Varias organizaciones y movimientos sociales, entre éstos, defensores de los derechos de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, encabezados por Anahí Arismendi (de la Fundación Caracas para los Niños) y el Frente Nacional de Abogados Bolivarianos, representado por Julio Lattán Avalo, manifestaron el viernes pasado (25-05-07) frente a las puertas del Tribunal Supremo de Justicia para exijir respuesta, con celeridad, a los diferentes recursos que han introducido en distintos momentos y desde hace ya bastante tiempo, contra los dueños de los canales de televisión privados. Miembros de Aporrea son adherentes de este recurso. Simultáneamente con la protesta por este motivo, celebraron la reciente decisión del TSJ de rechazar el Recurso de RCTV contra la decisión gubernamental de no renovarle la concesión de uso del espacio radioeléctrico, a la fecha de su vencimiento (fijada para este 28 de mayo de 2007). Las organizaciones están asumiendo su protagonismo en la lucha contra el "psico-terrorismo mediático"; la cosa no es sólo con Chávez, la cosa es con el pueblo.
Aunque no han sido el actor más mencionado en las reseñas de prensa, radio y televisión, y aunque son silenciadas y censuradas por el poder mediático, las organizaciones sociales vienen desde hace ya bastante tiempo, tomando la calle y los tribunales, en defensa de los derechos humanos, difusos y colectivos, violados por los dueños de los medios de comunicación comerciales y propagandistas-agitadores de la oposición capitalista al proceso revolucionario venezolano. Desde el mismo año 2002, después del golpe de Estado fallido ejecutado por la derecha, abogados bolivarianos, en representación de varias organizaciones civiles, introdujeron un Recurso de Amparo Constitucional contra los dueños de varias televisoras privadas involucradas en las conspiraciones golpistas, por violación de derechos humanos.
En octubre de 2002, las Asociaciones Civiles Foro Constitución y Paz, Emergencia Patriótica 333, Guardianes de la Luz, Movimiento por la Paz y el Desarrollo Social y la Coordinadora Popular de Caracas, intentaron ante la Sala Constitucional del TSJ un Amparo Constitucional contra los propietarios de las empresas RCTV, VENEVISION, TELEVEN, GLOBOVISION y varios de sus programas. Los accionantes, asistidos por integrantes del Frente Nacional de Abogados Bolivarianos, alegaron que estas empresas, y especialmente, con mayor persistencia, RCTV y Globovisión, se dedican a comerciar con la comunicación y suelen hacer uso político de la misma –como es del conocimiento público- en función de las estrategias contrarrevolucionarias de la oposición burguesa, con incursión en sucesivos golpes de Estado y sabotajes económicos, acarreando múltiples violaciones de derechos humanos. En el Recurso de Amparo pedían protección para los ciudadanos por presunta “violación de los derechos constitucionales a la democracia, a la igualdad, al pluralismo político, a la formación ciudadana, a la libertad de expresión, a la información y a la comunicación plural, a la información libre y sin censura y a la información veraz e imparcial”. Varias acciones se sumaron a tal causa contra los dueños de los medios golpistas, abarcando la violación de otros derechos fundamentales. También hubo un recurso contra GLOBOVISION, por violación de derechos humanos, admitido por la Sala Constitucional y todo ello se acumuló, por decisión de la Sala, con el expediente nº 04-0615.
Lamentablemente, tras cinco años de retardo procesal, hubo una decisión emitida por la Sala Constitucional del TSJ, que revocó la acumulación de causas contra los propietarios de RCTV, VENEVISION, TELEVEN, GLOBOVISION y varios de sus programas, y que dió por “terminado el procedimiento” judicial tramitado en el caso que involucra a varias de las plantas televisoras. La decisión fue emitida el 2 de marzo de 2007 (Sentencia 373, Expediente 02-2443, publicada por Prensa-TSJ el día 6 de marzo 2007). Semejante decisión fue calificada como “insólita a los ojos del movimiento popular”, por los accionantes y adherentes de la demanda. Esto generó indignación y acciones de protesta ante el máximo tribunal. La primera audiencia convocada para el juício por el Recurso contra Globovisión fue suspendida el mismo día en que RCTV introducía su Amparo contra la decisión presidencial de no renovarle la concesión de uso del espacio radioeléctrico y todavía no ha sido vuelta a convocar. Este juicio sigue pendiente y debería realizarse próximamente.
Por su parte, los defensores de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, reclaman porque el TSJ no ha decidido sobre sucesivos recursos que han interpuesto por diversas violaciones de derechos que atribuyen a los canales privados, como el uso indebido de los horarios y transmisiones no permitidas en horario infantil, propaganda subrepticia de bebidas alcohólicas, especialmente cerveza, uso de los niños para exhibiciones inmorales, etc.
También hubo en el año 2003 un grupo de madres y personas representando las organizaciones no gubernamentales "Madres por una Televisón sin Violencia" y "Fortalecimiento del Poder Local", junto a miembros del "Comité de Usuarios de los Medios de Comunicación" (Cumeco) que introdujeron ante el Tribunal Supremo de Justicia un Recurso de Amparo contra los medios de comunicación por su actitud y su bombardeo mediático que perjudica terriblemente a los niños.
Hace pocos meses se efectuó una primera Audiencia correspondiente al juicio que se inició en el TSJ producto de otro Recurso presentado con la representación del Abogado Juan Garantón, al cual se adhirieron varias organizaciones sociales como terceros, en contra de RCTV por la emisión de propaganda de servicios de prostitución y de pornografía, que fue motivo de una medida cautelar del tribunal en prohibición de dicha publicidad, lo cual causó pérdida de muchos miles de dólares a la administración del señor Marcel Granier. Este proceso todavía siugue en curso.
Todo esto espera por su debida respuesta o prosecución por parte del TSJ y las organizaciones sociales lo están reclamando, aunque reconocen y felicitan la reciente decisión del TSJ contra el poder mediático representado por RCTV y en favor de los derechos de los ciudadanos a una televisión de servicio público y social. La presión de las organizaciones sociales se está haciendo sentir cada vez más, en ejercicio de su papel contralor y protagónico.
Hace pocos días, en Bolivia, el V Encuentro de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad resolvió brindar apoyo a las acciones legales iniciadas o a realizar por las organizaciones sociales contra los medios de comunicación privados, en cualquiera de nuestros países, en defensa de los derechos humanos.
Una buena noticia ha sido la decisión que acaba de dictar la Sala Constitucional en respuesta al escrito presentado por miembros de Comités de Usuarios y Usuarias de los Medios, así como de organizaciones populares, gracias a la cual la nueva televisora social del Estado, TVES, que emitirá su programación al aire, haciendo uso de la señal radioeléctrica asignada hasta el 28 de mayo a RCTV, podrá utilizar los equipos de transmisión empleados hasta el momento por la televisora golpista que perdió su concesión, al final de su plazo, por haberse convertido en instrumento delictivo contra el porder legítimamente constituido y contra los derechos de los ciudadanos.
Las organizaciones sociales aseguran que seguirán en batalla hasta acabar con la impunidad mediática y lograr la restitución y protección de todos los derechos, así como las compensaciones correspondientes, teniendo como rumbo la socialización de los medios, como única manera de que tales derechos sean garantizados.