17 de mayo de 2018.-

A continuación reproducimos el comunicado emitido por la Plataforma contra el Arco Minero del Orinoco ante las elecciones presidenciales convocadas por la Asamblea Nacional Constituyente para éste domingo 20 de mayo que plantea una serie de ejes de análisis para entender las dimensiones del megaproyecto minero en el marco de un nuevo proceso electoral ampliamente cuestionado. A continuación el contenido del comunicado:

Sin luz ni agua. El Arco Minero y las presidenciales

A pocos días del 20 de mayo se exacerba la campaña mediática. El asunto hegemoniza las principales secciones de prensa, radio y televisión nacional. Aunque con menor intensidad debido a los severos y progresivos impactos de la crisis económica, el tema de las elecciones presidenciales se ha ido posicionando en la opinión pública del venezolano. Lo curioso es que más allá de debatir un plan de medidas de emergencia para afrontar la situación actual, así como discutir temas estructurales y de urgencia como el derecho al agua potable o el sistema de salud público, el circo de polarización mediática, de grandes “meetings” políticos y promesas mágicas son los ejes centrales del escenario electoral. El circo electoral acentúa simultáneamente tanto la polarización política como la despolitización de la sociedad y, lo más lamentable es que este escenario es fiel reflejo del discurso y accionar de los principales sectores políticos del país (tanto oficialistas como aquellos sectores que agrupó la MUD).

Y lamentablemente el proyecto del Arco Minero del Orinoco (A.M.O) es un fiel reflejo de ello. Siendo espectadores y receptores de las campañas presidenciales vemos con preocupación cómo un tema definitorio para el futuro de nuevas generaciones es tratado de manera superficial y propagandística por la gran mayoría de los sectores políticos. Por un lado el gobierno y sus voceros buscan dar legitimidad a un proyecto etnocida, ecocida y entreguista mediante los falsos y viejos mitos del “desarrollo” y la “minería ecológica”, mientras que voceros relevantes de la oposición, como Julio Borges, invita a las transnacionales mineras a venir a Venezuela luego de que cambie el gobierno y el candidato presidencial Henry Falcón afirma que el problema del Arco Minero es la vagabundería. En lugar de posiciones críticas al arco minero, lo que proponen los distintos sectores políticos no son más que simples reformas. En ningún momento se cuestiona el modelo extractivista depredador de un proyecto que favorece única y directamente a intereses foráneos. Es como si el problema dependiera de quién administre el negocio, y no el negocio en sí mismo.

A partir del 2014, cuando se empezaban a evidenciar los síntomas iniciales de una crisis que solo se profundizaría con el transcurrir del tiempo, el gobierno nacional viene apostando a la construcción y consolidación de un régimen autoritario y represivo en pro de la ejecución de planes mega-extractivos y el desarrollo de negocios mafiosos con entes representativos del sistema financiero internacional. En ese sentido el Arco Minero del Orinoco es el reflejo del proyecto nacional que se plantea el ejecutivo como rumbo, no es uno más del montón o algo menor. Este constituye el proyecto de mayor envergadura de la cúpula gobernante, por su extensión, por todo el entramado jurídico inconstitucional expuesto en los decretos y leyes relacionadas directa o indirectamente con el decreto 2248, y por ubicarse en una zona estratégica para el país.

Aquellos que apostamos a transformar el escenario de forma distinta, debemos romper con la inercia de la vieja política. Por ello, en esta ocasión desde la Plataforma contra el Arco Minero buscamos irrumpir en el debate nacional hegemonizado por las elecciones presidenciales desde otra perspectiva. Haciendo un aporte concreto en el análisis y abordaje de una trama que implica amplias violaciones de derechos humanos y constitucionales, y que además pone en riesgo una de las zonas mega-diversas más importantes del mundo y la principal fuente de generación eléctrica en el país.

