Existe corrupción en el país y nadie puede negarlo. Se trata de un mal que nace con la creación de la patria y de mucho más atrás, nace de la peor herencia que nos legó el imperio español durante sus más de trescientos años de conquista: el mayor y más sangriento saqueo que conoce la historia de la humanidad.

Pero vamos al grano, queremos en lo adelante y estamos seguros que contaremos con el mayor apoyo de Aporrea, divulgar en sus páginas trabajos de investigación y otros documentos sobre el tema del control público obtenido de estudiosos de distintos espacios del mundo con el objetivo específico de acopiar todo aquello que nos sea útil para que le demos un vuelco de ciento ochenta grados a la concepción que tenemos del control público en el país, de manera que éste se adecúe y marche a la par y al mismo ritmo en que lo hace la administración en el cumplimiento de sus responsabilidades.

Debemos establecer un control proactivo que sea capaz de evitar, primero que nada, errores y desviaciones y, luego, que tenga la destreza operativa necesaria para detectar vicios e irregularidades y de esa manera corregir de inmediato lo que haya que corregir, así como abrir los procesos de investigación que sean necesarios en el término de la distancia. No es posible continuar con un control “posterior”, cuyos resultados sólo vienen a verse y sentirse, tres, cuatro y hasta más años después de cometidos los ilícitos, ¡ojo…! siempre y cuando no se interpongan en el camino oscuros intereses para que nada suceda, para que reine la impunidad que, como sabemos, ha sido la reina de nuestras mayores tragedias…

Hemos creído necesario iniciar esta tarea bibliográfica con el tema de la “Rendición de Cuentas”. Es un tema al que debemos atender con la mayor urgencia, pues en muchos ámbitos se sigue creyendo que el control numérico, más allá de que existen normas que imponen en Venezuela el control de gestión, determina si un administrador cumplió su tarea satisfactoriamente. Y eso no es así, jamás podemos llegar a esa conclusión, pero, lamentablemente, es eso lo que registran quienes deben rendir cuentas por separación de cargos o porque  deben hacerlo ante determinada instancias de fiscalización.

Lo que sigue lo hemos tomado de una tesis doctoral mejicana*

 “Rendición de cuentas” es un término que traduce de manera limitada el significado de la palabra anglosajona accountability, que en inglés significa “el estado de ser sujeto a la obligación de reportar, explicar o justificar algo; [...] ser responsable de algo (liable) [...] ser sujeto y responsable para dar cuentas y responder a preguntas (answerable)”

Accountability se derivan de account, que significa “descripción oral o escrita de eventos o situaciones particulares [...] explicación de una conducta a un superior [...] razones, sustentos [...] balance de ingresos y gastos [...] registros financieros [...]”.

En inglés, el sustantivo account derivó en dos términos: accounting, que hace referencia a la profesión de la contabilidad, y accountability, que hace referencia al  acto de dar cuentas.

En español, sin embargo, el término “cuenta” (traducción de account) sólo generó el derivado “contabilidad” y nunca desarrolló uno que significara el “acto de dar cuentas”. En consecuencia, mientras accounting se ha traducido como contabilidad, accountability carece de un término correspondiente por lo que se le ha traducido como “rendición de cuentas”, término de difícil conjugación y que deja a la ciencia política y a los políticos hispanoparlantes sin un vocablo adecuado para describir esa característica que es central para las democracias representativas con separación de poderes, como es el caso de México.

Tan reciente es el uso del término “rendición de cuentas”, que el Diccionario de la Lengua Española en su edición de 1992 define “rendición” bajo diferentes acepciones, ninguna de las cuales hace referencia a control o vigilancia de gobernantes. Lo mismo sucede con el Diccionario del Español Usual en México, que define “rendición” en varias vertientes – rendición como sometimiento al ejército enemigo; rendición como cansancio extremo; rendición como producción de ganancia o buen resultado; rendición como suficiencia o insuficiencia de algo; rendición como tributo u homenaje a alguien – ninguna de las cuales hace referencia a pesos y contrapesos administrativos o políticos.

Pasando del ámbito de los diccionarios al de la política, la rendición de cuentas significa “la obligación de todos los servidores públicos de dar cuentas, explicar y justificar sus actos al público, que es el último depositario de la soberanía en una democracia”.

Para McLean, la rendición de cuentas es “el requerimiento para que los representantes den cuenta y respondan frente a los representados sobre el uso de sus poderes y responsabilidades, actúen como respuesta a las críticas o requerimientos que les son señalados, y acepten responsabilidad en caso de errores, incompetencia o engaño” .

