En los últimos diez años Venezuela ha invertido más de $142 mil millones en alimentación. En junio, el presidente Nicolás Maduro aprobó 933 millones 725 mil 772 bolívares para la vida, la economía y el desarrollo de las comunidades indígenas de Venezuela

Hablar de hambre en los pueblos indígenas resulta contradictorio especialmente en un modo de vida donde históricamente han obtenido su alimento de su territorio tradicional: cazando, recolectando, cultivando, o adquiriendo alimentos indirectamente con la venta de sus productos. Sin embargo, muchas variables (económicas, políticas, religiosas) han incidido en cambios culturales que han trastocado su identidad afectando de manera directa sus hábitos alimenticios.

En los últimos años los pueblos indígenas venezolanos han obtenido un reconocimiento legal de sus derechos. Pero existe una deuda en la demarcación del territorio indígena (la entrega de tierras no supera 13 % del total debido). Y precisamente la tierra garantiza a los indígenas la preservación de su vida y su cultura diferenciada ya que de sus propios territorios obtienen sus recursos productivos. Sin ella difícilmente pueden desarrollarse, es preciso un arraigo muy fuerte a su identidad, porque el panorama más próximo es la asimilación de la cultura criolla o la muerte, que ya está ocurriendo.

Los indígenas también han sido beneficiarios de una cantidad de políticas públicas destinadas a mejorar sus condiciones de vida, especialmente en el área de alimentación, pero que al no ser dialogantes con su cultura se han convertido en un arma de doble filo, creando dependencia y abandono de sus modos tradicionales de subsistencia, en lugar de ser complementarios y seguir aportando a su identidad. “Nos convirtieron en unos dependientes de las migajas del Estado”, lo resume en una frase José David González, indígena wayúu y coordinador del Comité de Derechos Humanos de la Guajira.

Lo que sigue son historias de hambre y resistencia en distintas comunidades indígenas. Historias que muestran una crisis más profunda y estructural de ese mundo que actualmente enfrenta un desafío de sostenibilidad, mientras se cuestionan sus derechos a la tierra, y la desnutrición y la escasez de alimentos siguen creciendo. Y ante esto surgen dos preguntas: ¿Cómo los indígenas han perdido sus modos de producción y al mismo tiempo no han recibido asistencia alimentaria constante? ¿Cómo mantener una asistencia alimentaria que no trastoque sus modos de producción, pero que sí complemente la dieta para que no haya desnutrición?.

Las culturas son modos de relación; al entrar agentes externos pueden ser tan avasallantes que, si no está fortalecido el sujeto culturalmente, pueden acabar con su identidad.

La Guajira torturada

José David González, coordinador del Comité de Derechos Humanos de la Guajira, asegura que uno de los problemas más graves en este territorio es la desnutrición. Una situación que se ha agravado con el correr del tiempo por el cierre de la frontera con Colombia y el desempleo en una zona que tradicionalmente se sostenía por la agricultura, la pesca y el contrabando.

El 4 de junio murieron los hermanos Jaimy Yairuma (una bebé de siete meses) y Jaiber (ocho años) de la comunidad de Wayamurisirra, en el Hospital Adolfo Pons, de Maracaibo. El comité también ha reportado doce casos de desnutrición entre niños y adultos de Sinamaica y Alta Guajira; una familia completa en estado de desnutrición en la comunidad de Caracolito; niños que comen una vez al día en el sector El Barro, en la Laguna de Sinamaica; y niños que se están desplazando a un internado en Tapri (Colombia) para recibir alimentos.

Al final, las familias tienen una dieta a base de arroz, yuca y agua de maíz, e incluso beben agua estancada para calmar la sed en una zona con una sequía perpetua.

En cuanto a los productos regulados, el defensor wayúu explica que hay deficiencia del programa de alimentación Mercal Casa por Casa: “La bolsa para quince días solo trae dos kilos de azúcar, dos kilos de arroz, dos kilos de pasta y un aceite”.

Sin esta alternativa, y al estar cercenados sus medios tradicionales de producción, queda comprar en el mercado negro donde los productos que se venden tienen precios exorbitantes. Un ejemplo es el mercado de Los Filúos, con predominancia de productos colombianos con costos muy elevados.

Pese al número de muertes y niños en estado de desnutrición no ha habido una respuesta oportuna y dialogante con la cultura de los wayúu. El hambre en La Guajira convive con la creación del distrito militar Nº 1 donde el comité ya ha reportado 20 ajusticiamientos, 19 casos de torturados, 600 allanamientos ilegales y 760 privaciones ilegítimas de libertad.

Sierra de Perijá: tenemos que volver a sembrar

Carmen** indígena yukpa de El Tukuko en la Sierra de Perijá, cuenta que antes los indígenas comían malanga, quinchonchos, caracoles, baba. Ahora consumen alimentos industrializados y como la comida está escasa se ven afectados. “La situación está fuerte para la siembra. No tenemos machete, botas, y el veneno no se consigue. El Estado ha dado recursos pero como no se le ha hecho seguimiento no están llegando a la comunidad”.

La mujer asegura que los casos de desnutrición se dispararon luego de los incendios ocurridos a principios de año en la Sierra de Perijá. Muchos productores de la parte alta perdieron sus cosechas y apenas están retomando la siembra: “Por eso comenzó a aplicarse el Plan Sierra donde nos tenían que surtir con los Mercal. Creo que el presidente Nicolás Maduro tiene la intención, pero debería ser organizado. Las bolsas de comida nos han ayudado, sobre todo por las bolsitas de leche para los niños”.