Cualquier sector político serio y preocupado por el país debe tener una postura clara respecto a la minería en el Sur (Bolívar, Amazonas, Delta Amacuro) y el resto de Venezuela, en sus distintas escalas de explotación, basado en principios de desarrollo sustentable. Partícipe o no del evento electoral. Por ello, desde la Plataforma queremos exponer ejes transversales críticos del proyecto que ayuden a evidenciar la gravedad del mismo.

INCONSTITUCIONAL E ILEGAL

Lo primero a tomar en cuenta es que el decreto se sostiene en estipulados claramente violatorios de los derechos contemplados en la Constitución y leyes orgánicas aprobadas ya hace más de una década. Aunque todo el proyecto engloba una amplia diversidad de dichas trasgresiones y abusos de derechos, hay 3 ejes esenciales que permiten evidenciar una clara violación del estado de derecho establecido en la Carta Magna: derechos indígenas, derechos ambientales y derechos sociales.

Derechos Indígenas

El A.M.O, que abarca una enorme extensión de territorio donde habitan una gran diversidad de pueblos indígenas (warao, e´ñepa, hoti, pumé, mapoyo, kariña, piaroa, pemón, ye´kwana y sanemá), fue decretado para la ejecución de grandes proyectos mineros sin llevarse a cabo los procesos de consulta previa a las comunidades como está contemplado en la Constitución (CRBV, art. 120) y en la Ley Orgánica de los Pueblos y Comunidades Indígenas (LOPCI, art. 11 y 12). Los pronunciamientos de varias comunidades afectadas así como de algunas organizaciones indígenas importantes como ORPIA, COIAM y Kuyujani en contra de la ejecución del A.M.O en sus territorios, ponen en entredicho los actos televisivos oficiales que se han pretendido hacer pasar como espacios de consulta a las comunidades. Debemos recordar que la Organización Internacional del Trabajo (OIT), organismo de la ONU que regula estas dinámicas, establece claramente en sus convenios que estos procesos no son simples reuniones informativas con los pueblos indígenas, sino que “La aplicación adecuada del derecho a la consulta implica un proceso cualitativo de negociaciones de buena fe y diálogo, mediante el cual el acuerdo y consentimiento, de ser posibles, pueden lograrse.” [1]

Además, se profundiza el irrespeto a la demarcación territorial de los pueblos originarios, derecho contemplado en el artículo 119 de la CRBV. Ya han pasado más de 3 años sin que el TSJ de respuesta al recurso de amparo del pueblo e´ñepa en reclamo de su derecho a la demarcación. Por otro lado, el reciente asesinato del indígena pemón Oscar Meya por parte bandas paraestatales, que controlan y a su vez se disputan gran parte de las minas de extracción a “pequeña” escala en el Estado Bolívar, son de las consecuencias más atroces de esta trasgresión. [2] Estos son algunos de los cientos de casos que reflejan la violación sistemática de este derecho.

Derechos Ambientales

La constitución es clara al establecer que todas las actividades que puedan generar daños a los ecosistemas, como de hecho ocurre con la actividad minera en territorio de la cuenca amazónica, deben ser  previamente acompañadas de estudios de impactos ambiental y sociocultural (art. 127), así como que la política de ordenación territorial, que ocurre de manera formal o informal en los territorios aledaños a las zonas mineras, la desarrollará el Estado de acuerdo con las premisas del desarrollo sustentable que incluya la información, consulta y participación ciudadana (art. 128). Dos años después de la firma del decreto 2248, período en el que se han firmado contratos con mineras extranjeras y en el que la expansión de la minería a pequeña escala en la última década se viene formalizando con el proyecto A.M.O, repentinamente el presidente de la Corporación Venezolana de Minería Técnica Minera (CVM - TECMIN), José Muñoz Ospino, afirmó que ya se han realizado 50 estudios de impacto socio-ambiental en el “Arco”. [3] 