Para Schedler, la rendición de cuentas en el ámbito político es un concepto de dos dimensiones que denota, por un lado, la obligación de los políticos y funcionarios públicos de informar y justificar sus actos (answerability) y, por el otro, la capacidad para imponer sanciones negativas a los funcionarios y representantes que violen ciertas normas de conducta (enforcement).

Para Schedler, answerability implica el derecho ciudadano de recibir información y la obligación de los funcionarios de proveerla, pero de manera paralela implica también contar con los mecanismos para supervisar los actos de gobierno. Por su parte, enforcement implica hacer cumplir la ley y sancionar a los gobernantes y representantes que incumplen su mandato a fin de que paguen las consecuencias de sus actos y se active un mecanismo de control preventivo que disuada a potenciales infractores de la ley.

Para Luis F. Aguilar, rendir cuentas significa responsabilidad no en el sentido moral, sino en el social- jurídico de ser responsable de algo ante alguien; implica el sentido de información obligada (no opcional) y de información sobre el cumplimiento o incumplimiento de la responsabilidad. En su opinión, hablar de rendición de cuentas desvinculada de obligatoriedad es un enfoque parcial. “Rendir cuentas es estar por obligación disponible a ser requerido a informar del cumplimiento de responsabilidades.

Es importante destacar el papel de las sanciones en el concepto de rendición de cuentas. Para Schedler, “un sujeto rinde cuentas a otro cuando está obligado a informarle sobre sus acciones y decisiones (pasadas y futuras), justificarlas, y sufrir castigo en el caso de una mala conducta”.

Para Fearon, “una persona X rinde cuentas a otra persona Y, si dos condiciones se cumplen. Primero, hay un entendimiento de que X está obligada a actuar en nombre de Y. Segundo, Y está facultada por reglas formales e informales para sancionar o premiar a X por su desempeño en esta capacidad”.

Según Dunn, “para que la rendición de cuentas conduzca a la responsividad (sic) o sensibilidad de un gobierno, deben existir sanciones y estímulos [...] La remoción de la oficina (no reelección) constituye la más directa sanción [...] Los representantes populares enfrentan otras sanciones además de la remoción del cargo, entre ellas la denuncia, la exhibición, las penas presupuestales y administrativas”.

Para precisar el contenido del concepto, a continuación se enlistan cinco características de la rendición de cuentas que permiten distinguirla de conceptos semejantes:

• Delegación. La rendición de cuentas implica delegación de autoridad y responsabilidad de un sujeto “A” llamado mandante o principal a otro sujeto “B” llamado mandatario o agente.

• Representación. La delegación de autoridad significa que el agente (sujeto B) representa al principal (sujeto A) y actúa en su nombre, por lo que debe rendirle cuentas de todo lo que decide y hace en su nombre.

• Responsabilidad mutua. La rendición de cuentas implica una responsabilidad dual. Por un lado, la obligación permanente del agente (B) para ofrecer información detallada de sus actos a su principal (A); y, por el otro, la capacidad y el derecho del principal para monitorear las acciones del agente, detectar posibles incumplimientos y sancionarlo.

• Sanciones. Cuando la rendición de cuentas muestra que el agente (B) incumplió sus responsabilidades, el principal (A) tiene mecanismos para imponerle castigos y sanciones.

• Contrato. La delegación de autoridad del principal al agente implica algún tipo de contrato, ya sea de carácter informal a través de acuerdos verbales o sociales, o de carácter formal a través de leyes y reglas escritas. En el primer caso el contrato informal implica sanciones informales (rechazo comunitario, pérdida de confianza, destierro social), mientras que en el segundo caso las sanciones son formales (desafuero, penas administrativas y/o penales, entre otras). En el ámbito de las relaciones políticas, la mayoría de los contratos son formales y escritos (leyes, reglamentos, estatutos) y establecen sanciones formales de tipo administrativo, civil o penal en caso de incumplimiento. El contrato superior y más comprehensivo de las democracias son las constituciones, y son complementadas con leyes secundarias y reglamentos.

Hechas estas precisiones, la rendición de cuentas se define como la obligación permanente de los mandatarios o agentes para informar a sus mandantes o principales de los actos que llevan a cabo como resultado de una delegación de autoridad que se realiza mediante un contrato formal o informal y que implica sanciones en caso de incumplimiento. Los mandantes o principales supervisan también a los mandatarios o agentes para garantizar que la información proporcionada sea fidedigna.

(*)   Tomado de la tesis doctoral del Dr. Mauro Sánchez Hernández: El Órgano de Fiscalización Superior y el Instituto Estatal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Elementos Inherentes de la Democracia, para el Combate a la Corrupción en el Sector Gubernamental (Caso Oaxaca, México).


http://www.eumed.net/tesis/2008/mash/RENDICION%20DE%20CUENTAS%20Y%20DEMOCRACIA.htm
 
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