Diciembre 26 de 2013.-Recientemente estuvieron en Buenos Aires, cumpliendo una gira informativa, Yule Anzueta y Lorena Sánchez Andrade, representantes de la Mesa de Interlocución y Acuerdo (MIA) del movimiento campesino colombiano. Ambos, junto con otros dirigentes, fueron los referentes fundamentales del exitoso paro nacional agrario, realizado durante todo un mes.

Anzueta ha sido vocero de la MIA en el departamento de Putumayo, mientras que Lorena Sánchez es lideresa de la Asociación de Trabajadores Campesinos del Huila.

Resumen Latinoamericano los entrevistó para su programa radial, y esto es lo que manifestaron:

—¿Cuál es el balance que se hace en Colombia del paro nacional agrario?

Lorena Sánchez Andrade: Iniciamos el paro el 19 de agosto y culminó exactamente un mes después, el 19 de septiembre. Vimos como necesario que surja ese espacio como un órgano articulador de las organizaciones agrarias pero también para interlocutar con el gobierno. Además, nos permitió adelantar el diálogo para la negociación de un pliego que se presentó el pasado 11 de agosto. Se trata de un texto que resume la problemática agraria en seis puntos y que fue presentado en todas las regiones del país.

—¿Qué buscan lograr concretamente con esta gira que vienen realizando?

Lorena: Esta gira tiene que ver mucho con el tema de visibilizar la problemática colombiana del sector campesino, pero también denunciar la violación a los derechos humanos, la constante persecución política que existe en nuestro país. Buscamos, además, generar puentes de comunicación, y afianzar la solidaridad entre países y el apoyo hacia ese proceso de paz que se adelanta en La Habana, entre las FARC y el gobierno Santos.

—Es indudable que, al igual que el uribismo, la escalada represiva del gobierno Santos se ha ensañado con el movimiento campesino.

Yule Anzueta: Creo que en Colombia es muy difícil reclamar derechos. Venimos de una situación grave, sobre todo en los últimos años, donde al tema de los paramilitares y la represión, se sumaron más de cinco millones de desplazados. Por eso no es sencillo poder protestar, pero los campesinos, al ver que no tenemos otra opción, prácticamente lo hacemos como un acto de resistencia y supervivencia.

Hay un proyecto para hacer desaparecer al campesinado, nosotros lo entendemos así, porque toda la arremetida del sistema neoliberal en Colombia ha terminado entregando todos los servicios públicos, nuestro territorio, los recursos naturales. Entonces, lo que hicimos en el marco del paro agrario es realmente salir a decir: no queremos desaparecer, estamos resistiendo.

—¿Hacen un balance positivo de lo que fue el Paro agrario?

Yule: A pesar de la situación que está viviendo el pueblo colombiano, de todas esas masacres por hablar y por reclamar, el campesinado colombiano logra, en el marco del paro, convocar y poder poner a soñar a la gente, al pueblo colombiano, a decirle que sí es posible la formación social, que sí es posible construir una patria distinta a la que estamos viviendo. Creo que logramos instalar la problemática agraria otra vez en discusión en el país y yo diría que a nivel internacional. Hasta ese momento, estaba un poco archivada, y nadie quería hablar de eso.

A pesar de que no hemos logrado avances con el Gobierno Nacional, sí pudimos hacer que otros sectores participen. En el marco del paro la gente se solidarizó con nuestro proceso, pero también nos hizo ver que estamos un poco divididos. Entonces, una de las tareas del momento es lograr construir un proceso unitario que nos permita trabajar entre todos una propuesta para hacerle frente a esa crisis que está viviendo el campesinado y el pueblo colombiano.

—Permanentemente el gobierno de Juan Manuel Santos insiste en que el actual gobierno colombiano es el que más ha hecho por el campesinado, repartición de tierras y regreso a desplazados. ¿Cómo lo ven ustedes?