Estudios que aún son desconocidos por los venezolanos de a pie, que no han sido presentados de manera transparente para ser corroborados por instituciones de diversos grupos de ingenieros, geoquímicos, biólogos, ecólogos, sociólogos y antropólogos venezolanos y que se contradicen fuertemente con las consecuencias de experiencias mineras en el mundo y las denuncias de especialistas en las diversas áreas implicadas. Esto último tomando en cuenta la fragilidad y la interconexión de todo el territorio que abarca el A.M.O y sus periferias, y que afecta directamente Áreas Bajo Régimen de Administración Especial (ABRAE) tales como: el Parque Nacional Jaua-Sarisariñama, la Reserva Forestal El Caura, los Monumentos Naturales del Ichún-Guanacoco, el Cerro Guiquinima, la Zona Protectora Sur del Estado Bolívar y la Reserva Forestal de Imataca, por nombrar algunas.

Derechos Sociales

Se cercenan derechos democráticos, políticos y sociales, como el derecho a la protesta y a la organización sindical, derecho a la libre expresión, derecho a vivir en entornos saludables, entre otros, al establecer en su artículo 25 que “ningún interés particular, gremial, sindical, de asociaciones o grupos, o sus normativas, prevalecerá sobre el interés general en el cumplimiento del objetivo contenido”, otorgándole amplios poderes a los cuerpos de seguridad para que garanticen dicho objetivo. Queda claro que el “interés general” atiende al de las corporaciones mineras y la obtención de la máxima renta minera, mientras que el interés particular corresponderá al de los indígenas en su lucha por habitar sus territorios ancestrales, de los trabajadores en su lucha por sus derechos y reivindicaciones y/o al de los habitantes de los estados Bolívar, Delta Amacuro y Amazonas por su derecho al agua potable y un ambiente sano.

VIOLACIÓN DE LA SOBERANÍA NACIONAL Y ENTREGA DE NUESTRAS RIQUEZAS

El seccionamiento del 12% del territorio contempla la instalación de un nuevo régimen político distinto al modelo de república contemplado en la carta magna nacional, con diferentes instituciones, leyes y un relacionamiento del estado con el pueblo mucho más represivo y con una concentración de poder desmedida en la superestructura estatal. Con lo contemplado en el decreto 2248, sujeto a lo que establece la Ley promulgada en 2014 que permite la creación de “Zonas Económicas Especiales” [4] en Venezuela, (art. 17 del decreto), se le otorgan a las mineras facilidades y preferencias respecto a restricciones arancelarias y para-arancelarias (art. 19 del decreto), así como la creación de nuevas aduanas especiales y zonas económicas fronterizas libres de controles en la importación de mercancías, bienes,  servicios para construcción y materias primas.

A su vez el ejecutivo nacional se atribuye la potestad de otorgar a las mineras y demás entidades conexas exoneraciones parciales o totales de tributos como el Impuesto Sobre la Renta (ISLR) y el Impuesto al Valor Agregado (IVA). Este sistema de características feudales en el que el presidente de la república controla a discreción y determina los porcentajes a cobrar sin ningún tipo de controlaría por parte del parlamento (poder legislativo) e ignorando lo contemplado en la CRBV, se concretó con la reciente promulgación de la Ley del Régimen Tributario para el Desarrollo del AMO por parte de la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente (ANC). Con este nuevo ordenamiento jurídico el presidente ejecutivo puede establecer porcentajes arbitrarios a los sujetos que intervengan en la zona (art. 1, 2 y 3), así como la capacidad del presidente del BCV (designado por el mandatario nacional) de autorizar a dichos sujetos a vender el oro extraído en Venezuela fuera de las fronteras nacionales.  

