Un debate sobre cómo los tribunales de Massachusetts abordan las detenciones de ICE contra inmigrantes ilegales ha estallado después de que un tribunal superior local liberó a un no ciudadano acusado de violar por la fuerza a una menor.

Operaciones de Ejecución y Deportación de Boston reveló la semana pasada que el Tribunal Superior de Middlesex ignoró su orden de retención contra Maynor Francisco Hernández-Rodas, un ciudadano guatemalteco de 38 años que se encontraba ilegalmente presente.

Las detenciones, según el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU., solicitan que las autoridades locales o estatales “mantengan la custodia del no ciudadano por un período que no exceda las 48 horas más allá del tiempo en que el individuo sería liberado”.

Eso permite que “ERO asuma la custodia con fines de deportación de acuerdo con la ley federal”.

ERO Boston había presentado una orden de retención contra Hernández a finales de junio.

Un juez del Tribunal Superior de Middlesex procesó a Hernández el 4 de septiembre por violación agravada de un niño con fuerza y ​​violación de un niño por la fuerza.

El juez “se negó a honrar (la) orden de detención de inmigración y liberó (al) no ciudadano de regreso a (la) comunidad”, dijo ERO Boston en un comunicado.

Posteriormente, los agentes de ERO Boston arrestaron a Hernández el 20 de septiembre en Lowell, donde permanece bajo custodia de ERO.

“Maynor Francisco Hernández-Rodas está acusado de crímenes horribles contra un niño de Massachusetts”, dijo en un comunicado la directora interina de la oficina de campo, Patricia H. Hyde. “Representa un peligro importante para los niños de nuestra comunidad que no toleraremos. ERO Boston continuará priorizando la seguridad pública arrestando y eliminando amenazas atroces de no ciudadanos de nuestros vecindarios de Nueva Inglaterra”.

ICE argumenta que las detenciones “minimizan el potencial de que un individuo reincida” ya que “resultan en la transferencia directa de un no ciudadano de la custodia estatal o local a la custodia de ERO”.

Se dice que Hernández, quien ha sido condenado en el pasado por delitos de alteración del orden público, ingresó ilegalmente al país “en una fecha desconocida, en un lugar desconocido y sin inspección, admisión o libertad condicional por parte de un funcionario de inmigración estadounidense”.

La policía de Lowell arrestó a Hernández el 14 de junio de este año acusado de violación agravada de un niño y violación de un niño con fuerza.

Los tribunales de Massachusetts no tienen la autoridad para "arrestar y retener a un individuo únicamente sobre la base de una orden de detención federal de inmigración civil, más allá del tiempo que el individuo tendría derecho a ser liberado de la custodia estatal", según un fallo, conocido como la decisión Lunn, por la Corte Judicial Suprema de Massachusetts.

El SJC tomó esa decisión en julio de 2017, cuando la gobernadora Maura Healey se desempeñaba como fiscal general. Marcó la primera decisión a nivel estatal en la nación sobre si las autoridades locales pueden “detener a alguien a pedido de las autoridades federales de inmigración”.

“Para cumplir con la ley de Massachusetts, los funcionarios judiciales tienen prohibido ayudar o interferir con los agentes de ICE en el cumplimiento de sus obligaciones bajo la ley federal”, dijo Jennifer Donahue, portavoz de los tribunales de primera instancia de Massachusetts. “Eso significa que un funcionario judicial no interferirá con el arresto de ICE de una persona que ha sido liberada. Por otro lado, los funcionarios judiciales tienen prohibido mantener bajo custodia a una persona liberada en espera de un agente de ICE”.

Eso tiene que cambiar, dice la presidenta del Partido Republicano de Massachusetts, Amy Carnevale. Ella está pidiendo a la legislatura que “tome medidas, haga lo correcto para los residentes y exija a los tribunales que respeten las órdenes de retención de ICE para mantener seguras a nuestras comunidades”.