Lorena: Hay dos discursos, el institucional que es el que muestra que Colombia es el país de las maravillas y que no existe desigualdad social, pero contrasta con la realidad que vivimos día a día en el territorio. Nosotros somos dirigentes de base de organizaciones muy locales, y lo que vivimos en el día a día es cómo se agudiza la crisis social y económica, cómo el campesinado en este momento no tiene acceso a vías terciarias, no hay garantías para poder acceder a créditos.

El campesinado no tiene los títulos de propiedades de esas tierras, los que las poseen y tratan de acceder a un préstamo bancario, les ponen miles de obstáculos. Si con mucha suerte se lo otorgan, luego no pueden pagar las cuotas y les terminan quitado sus tierras. O sea, no hay garantías para comercializar y es ilógico que Colombia firme un tratado de libre comercio cuando ni siquiera tenemos canales para sacar a la venta nuestros productos. Estamos en total desigualdad para poder competir, ya que traen productos a muy bajo costo desde países donde el campesinado cuenta con todas las garantías.

En este momento, nosotros creemos que el Gobierno tiene un discurso totalmente fuera del contexto real de Colombia. Porque el campesinado se encuentra padeciendo altos índices de pobreza, de miseria, donde no hay educación y no podemos acceder a la salud. Si se da la circunstancia de que en algún sitio contamos con un centro de salud, entonces no tenemos ni siquiera una jeringa o un algodón, y es el propio usuario quien tiene que suministrarlo. Hemos tenidos compañeros que se han muerto por no poder llegar hasta los centros de salud debido a la distancia que los separa de sus viviendas.

—Frente a este estado de cosas, resistir parece casi una obligación.

Lorena: Así es. Lo que hay en este momento es un resurgir de toda esa fuerza, de toda esa rabia acumulada de un campesinado que ve reducida nuestra población a menos de la mitad. Las políticas del Gobierno tratan de borrarnos del territorio con leyes que prohíben el intercambio de semillas nativas, comercializar la leche cruda al campesino que tiene una o dos vaquitas. Prohibir a aquel que tiene una mina artesanal en su finca sacar sus dos gramitos de oro cada semana para comprar carne. Eso lo catalogan como un delito y le imponen ocho años de cárcel.

O sea, es una política realmente nefasta que lo que pretende es terminar con el campesinado para que intervengan todas esas multinacionales que vienen por los bienes naturales, por el agua. Nosotros tenemos muy claro que la guerra va a ser por el agua. Tenemos un país tan diverso en toda su riqueza natural, que realmente los ojos de Estados Unidos y sus transnacionales ya están centrados en Colombia porque en este momento es un lugar geoestratégico en todo el sentido de la palabra. En toda sus posición geográfica pero también en toda su riqueza natural, sobre todo en agua.

Tenemos 16 mil ríos de agua dulce, además de las lagunas y los humedales. Existe toda una variedad de climas, oro, plata, coltán. Por todo eso, el enemigo, que es el sistema capitalista, ya nos ha colocado en la mira. Hay informes que afirman que ya estamos vendidos a las transnacionales hasta el 2023. El río Magdalena pertenece ya a una empresa china. La gente empezó a darse cuenta y a asumir que la defensa de la vida es la del territorio.

Tal situación nos lleva a reaccionar sobre el papel que jugamos nosotros en la construcción de un sistema de gobierno diferente, incluyente, un sistema donde el ser humano sea lo primordial y no sea esté el capital por encima del ser humano sino por el contrario, al servicio de los hombres y mujeres que habitamos Colombia.

—¿Cuál es, específicamente la lucha que vienen dando las mujeres campesinas, cuya situación de vulnerabilidad siempre tiene un valor agregado?

Lorena: En este momento creo que las mujeres estamos rompiendo un paradigma. Embestimos contra los esquemas cuadriculados del patriarcado, heredados del propio sistema capitalista y que señalan que el hombre es el que impone. Ese argumento ya está empezando a cambiar también desde las organizaciones de base.