NEGOCIOS MAFIOSOS EN FAVOR DE LAS TRANSNACIONALES E INTERESES EXTRANJEROS

El extractivismo como modelo económico regional caracterizado por la reprimarización de los sectores de las economías nacionales deviene en un deterioro de los bienes públicos y una permanente entrega a sectores foráneos. En Venezuela, tanto la Faja Petrolífera como el A.M.O son ejemplos de las expresiones más claras y crudas de esta dinámica regional, donde los niveles de congraciamiento con los intereses extranjeros son una combinación de entrega de propiedad pública (acciones de la empresa, infraestructura) y de porciones del territorio nacional limitada por coordenadas específicas. En la actualidad, el gigantesco parque industrial minero y metalúrgico de Guayana está prácticamente paralizado, y decenas de miles de trabajadores, sin condiciones mínimas de trabajar ni producir, dependen directamente del estado rentista. El caso más grave es precisamente el del sector aurífero, con la empresa nacional CVG Minerven en níveles tan críticos que desde el 2016 se ha denunciado que sus instalaciones fueron desmanteladas e invadidas por mineros informales en los municipios de El Callao y Sifontes del Estado Bolívar. En este plano de capitulación intervienen varios actores nacionales e internacionales en tres ejes de acción comerciales: minería a pequeña escala (oro, diamante y coltán), holdings de maletín nacionales e internacionales y las empresas transnacionales mineras asociadas directamente al sistema financiero internacional, último eslabón de la cadena.

El gobierno en una política completamente indolente ante los terribles impactos ambientales en territorios amazónicos y de salud en millones de habitantes del Sur venezolano, ha optado por una expansión desmedida de la actividad minera a pequeña escala, que según Luis Romero, miembro de la organización social oficialista Consejo Popular Minero, supera las 250.000 personas (directamente en minas y actividades conexas) [5]. Expansión que ha deparado en un control de la extracción y explotación de oro -a dicha escala- por parte de bandas criminales paraestatales instaladas a lo largo de todos los municipios del sur; evidenciando una clara complicidad de los cuerpos de seguridad estatales cuya actitud inoperante o de presunta colaboración ha permitido la instalación acelerada y alarmante propagación de esta extracción criminal.

Por otro lado, el proyecto del Arco Minero contempla todo un entramado de negocios oscuros con holdings o sociedades comerciales constituidas por una red de empresas improductivas y asociadas a instituciones financieras volátiles y de característica mafiosa como la Bolsa de Valores de Toronto, donde los “peces gordos nunca pierden”. Se tienen los casos representativos de Faoz Corp (nacional), empresa desconocida y conformada recientemente, y el de Gold Reserve Inc. (extranjera) cuyo proyecto en Venezuela nunca generó dividendos a la República, contaminó la zona y por si fuera poco ha reportado estados financieros críticos en la última década. Cabe destacar, que ambos consorcios poseen empresas subsidiarias en Barbados, país que aparece en la lista negra de paraísos fiscales de la Unión Europea (UE).

A más de dos años de la promulgación del decreto 2248, se han firmado cartas de intención y acuerdos con transnacionales, muchas de las cuales tienen denuncias de violación de soberanía y derechos humanos, así como de responsabilidad directa de desastres ambientales. Entre esas corporaciones vale destacar a manera de ejemplo el caso de Barrick Gold Corp., que actualmente afronta demandas y denuncias internacionales por grave contaminación de ríos en República Dominicana (Ciudad Cotui) y Argentina (Provincia de San Juan). Aunque ciertamente la intervención de las empresas transnacionales en la región aún no ha ocurrido como lo tiene previsto el gobierno, lo cierto es que el proyecto viene abonando el terreno para que estas puedan actuar e instalarse en el momento que les resulte conveniente y rentable.

