Iniciamos así el año con buenos augurios hacia una mejor y más eficaz lucha contra la corrupción.
El ejercicio de la función del control del gasto público debe tener la debida jerarquía en todas las organizaciones y entidades del Estado y debe otorgársele importancia relevante e insustituible como única opción para asegurar que los actos administrativos que implican el manejo de los recursos presupuestarios correspondientes, se haga con total y absoluta pulcritud y transparencia, apegados a la legalidad, específicamente a lo dispuesto en la Ley Orgánica de la Contraloría General, en su artículo 38.
Las más altas gerencias del ámbito público tienen en ese ejercicio de contraloría un excelente apoyo para cumplir con sus responsabilidades y contribuir, de manera efectiva, a librar la batalla de todos los días contra los corruptos que logran infiltrarse en las áreas de decisión y de mando de los estamentos estatales, quienes con gran habilidad hacen hasta lo indecible por aprovecharse de sus posiciones burocráticas y así ponen a funcionar una maraña de complicidades para no sólo manipular los mecanismos presupuestarios y obviar el acatamiento de las normas de control, sino inflar los precios y costos de los contratos y órdenes de compra o de servicios, e igualmente, facilitar el “libre” y casi descarado cobro de comisiones jugosas, sin dejar, las más de las veces, pruebas que los comprometan.
Pero no basta sólo con esa gestión del control preventivo de la legalidad del gasto, como lo venimos diciendo desde hace muchos años. Se hace necesario complementarlo en tiempo real con inspecciones rutinarias que pudieran ser selectivas en una primera fase hacia el rescate de una política de contraloría proactiva, o lo que en la jerga del control de gasto público se le denomina como control concomitante (*) pues se impone como un deber de quienes desde los más altos escalones de los estamentos oficiales han asumido la responsabilidad de administrar fondos públicos, velar porque quienes en la gerencia media y baja les corresponde adelantar en las praxis los trámites respectivos, que cumplan con rigurosidad los mandamientos de la Ley Contra la Corrupción en su Capítulo II, “Principios para prevenir la Corrupción y Salvaguardar el Patrimonio Público” y para ello no queda otra opción sino recurrir a esos procesos de inspección y fiscalización.
Vale destacar, como algo de suma importancia, que el propio presidente Hugo Chávez en su comparecencia por la televisión pocas horas antes de partir para la reunión del Mercosur en Montevideo el pasado día 19 de diciembre, instruyó a alguno de sus ministros, ante un reporte de actuación inadecuado de un determinado funcionario responsable de atender a damnificados, tal y como así él mismo lo calificara, para que designaran de urgencia comisiones que inspeccionaran esas actuaciones sociales, e igualmente para que lo hicieran con todos los planes y obras en marcha del gobierno a nivel nacional, para corregir los entuertos que pudieran estar retrasándolos e igualmente los exhortó a aplicar las sanciones que correspondan si de esas actuaciones se determinan evidentes retrasos por desidia o incapacidad gerencial manifiesta. Inclusive, y he allí lo trascendente de esa orden presidencial, es que en el mismo acto le ordenó al Procurador General de la República, Dr. Carlos Escarrá, que conformara una unidad de inspectores y fiscales para que de manera rutinaria acometieran esa tarea esencial para garantizar que su equipo de gobierno trabaje con eficiencia y con eficacia. “Ya basta, dijo (palabras más, palabras menos), no podemos cometer errores de ningún tipo en el manejo de los dineros del pueblo…”
Finalmente, no creemos que haya necesidad de demostración alguna para convencer a tirios y troyanos, que luego de que el máximo órgano de control del país, la Contraloría General, eliminara de sus atribuciones el control previo en 1996 en los entes centralizados y en el 2004, en los descentralizados, y trasladó esa responsabilidad a los mismos organismos de la administración, se fue perdiendo, a la velocidad del rayo, la capacidad para impedir que se cometan de la manera más fácil y vergonzosa los delitos contra la cosa pública, lo cual se hace evidente por mil historias y realidades que hacen parte de la vida diaria de cada venezolano, en un país aún todavía pequeño, donde -además- todos nos conocemos y ya casi sin asombro alguno y cada vez con más asiduidad, vemos que fulano y zutano, quienes vivían hasta ayer nomás de manera modesta de un sueldo como funcionarios del Estado, de pronto se les ve mostrando una prosperidad económica sorprendente, con nuevas residencias del altísimo costo, flota de vehículos de lujo y paremos de contar... y, ¡ojo…!, esos funcionarios no pertenecen, en su mayor parte, a las altas esferas de la burocracia, sino que son funcionarios de mediano y bajo rango, como: fiscales impositivos, jefes e inspectores de policías civiles y uniformados, inspectores de obras públicas, analistas de costos, ordenadores de pago, otros supervisores y revisores, los que, por cierto, están exceptuados de declarar sus patrimonios por ante Contraloría General. (ver: Más contraloría y fiscalización si queremos derrotar a los corruptos).
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(*) http://www.economia48.com/spa/d/control-concomitante/control-concomitante.htm