El hecho de que hoy yo esté aquí significa que a la mujer ya se le ha dado un espacio, no es una concesión ni un regalo, sino que lo hemos ganado a través de la lucha y del sacrificio de muchas mujeres que hoy ya no están con nosotras. Como esa mujer viene jugando un papel protagónico, entiende que también hace parte de un conjunto y que puede aportar a la transformación de la realidad de nuestro país.

Más allá de que el 22 de noviembre más de 40 mil mujeres salimos a marchar exigiendo al Gobierno una paz con justicia social, somos conscientes de que también hay una violencia física y una de características económicas, ejercida o generada desde un sistema que te cierra la posibilidad de tener la posibilidad de crecer como persona, como mujer. De esa violencia se habla poco en Colombia. El hecho de que te cierren la puerta de un trabajo porque has cumplido poco más de 30 años o porque tengas hijos, es violencia. El hecho de que no pueda darle a mis hijos una educación también es violencia.

El Gobierno ha manejado el tema de género de tal forma que te hace enfrentar con tu compañero, pero realmente la razón de ser de esa situación específica es cómo yo, junto con mi compañero, empiezo a pelear contra un sistema generador de desigualdades, y no a luchar en contra del hombre. Nos quieren exponer en ese tema de confrontar con la misma clase y nosotros tenemos claro que se trata de una lucha de clases y que pertenecemos a una clase. Sabemos que hay mujeres y hombres pobres y que hay mujeres y hombres ricos y contra ellos es la pelea.

—¿Creen que los avances producidos en las negociaciones de paz en La Habana ayudan a producir cambios sustanciales en el territorio?

Yule: Las organizaciones sociales y populares de Colombia somos realmente quienes exigimos al Gobierno colombiano que la salida al conflicto social armado que vive el país es a través del diálogo. Valoramos muchísimo y vemos con muy buenos ojos que se haya logrado avanzar en dos puntos tan importantes que para nosotros prácticamente son el origen del conflicto colombiano.

El primer punto que es el tema agrario que tiene que ver con la desigualdad, con la concentración de la tierra, que se hayan logrado poner de acuerdo en eso es muy valioso. Pero vemos también que es una mínima participación la que nos han dado. Nosotros queremos participar en La Habana como organizaciones sociales para poder contribuir a esa construcción de la paz. Es cierto que de alguna manera hemos podido participar en los foros, e incidido con algunas propuestas que han servido de elemento de insumo para el proceso de acuerdo que está avanzando.

El segundo punto, sobre la participación política, tiene unos avances muy positivos sobre todo para la participación política en las organizaciones sociales de los partidos de oposición, se puede vislumbrar la posibilidad de que en Colombia exista una verdadera democracia. Vemos muy positivo esto, pero también nos preocupa mucho porque una cosa es lo que se está avanzando en La Habana pero otra cosa es lo que estamos viviendo en Colombia.

El pueblo colombiano sigue soportando estar en medio de una guerra total, siguen habiendo personas desplazadas, asesinatos, paramilitares, hay persecución a las organizaciones sociales por ejercer el derecho a exigir, a protestar. Entonces también nos preocupa mucho eso.

Por otro lado, ahora se está cursando en el Congreso una ley que permite entregarles las tierras baldías nuevamente a los empresarios del país, a las multinacionales.

Además, mientras se avanza en acuerdos por la participación política, se le quite la posibilidad a Piedad Córdoba para que participe en el proceso electoral, inhabilitándola por 18 años.

Realmente no sabemos si lo que se ha avanzado allá se convierta en realidad. Porque lo que han acordado, tanto las FARC como el Gobierno, es que hasta que no firmen el acuerdo total, ninguno de los acuerdos parciales se va a implementar.