CORPORATIVIZACIÓN DE LA FUERZA ARMADA

En los últimos años, el militar (expresado en componentes de la FANB) se ha consolidado como actor que interviene directa e indirectamente en el proceso de extracción, procesamiento y comercialización del oro y demás minerales explotados en la región, en todas sus escalas. En primer lugar, con el decreto se le otorgan poderes especiales para garantizar el pleno desarrollo de todas las actividades mineras y comerciales realizadas en la zona, a lo que habría que agregar el establecimiento de las minas como Zonas de seguridad administradas directamente por el ministerio de Defensa, como lo establece el artículo38 de la ley de exploración y explotación del oro. Resulta así la militarización plena de la zona A.M.O, en la que los cuerpos de seguridad tienen la libertad de impedir y reprimir cualquier tipo de protesta o queja contra el proyecto por ser consideradas como “actuaciones tendentes a la obstaculización de las operaciones...” (Art. 25 del decreto). Esta zona económica es inconstitucional, ilegal, inconsulta, violatoria de la soberanía, lesionadora de la integridad territorial y que actualmente expresa graves conflictos socio-ambientales por su carácter etnocida y ecocida. Reducir este ámbito a una cuestión de zonas estratégicas y seguridad nacional, es una justificación superficial y conservadora que busca ocultar que detrás de proyectos como este se pretende acentuar la entrega de nuestros recursos del sur a las potencias del norte.

Sin embargo, el elemento más grave de la imbricación militar en el ámbito minero es el fenómeno de corporativización de la FANB, trascendiendo sus limitadas funciones de salvaguardar el país para involucrarse directamente en actividades comerciales. Dos semanas antes del anuncio oficial del Arco Minero, se promulgó el decreto 2231 que permite la creación de la Compañía Anónima Militar de Industrias Mineras, Petrolíferas y de Gas (Camimpeg), adscrita al Ministerio del Poder Popular para la Defensa. El 2231 habilita a Camimpeg a dedicarse “sin limitación alguna” a cualquier actividad relacionada directa o indirectamente con actividades mineras, petrolíferas o de gas. Al poseer un claro interés económico en la explotación de minerales, la FANB pasa a ser parte del mencionado “interés general” que establece el decreto, contrario al “interés particular” de indígenas, pequeños mineros y el resto de la sociedad venezolana.

SIN LUZ NI AGUA

Hoy la población venezolana atraviesa la peor de las crisis en las últimas décadas, con un fuerte racionamiento eléctrico y de servicio de agua, y por más lejano que se pueda estar del A.M.O, las actividades que en él se desarrollan agravan todo este contexto de miseria y precariedad.

La expansión de la actividad minera, a pequeña escala y apostando al desarrollo de grandes proyectos, representa un riesgo latente al acceso al agua potable por parte de los venezolanos. En primer lugar, porque todo tipo de minería contamina las aguas superficiales y subterráneas circundantes a la actividad extractiva, sea a pequeña escala vertiendo barros contaminados de mercurio en los afluentes cercanos, o a mediana o gran escala mediante los terribles accidentes de presas de colas en minas, que implican derrames de millones de litros de desechos, o la generación de Drenajes Ácidos de Minas. Estos últimos desastres ambientales, que cada año son más comunes en todo el mundo, pueden implicar “remediaciones” de miles de millones de dólares, por lo que la afirmación de la propagandizada “minería ecológica” resulta ambientalmente falaz y económicamente insostenible.

La actividad minera tiene como consecuencia un alto nivel de deforestación, siendo una de las actividades más depredadoras que ha sufrido el Amazonas, ese extenso territorio que ha sido llamado el pulmón del mundo. La deforestación masiva en el territorio impulsa la erosión y la desertización, afectando directamente las cuencas y con ello el suministro de agua a los centros poblados. Además, la misma genera sedimentación y contaminación de ríos (mercurio, cianuro, metales pesados, etc.). Todo esto conlleva a la destrucción de acuíferos y manantiales y facilita las crecidas e inundaciones en los períodos de lluvia debido a la pérdida de capacidad de retención del suelo por la desforestación, alterando todo el equilibrio del ciclo hidrológico.

