Santiago 17 julio. - Un oficial del Ejército que sirvió como piloto del ex dictador chileno Augusto Pinochet confesó a un juez haber lanzado al mar desde un helicóptero, en 1987, los cadáveres de cinco opositores al régimen militar, revela hoy el diario "La Nación", de Santiago.
La orden, según la versión, la habría dado el propio Pinochet, molesto porque su policía secreta, la Central Nacional de Informaciones (CNI), pretendía canjear a los opositores, miembros del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), por un coronel que había sido secuestrado por el grupo ultraizquierdista.
Bajo la premisa de que el régimen no negociaba con terroristas, se dispuso la eliminación de Gonzalo Fuenzalida, Julio Muñoz, José Peña, Alejandro Pinochet y Manuel Sepúlveda, considerados por las agrupaciones de derechos humanos los últimos detenidos desaparecidos de la dictadura (1973-1990).
El piloto, al que el diario identifica como "el chino Campos", dijo al juez del caso, Hugo Dolmestch, que su jefe directo, el coronel Mario Navarrete, le comunicó en septiembre de 1987 que por orden de Pinochet debía usar un helicóptero para recoger "unos paquetes" en el campo militar de Peldehue, cerca de Santiago.
Los paquetes eran los cadáveres de los cinco detenidos, que según estableció la investigación judicial fueron asesinados con una inyección letal por un enfermero de la CNI apodado "El Quincy", quien se suicidó hace tres años.
El "chino Campos" dijo que lanzó los cadáveres en alta mar frente al puerto de San Antonio, situado a unos 110 kilómetros al suroeste de Santiago.
En el vuelo lo acompañó otro oficial, que actualmente es agregado militar en Europa y que, según la versión, será procesado próximamente.
La CNI pretendía, antes de recibir la orden de asesinar a los cinco detenidos, canjearlos por el coronel Carlos Carreño, cuyo secuestro en 1987 causó revuelo en Chile y al que sus captores liberaron después de tres meses de cautiverio en Sao Paulo.
Varios antiguos miembros de la CNI, entre ellos su entonces director, el general retirado Hugo Salas Wenzel, y el jefe operativo, Alvaro Corbalán, están procesados por el juez Dolmestch en este caso.
Salas Wenzel y Corbalán cumplen actualmente penas de prisión por su responsabilidad en otros casos de violaciones de los derechos humanos.