Según declaraciones de la diputada indígena Keyrineth Fernández, el presidente Nicolás Maduro aprobó un punto de cuenta de 8 mil 700 bolsas de alimentos para ser distribuidas en las comunidades indígenas de la Sierra de Perijá a través del Mercal casa por casa. El censo que incluye 10 mil familias lo realizaron defensores de salud, Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas, y salud indígena. “Estamos pendientes para que estas bolsas que dignifican al indígena lleguen a las comunidades”. También se aprobaron 5 mil 500 becas hogares de la patria.

Luis**, indígena yukpa de Weporo, ubicado en la cuenca Macoita de la Sierra de Perijá, opina que los programas sociales que ha desarrollado el Gobierno han hecho que algunos habitantes olviden trabajar la tierra, porque se quedan esperando a que este les dé ese aporte. “Nosotros no resolvemos el problema de necesidad con la bolsa de comida que llega, tiene que haber un crédito para nosotros poder trabajar nuestro propio espacio, nuestra tierra, lo que nosotros anteriormente sembrábamos. Ahorita hay mucha desnutrición porque cuando se acaba la comida de la bolsa ya no hay más nada que comer. Si hay yuca, ahuyama, patilla, melón, eso puede mejorar la calidad de vida de los habitantes de la Sierra de Perijá”.

Insiste en que los caciques tienen que orientar y hacer un seguimiento a las familias. Cuenta que en este momento en el sector de la Cuenca Macoita están abocados a la siembra porque es la única manera que pueden solventar la necesidad del pueblo. “Tierra es nuestra madre, tenemos que volver a sembrar la tierra, para que pueda producir y alimentarnos nosotros, nuestros hijos, la comunidad y muchas otras personas que nos lleguen a visitar”.

Luis comparte que en al menos cuatro comunidades (Aratmiaha, Pochutmu, Makoita y Pispen) han detectado casos de desnutrición: dos o tres miembros de cada familia están desnutridos, entre estos niños, mujeres embarazadas y ancianos.

“Sería bueno que el Gobierno retomara la orientación al pueblo en general para conversar sobre la siembra agroalimentaria en los espacios de los pueblos indígenas, para que haya suficiente alimentación. El Gobierno debería dar un financiamiento pero tiene que hacer un seguimiento. Por ejemplo, ahorita estamos en la época del café, hay gente esperando para poder recogerlo la primera y segunda semana de octubre, pero no ha llegado un gobierno aquí a preguntar qué necesitan los productores para poder sacar aquella cosecha de la montaña y bajarla al carro que la recoge. ¿Quién lo compra, dónde lo arrimamos? El productor necesita que le paguen su cosecha para seguir trabajando. Ahí es donde el Gobierno falla”, concluye Luis.

“Queremos menú escolar indígena”

Henry Caura es yekuana y tiene cuatro años como docente en la comunidad Boca de Ninchare, ubicada en el río Caura, a seis horas de navegación desde Maripa, municipio Sucre, estado Bolívar. En este lugar funciona la Unidad Educativa Bolivariana Ninchare, de primero a sexto grado, con una matrícula de diecinueve niños y cuatro profesores.

Caura asegura que en reiteradas ocasiones han introducido cartas en la alcaldía y en la gobernación solicitando apoyo para mejorar la infraestructura de la escuela. Sin embargo, una de las mayores demandas se centra en el Programa de Alimentación Escolar (PAE). En esta escuela, semanalmente reciben dos paquetes de harina pan, dos paquetes de arroz, una mantequilla, un litro de aceite, dos pollos, y verduras. Pero los profesores deben costear los traslados para buscar los alimentos en el sector Guarataro, a treinta minutos de Maripa, que desde Boca de Ninchare implica: 17 mil bolívares por un tambor de doscientos litros de gasolina (mercado negro), 6 mil bolívares por cinco litros de aceite para motor fuera de borda (1.200 cada litro), y 15 mil bolívares para trasladarse en un 350 desde Maripa hasta Guarataro. Toda una odisea para que finalmente los alimentos, como verduras y hortalizas, lleguen podridos a la comunidad.

Las comunidades del alto Caura son las más afectadas ya que no tienen cómo trasladarse hasta El Playón (once horas de navegación desde Maripa y días o semanas desde las comunidades del alto Caura) o Las Pavas (dos horas a pie desde El Playón y días o semanas desde las del alto Caura) para recoger los alimentos. Tampoco hay una logística que asegure que los alimentos llegarán desde Guarataro a estos lugares.

“Tenemos familias que mantener y esos sueldos que nos están dando se van en transporte y combustible”, dice Caura. Por esta razón plantea que una solución sería que ellos tuvieran su menú escolar indígena, el cual se produciría en la comunidad a través del huerto escolar, y el apoyo puntual que solicitan es la semilla para sembrar.

En la Unidad Educativa Miguel Antonio Caro, ubicada en la Isla Ratón, municipio Autana, en el estado Amazonas, ocurre una situación similar. Uriel Blanco, indígena jivi y coordinador de OPIJKA, denuncia que la comida que envían del PAE llega dañada y no es balanceada. “Las papas, los plátanos muchas veces tienen que tirarse al río y los niños dejan de comer”. La escuela tiene una matrícula de trescientos alumnos y el programa de alimentación envía una paca de arroz y cinco kilos de carne para un mes. A otras comunidades más lejanas, como Ceguera, a un día de recorrido desde Puerto Ayacucho, simplemente no llega la comida. En la mayoría de los casos los profesores no denuncian por temor a perder sus puestos de trabajo.

**Los nombres han sido cambiados por razones de seguridad.

Con información de Johandry Montiel, periodista wayúu del Instituto Radiofónico Fe y Alegría (Machiques- Zulia)



*Miembro del Consejo de Redacción de SIC.