Sin negar los impactos de fenómenos naturales como “El Niño”, la devastación y deforestación en todo el sur de Venezuela que viene generando la actividad minera desde hace más de una década, afecta directamente los afluentes que nutren los ríos Orinoco y Caroní, de los cuales depende la funcionalidad del eje fluvial Orinoco-Apure y el Sistema Hidroeléctrico del Caroní que produce el 70% de la electricidad que se consume en el país. Desde hace dos años atravesamos una grave crisis eléctrica con cortes de luz de varias horas y hasta días, período en el que no ha habido épocas de sequías intensas como las de años anteriores.

Por si fuera poco, además de afectar el ciclo de lluvias y contaminar nuestros principales ríos, la minería a cualquier escala implica un uso desmedido del agua. Solo en la mina de Veladero (Argentina), ubicada en la provincia de San Juan, la Barrick Gold (empresa canadiense) emplea 100 millones de litros de agua diarios; cifra alarmante cuando se toma en cuenta que una familia de 4 personas requiere 200 litros de agua potable por día para cumplir con todas sus necesidades. Hoy, cuando todos los municipios a nivel nacional se encuentran en un estado precario debido al fuerte racionamiento de agua, el gobierno nacional apuesta a la voracidad capitalista de acumulación a costa de que cada día sea más difícil el acceso a dicho recurso.

El agua es vital para los seres humanos. Alterar y contaminar sus ciclos pone en riesgo nuestra supervivencia, por lo que el proyecto Arco Minero no es menor ni secundario. Hoy hablar del tema es debatirse entre la ganancia de pocos y la vida de millones. De nada sirve dilucidar soluciones económicas para la crisis o la reconstrucción social de la nación, si la propia población está completamente limitada por algo tan elemental como el agua, sumado a la expansión nacional de epidemias como la malaria, que continua en incremento y sin respuesta efectiva del estado.

Conscientes de esta realidad, nuestro llamado es a la organización de la ciudadanía y todos los sectores sociales más allá de la participación, o no, en las elecciones del 20 de Mayo. Para nosotros como plataforma el objetivo central está en seguir batallando y denunciando esta atrocidad después del 21. Aunque sin duda sería un paso inicial, un cambio de gobierno no implicaría detener el mega-proyecto minero ni mucho menos un cuestionamiento del colapsado modelo rentista extractivo predominante en Venezuela. El problema es estructural y requiere de una tarea titánica de concientización y articulación de la acción social para enfrentarlo y defender una de las zonas mega-diversas y más importantes para Venezuela y el mundo. Asumamos el reto y sumemos esfuerzo de debate, solidaridad y organización.

Fb: Plataforma contra el Arco Minero

plataformacontraelamo@gmail.com

Twitter: @NoAlArcoMinero

Referencias

[1] Ref. 5 (manual OIT) - “Situación del Derecho a la Consulta Previa en Venezuela (2016)”.GRUPO DE TRABAJO ASUNTOS INDÍGENAS DE LA ULA, PROVEA, LABORATORIO DE PAZ. Se puede desacargar en el siguiente enlace: http://www.derechos.org.ve/pw/wp-content/uploads/Informe-Consulta-Previa.pdf

[2] "Solidaridad con el pueblo Pemón, fuera el crimen organizado de los territorios indígenas". Comunicado de varias organizaciones sociales. Abril, 2017. https://www.aporrea.org/actualidad/n323106.html

[3] "Arco Minero del Orinoco avanza con más de 50 estudios de impacto ambiental". Prensa Minería, MIPPCI. 25 de febrero de 2018. www.minci.gob.ve/2018/02/arco-minero-del-orinoco-avanza-mas-50-estudios-impacto-ambiental/  

[4] Decreto con Rango, Valor y Fuerza de la Ley de Regionalización Integral para el Desarrollo Socioproductivo de la Patria. Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6.151. Decreto 1.425. 18 de noviembre de 2014.

[5] "Criminalización mediática deforma la verdad del Arco Minero del Orinoco". EMILIO GUZMAN, Prensa Minería. Octubre, 2017. http://rnv.gob.ve/criminalizacion-mediatica-deforma-la-verdad-del-arco-minero-del-orinoco/