la interrupción del embarazo no será penalizada”, siempre y cuando la mujer cumpla voluntariamente con los requisitos establecidos, en casos de existir riesgos de salud para la madre, y mientras el procedimiento se realice en centros de salud y bajo supervisión de las autoridades.
También establece que los profesionales de la salud que tengan objeción de conciencia deberán manifestarla en la institución en la que trabajan y dicha objeción será aplicable en todas las instituciones de salud donde se desempeñen.
En tanto, a las instituciones que por su “ideario” sean contrarias al aborto, como el Círculo Católico y el Hospital Evangélico, no se las obligará a realizar los procedimientos, pero sí deberán derivar a la mujer a otra institución para que la interrupción sea realizada.
Anualmente en Uruguay se producen alrededor de 30 mil abortos ilegales, según cifras oficiales. La nueva ley deja sin efecto la legislación de 1938 que penaliza entre tres y nueve meses de prisión a la mujer que aborte y hasta dos años de cárcel para quien lo practique.
Tras la aprobación de la propuesta en el Senado, Uruguay es el segundo país de América Latina, después de Cuba, en despenalizar el aborto. En Argentina y Colombia está permitido cuando existe riesgo de vida para la madre o cuando la mujer fue víctima de una violación.
El último antecedente de despenalización del aborto en Uruguay data de 2008, cuando el expresidente Tabaré Vázquez vetó la denominada Ley de Salud Sexual y Reproductiva, basado en razones filosóficas y biológicas.
