Miles de campesinos, trabajadores y vecinos de la tercera ciudad de Bolivia deciden avanzar hacia el gobierno propio de los más pobres, siguiendo el ejemplo de La Paz y El Alto. Esto recién empieza, dicen los más radicales, que no quieren ni sucesión presidencial ni elecciones. En Sucre el Congreso aún no encuentra la salida para desarmar la rebelión popular que cunde en el Altiplano y ahora se expande por los valles. El Ejército abre fuego: un minero muerto y tres heridos



La Paz, junio 9, 2005.- Mientras el Parlamento boliviano aún no decide si debe aplastar con sangre la rebelión popular o convocar a elecciones anticipadas para desarmar la protesta y poner a salvo los millonarios intereses de las transnacionales y de las clases dominantes, el pueblo está comenzado a construir su propio poder. Hoy, le ha tocado el turno al valle de Cochabamba, la tercera ciudad en importancia de Bolivia, que ha proclamado la urgencia de nacionalizar los hidrocarburos y de autogobernarse.

Esta mañana, "el cabildo del pueblo de Cochabamba ha decidido conformar la Asamblea Popular y construir el gobierno de obreros y campesinos, siguiendo la línea del ampliado de la Central Obrera Boliviana (COB) y de la reunión de la Federación de Juntas Vecinales de El Alto", dice la principal conclusión de la multitudinaria concentración de campesinos, fabriles, estudiantes, regantes, maestros y trabajadores y vecinos de todos los sectores populares.

Desde abajo, los trabajadores y vecinos intentan levantar y potenciar los gérmenes del nuevo poder, articulando a todos los sectores en lucha en torno a una dirección unificada.

La segunda resolución del Cabildo también es contundente y declara la "inmediata paralización de todo el país, si (el Congreso) desde Sucre nos quieren imponer a cualquier payaso politiquero burgués como presidente".

EL CONGRESO DUDA, EL EJÉRCITO DISPARA

Hasta las primeras horas de la tarde, el Parlamento aún no se había instalado en la ciudad de Sucre y seguían las febriles tratativas para alcanzar acuerdos mínimos, ya sea para convertir al primer hombre del Congreso, Hormando Vaca Diez, en sucesor del renunciante Carlos Mesa o para elegir en el cargo a Eduardo Rodríguez, el titular de la Corte Suprema de Justicia.

Dar el gobierno a Vaca Diez, que cuenta con el apoyo de la oligarquía latifundista y pro petrolera del oriente y de los partidos neoliberales que gobernaron con el ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada (derrocado en octubre del 2003 por una insurrección popular), equivale a dar vía libre para que el Ejército abra fuego contra campesinos, obreros y vecinos que controlan las ciudades de La Paz y El Alto, que han cercado seis de las diez ciudades más grandes de Bolivia y que han bloqueado más del 80% de caminos que existen en el país.

Un eventual gobierno de Rodríguez, respaldado por el Movimiento al Socialismo (MAS) del diputado cocalero Evo Morales, por los sectores moderados del empresariado, de las clases medias urbanas y de la Iglesia, equivaldría a la convocatoria a nuevas elecciones nacionales a fin de año y, por tanto, la suspensión de la lucha popular por la recuperación del gas y el petróleo.

La Embajada de Estados Unidos, las transnacionales y el Ejército priorizan la alternativa de Vaca Diez, pero no descartan la vía electoral en torno a Rodríguez, el que parece ganar espacio en la medida que se multiplican las huelgas de hambre de alcaldes y representantes de clases medias que se oponen tenazmente a Vaca Diez. Las masivas manifestaciones de campesinos y sectores moderados de trabajadores y vecinos en La Paz, Cochabamba, Sucre, Oruro, Potosí también cuentan a favor de Rodríguez y aumentan la cuota de sangre que significaría insistir con Vaca Diez. La Embajada, las transnacionales y el Ejército están haciendo los cálculos respectivos y Juan Corro, minero cooperativista, es el primero en la lista.

El minero Corro ha caido a bala en Yotala, a pocos kilómetros de Sucre, a donde iba con un par de miles de compañeros para impedir que Vaca Diez tomer a Presidencia. Otros tres mineros también están heridos.

PROCESO REVOLUCIONARIO

Mientras tanto, y ante la enconada disputa entre los que pugnan por la vía militar y la vía electoral, los sectores más radicalizados y combativos de la COB, de los mineros, maestros, trabajadores y vecinos de La Paz, El Alto y Cochabamba avanzan hacia la estructuración paulatina del poder popular.

"En El Alto ya se están estructurando los comités de abastecimientos y los comités de autodefensa. Estamos avanzando poco a poco", dice el dirigente de la COB, Luis Choquetijlla, que insiste en que hay una lucha irrenunciable por la nacionalización y que un eventual gobierno de Vaca Diez empujaría más aceleradamente a los trabajadores a conformar su propio gobierno.

"Este proceso revolucionario es largo y difícil", agrega el dirigente de los maestros urbanos de El Alto, Gonzalo Soruco, que encabeza otra masiva manifestación en el centro de La Paz. "La Asamblea popular recién es un germen (...) Tiene que dotarse de un programa revolucionario. El eje de la lucha es la recuperación de todos los recursos naturales y eso plantea la expulsión de las transnacionales. Este es un proceso y hay que potenciar la lucha revolucionaria para que todos se convenzan que los problemas nacionales no se van a resolver en el Parlamento, sino en la lucha en las calles y que es necesaria la revolución".

"No se trata de quién sea Presidente, no se trata de personajes. No hay que discutir si Vaca, Cossío o Rodríguez. Aquí se trata que la clase obrera, junto a todos los hambrientos y oprimidos de este país, tome el poder", dice.

En la marcha también están miles de fabriles, que claman por la nacionalización del gas y el petróleo. Ellos también hablan de revolución. Max Tola, dirigente de la Cervecería, una de las más grandes fábricas de La Paz no tiene dudas. "No hay salida política entre ellos, entre los burgueses. Aquí se trata de la nacionalización y de la toma del poder por los obreros. La consigna es obreros y campesinos al poder".

Francisco Quispe, dirigente de la Federación de Fabriles de La Paz, también dice que "si no hay nacionalización vamos a seguir movilizados. La nacionalización es la única salida para crear más fuentes de trabajo, para matar el hambre y la miseria que nos está destruyendo.
La única solución es que los trabajadores tenemos que tomar el poder".

Otros, en cambio no están tan convencidos. Severino Valiente Pinto, autoridad originaria, Mallku de Curahuara de Carangas, provincia Sajama, dice que "este es solo un inicio" y que las nuevas autoridades finalmente oirán al pueblo en su reclamo por recuperar todos los recursos naturales.