Seguramente esa también es una de las tareas nuestras y por eso quisimos salirnos de allá, de Colombia, y poder venir a buscar esa solidaridad, esos lazos de hermandad con nuestros hermanos argentinos, de Paraguay, de Brasil, de toda Latinoamérica para que entre todos podamos unirnos para exigir la paz de Colombia. Porque nosotros decimos que la paz de Colombia es la paz del continente.

—¿Hay expectativas en el campesinado ante la aparición de movimientos políticos y sociales como la Marcha Patriótica, el Congreso de los Pueblos, la resurrección de la Unión Patriótica después de haber sido diezmada por el paramilitarismo, la candidatura de Aída Avella?

Lorena: Lo que hemos generado desde el sector agrario con el paro y este avance político de movimientos sociales y populares, alienta la construcción de un espacio de unidad, que se dará en 2014 a través de una Cumbre Nacional Agraria Campesina y Popular. La estamos planteando con el ánimo de crear ese escenario, donde partidos políticos, organizaciones y otros sectores, podamos ponernos de acuerdo al menos en un pliego común, en un pliego nacional. Para nosotros sería muy bueno tener esa oportunidad de ofrecerle al país una alternativa.

Creo que el país en estos momentos necesita otra forma de hacer la política, la gente está cansada de que en el poder estén siempre los mismos. Sabemos que el poder está minado y lleno de corrupción, de paramilitarismo y narcotráfico. En este momento hay 197 senadores y parlamentarios (desde 1995 al 2003) investigados por parapolítica. Es denigrante para el pueblo colombiano tener una clase dirigente corrupta, sucia y deshonesta.

Nosotros coincidimos en que la política tiene que hacerse realmente con la participación de todas las mayorías. Por eso creemos que es un momento histórico para nuestro país y que vale mucho la pena detenernos un poco en el tiempo y mirar hacia atrás. Memorizar cómo la UP (Unión Patriótica) fue exterminada y cómo el mismo Gobierno acepta y reconoce además que fue una masacre total donde más de cinco mil dirigentes fueron asesinados, desaparecidos, exiliados, como es el caso de la compañera Aída Avella. Actualmente, la UP entra a ser referencial con su candidata, la compañera Aída, que realmente es una de las cartas que tiene la izquierda para jugar.

Debemos ser conscientes de que no podemos dejar pasar este momento porque es la oportunidad de nosotros de derrocar un sistema de gobierno que viene desde hace más de 200 años en esas prácticas sucias de la política. Queremos que la gente entienda que la política no es simplemente ir a votar sino que se trata de concebir en la construcción colectiva, cuanto tienen para aportarle a este país, desde el indígena hasta el joven, la campesina, el campesino, el estudiante.

¿Quién nos garantiza a nosotros que los acuerdos que se hagan en Cuba se van a cumplir? Nadie, por supuesto. El Gobierno no los va a hacer porque es lo que ha ocurrido en estos últimos 50 años, en que hemos estado movilizándonos, con pliegos firmados que tendrían que haber sido convalidados y no ocurrió así. Mucho menos lo harán ahora con la insurgencia.

—¿El remedio puede ser una asamblea constituyente?

Lorena: Lo que nosotros estamos promoviendo para que eso se cumpla es poder refundar un nuevo pacto social en nuestro país y eso tiene que ver con una constituyente nacional. Esa es una de las tareas del movimiento campesino, del movimiento popular como la Marcha Patriótica que apuesta a una nueva forma de hacer la política. Somos nosotros, realizando cien constituyentes por sectores, por organizaciones, y que todo el conjunto de la sociedad se reúna a construir las propuestas que quiere para ese nuevo país. Eso se resume o concluye en mandatos. Entonces los mandatos serán insumos para esa gran constituyente nacional que también traerá de insumo los acuerdos de La Habana.

Pero en esta nueva constituyente tendrán que estar las FARC, ELN, EPL, las mujeres, los indígenas, que estén todos los sectores y toda la sociedad colombiana en su conjunto.