Washington, 28 de septiembre. El Senado aprobó hoy la tortura y la anulación del derecho fundamental de un acusado de acceso a las pruebas en su contra para todo extranjero (incluidos inmigrantes) que sean designados "enemigos" por el presidente de Estados Unidos, convirtiendo a este país, según un ex abogado militar, en una "república bananera".

El presidente George W. Bush promulgará esta ley a la brevedad, la cual él y sus aliados consideran una "herramienta vital" en la lucha contra el "terror", cuyas medidas, dicen, ya han evitado atentados "terroristas" en los últimos años

La votación de esta noche en el Senado fue de 65 contra 34 en favor de la llamada Ley de Comisiones Militares (nombre del sistema judicial para "combatientes enemigos ilegales"). Con la previa aprobación de este proyecto en la Cámara de Representantes y su aprobación en el Senado esta noche, el presidente Bush y su gobierno se anotaron un triunfo al legalizar una serie de medidas autorizadas por el Ejecutivo en el curso de los últimos cuatro años como parte de la llamada "guerra contra el terror" y que recientemente fueron consideradas inconstitucionales por la Suprema Corte y violatorias de las Convenciones de Ginebra.

Bush realizó una inusual visita al Senado esta mañana para promover la aprobación del proyecto, que ha sido denunciado por visitadores de la Organización de Naciones Unidas, ex abogados militares, varios legisladores, organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos, editorialistas y expertos en ley constitucional e internacional.

La iniciativa de ley otorga un tipo de amnistía para posibles crímenes de guerra cometidos por personal estadunidense en los últimos años (por tortura, encarcelamiento clandestino, desapariciones y otros), redefine por primera vez en más de 50 años las Convenciones de Ginebra, autoriza la tortura (oficialmente se llama "técnicas de interrogación"), y anula para siempre el derecho de los detenidos a cuestionar las razones de su encarcelamiento o su trato.

Bajo el proyecto aprobado hoy, el presidente y sus representantes tienen el poder de designar a casi cualquier ciudadano del mundo, incluidos los inmigrantes legales en este país, como "combatiente enemigo ilegal" con lo cual podría ser detenido indefinidamente sin acceso a un tribunal. La ley también permitirá los "métodos de interrogación" que se consideran "permisibles", o sea, qué es o no tortura lo define el presidente, lo cual, además, es secreto.

Los tribunales estadunidenses no tienen poder para interceder en el nuevo sistema judicial militar para procesar a los "combatientes enemigos", sólo hasta después de que se emita un veredicto. Nadie podrá presentar demandas legales contra el gobierno estadunidense por estos casos con base en las Convenciones de Ginebra. Pruebas que son resultado de tortura podrán ser presentadas en estos procesos si el juez determina que son "confiables".

Pero la anulación del derecho de habeas corpus, un principio legal que antecede a la Carta Magna del siglo XIII, que forma la base de los sistemas legales occidentales y que está consagrado en la Constitución de Estados Unidos, no tiene precedente. Este concepto establece el derecho de un prisionero de conocer las razones por las cuales está detenido.

John D. Hutson, ex almirante y ex abogado militar uniformado de mayor rango de la Marina, argumentó esta semana ante legisladores que el derecho de habeas era fundamental para la identidad estadunidense. "Sin este tipo de protecciones, sólo somos una república bananera más", declaró en una audiencia del Comité Judicial del Senado.

Hoy, el director ejecutivo del Centro de Derechos Constitucionales, Vincent Warren, dijo que esta legislación "otorga al presidente el privilegio de reyes, permitiéndole encarcelar a cualquier crítico como supuesto 'combatiente enemigo', que jamás verá el interior de un tribunal o tendrá la oportunidad de cuestionar su detención o su trato. ¿Qué diríamos si otro país aprobara una ley haciendo legal el secuestro de un ciudadano estadunidense y su detención indefinida?"

Otros abogados han señalado que el habeas corpus ha sido suspendido en cuatro ocasiones en la historia de este país, pero sólo brevemente y en territorio que era zona de combate.

Esta noche Amnistía Internacional expresó su desilusión y declaró que la aprobación "pone en duda el compromiso de Estados Unidos con los principios fundamentales de justicia y juicios imparciales".

"Nuestra democracia es la gran perdedora", opinó hoy el New York Times en su editorial, al señalar cómo los republicanos y su presidente, así como los demócratas, estaban por aprobar esta ley por razones electorales en esta coyuntura política. Concluyó que los estadunidenses en el futuro recordarán que "en 2006, el Congreso aprobó una ley tiránica que será comparada con los momentos más bajos de nuestra democracia."