4 de octubre de 2017.-
La expectativa crece en relación con lo que serán los precios "acordados" de 50 productos y servicios, anunciados por el presidente Nicolás Maduro y que marcarán un viraje en una serie de medidas de regulación, las cuales han estado enmarcadas en 3 leyes promulgadas durante 10 años y aplicadas por más de 4 instituciones, entre ellas Indepabis y Sundde.
El Ejecutivo nacional presentó la propuesta de la Ley de Abastecimiento Soberano y Precios Acordados, también conocida como Ley del Plan 50, en el seno de la Asamblea Nacional Constituyente el 7 de septiembre, tras un reconocimiento de que la solución en la economía no había sido "la congelación de precios desfasados e irreales",
"Será un sistema acordado de precios, que marque bajo consensos económicos los precios máximos de venta al público de los 50 productos y servicios fundamentales del país", explicó el Jefe de Estado.
A finales de septiembre, el vicepresidente de la República, Tareck El Aissami anunció el acuerdo con los productores del precio de algunos productos como el maíz blanco y amarillo, café, arroz y azúcar; sin embargo, no ofreció los montos establecidos. Semanas anteriores, representantes del Gobierno han insistido que en los "próximos días se conocerán" y la población sigue en la espera.
En los primeros encuentros que se han dado entre el Ministerio de Agricultura y Tierra y los representantes de la producción se han debatido el valor de 20 rubros prioritarios. Progresivamente se irían sumando otros gremios relacionados con la industria cárnica, de lácteos, oleaginosas, leguminosas, artículos del hogar e higiene personal.
No obstante, unas elecciones regionales en puertas constituyen un factor influyente. A juicio del director del Instituto de Investigaciones Económicas de LUZ, Alberto Castellano, el ajuste de los precios "implica un costo político, aunque permita mejorar los niveles abastecimiento y producción".
Desde la Confederación de Asociaciones de Productores Agropecuarios (Fedeagro), la premura se impone. Aquiles Hopking, presidente de la institución, urgió ayer, durante una rueda de prensa en Portuguesa, a que se oficializara el nuevo precio del maíz debido a que la cosecha ya estaba en marcha desde hacía más de 15 días y los productores tenían incertidumbre.
"Esta política de indefinición de los precios nos trae un amargo recuerdo de los que se dio en el año 2016, cuando la providencia de la Sundde para el maíz se fijó el 21 de diciembre, cuando el 90% de la cosecha de había concretado, lo cual quedó a precio del 2015", recordó Hopking.
Aunque se conoce poco de los detalles de las reuniones para llegar a un consenso, Castellano, de LUZ, señaló que además de discutir los costos de los productos se debe revisar el esquema cambiario y reconocer la inflación, así como reducir los controles que desestimulan la producción. "Esto tiene que ser una política integral que incentive a los empresarios", subrayó.
Los encargados de velar por el cumplimento de estos precios serán fiscales populares, los cuales surgirán de los consejos comunales. Recientemente, Aristóbulo Istúriz, candidato a la Gobernación de Anzoátegui, advirtió: "Cuando los precios acordados sean publicados, al que lo irrespete vamos con todo el peso de la ley".
Este tipo de prácticas fue rechazado por el director de Econométrica, Francisco Ibarra, pues agudizarán la escasez, a pesar de que los costos sean "acordados". "Si el Ejecutivo persiste en los controles la escasez se va a disparar muy rápido", enfatizó.