20/03.- La desnutrición es uno de los principales factores que amenazan el presente y futuro de los niños venezolanos. Caritas Venezuela ha lanzado el alerta: 52% de los niños presenta algún tipo de déficit nutricional y 25% mostró alguna forma de desnutrición.

Aunque no hay cifras oficiales, tristemente se puede presumir que la situación de los niños y niñas indígenas es significativamente peor.

Caso emblemático es el de cientos de niños warao en las calles del Delta, Bolívar y algunas localidades de oriente hacia donde sus familias han emigrado buscando mejores condiciones de vida, sin embargo, la realidad que se consiguen es otra, muy distinta.

Duermen en la orilla de las calles, pernoctan en las adyacencias de panaderías y viven de la solidaridad y ante la mirada discriminatoria de muchos.

Así pasan sus días los hermanos Moya: dos hembras y dos varones, más o menos de ocho, seis, cuatro y dos años respectivamente, quienes pasa sus días en la entrada de una panadería en Tucupita, en busca de un pedazo de pan y un poquito de dinero.

En un estudio de campo realizado por el Observatorio de Derechos Indígenas Kapé Kapé se constató que en sólo 2 de las 7 comunidades waraos del municipio Antonio Díaz, la población infantil asiste medianamente a sus actividades académicas.

En las otras 5, la población en edad escolar esta fuera del sistema educativo, ya sea por falta de infraestructuras educativas o por la ausencia de maestros.

Más hacia el sur de Venezuela, en Bolívar, la realidad de los niños indígenas no es mucho más prometedora.

En Bolívar, los docentes están recurriendo a otra alternativa económica, irse a trabajar la mina, y cada día son más las plazas vacantes por esta razón, sobre todo en zonas como Tumeremo, Caicara, El Callao y Las Claritas.

Un caso simbólico lo conseguimos en la parroquia Aripao, del municipio Sucre, donde los habitantes de esas comunidades alegan que la mayoría de los docentes ha emigrado, y otros asisten sólo 3 días a la semana.

Pero no son sólo los docentes quienes ocupan cada día más puestos de trabajo en las minas, los niños y niñas dejan sus pupitres vacíos para introducirse en este mundo de ilegalidad y vicios.

Marcos Azatali, es un niño sanema de 10 años, uno de los muchos que trabaja junto a su padre para ayudar con los gastos del hogar. Lo que consiguen les alcanza básicamente sólo para comprar comida.

Él y sus 3 hermanos trabajan de caleteros cargando cosas desde El Playón hasta Las Pavas, subiendo un cerro empinado en un recorrido de 6 kilómetros que les toma 4 horas.

Este mismo recorrido lo hacen por lo menos 2 veces al día, cargando a cuestas grandes bultos de comida y otros insumos.

Los pequeños Azatali son el reflejo de la realidad que viven miles de niños indígenas de Bolívar, con salones de clase vacíos que son producto del hambre que se vive en sus hogares y que impide que muchos padres y madres envíen a sus hijos a las escuelas.

La minería ilegal es también causa de deserción escolar en Amazonas. Según los datos que maneja el Ministerio de Educación Popular para la Educación, desde 2014 la deserción escolar en Amazonas ha venido superando el 30%.

El impacto que genera esta práctica incide directamente en la deserción escolar, bien en la ausencia de los alumnos y profesores en las escuelas, quienes en vista de la devaluación irracional de sus sueldos, se ven obligados a emigrar a los campamentos mineros y dedicarse a alguna actividad económica relacionada con esa práctica extractivista.

En Amazonas además son constantes los reportes y testimonios que recibe el Observatorio de Derechos Indígenas Kapé Kapé sobre la grave situación de la educación en las comunidades de los siete municipios del estado Amazonas, donde el denominador común son la falta de alimentación escolar, de combustible para el transporte fluvial de los estudiantes y los impactos socioeconómicos y culturales de la minería ilegal.

Estas tres causas generaron que la Escuela “José Gumilla”, de San Fernando de Atabapo, tenga durante el año en curso una deserción escolar de 35%, según información aportada por profesores y demás personal de la escuela, en mesa de trabajo que organizó Kapé Kapé para tratar el tema.

La falta de alimentación en los comedores escolares es un factor preponderante en estas cifras. Actualmente los padres mandan a sus niños a las escuelas para que allí puedan alimentarse a través de los programas de alimentación escolar, pues en sus hogares cada día es más difícil acceder a la comida.

A la dramática situación de alimentación escolar que es común en estos 3 estados (Amazonas, Bolívar y Delta Amacuro), en el caso amazonense, se le suma la imposibilidad de los indígenas de acceder al combustible a precios oficiales para poder transportar a los estudiantes entre las comunidades.

La proliferación de mafias para la compra y venta de combustible afecta diariamente a cientos de indígenas que sólo cuentan con mecanismos fluviales para movilizarse.
A raíz de esta irregularidad, la venta de combustible se cotiza en no menos de 10 millones de bolívares por tambor, precio imposible de costear para los habitantes de estas comunidades ribereñas, que viven tan sólo de la venta de productos artesanales y la cosecha de algunos alimentos a baja escala.

A la luz de estas desviaciones sociales que afectan el sano desenvolvimiento de los niños y niñas indígenas, el Observatorio de Derechos Indígenas Kapé Kapé llama la atención una vez más al Estado y sus instituciones a dar cumplimiento a las atribuciones que por ley le competen.

En el marco del Día del Niño y Niña Indígena, lamentamos que no sólo hoy, sino el resto de los días del año, miles de pequeños no cuenten con la seguridad social que por derecho les corresponde.