Con intensa preocupación hemos venido reiterando desde hace algo más de 45 años que la prédica anti-corrupción debe ser una constante, así como permanentes tienen que ser los esfuerzos que se hagan en favor de la implementación de rigurosos mecanismos de control interno en todas las instituciones que manejan fondos y bienes públicos, complementados, a su vez, con supervisiones y/o monitoreos rigurosos, oportunos y constantes de quienes tienen en el país la responsabilidad del control público.
Hemos igualmente dicho hasta la saciedad que no basta con ello. La corrupción es mucho más compleja. Es una verdad de Perogrullo que quienes carecen de moral no abundan, pero existen y se organizan en grupos mafiosos que logran su cometido disfrazándose de mansos corderos incapaces de tomar lo que les es ajeno y eso no solamente ocurre en el sector público, sino que también en el privado, de manera que eso hay que tenerlo bien claro.
Por supuesto, por razones más que obvias, siempre que hemos abordado el tema, lo hemos hecho desde el ámbito público. El país todo sabe que históricamente en sus instancias administrativas siempre han existido los funcionarios ganados y prestos a sacarle provecho para beneficio propio a las coyunturas que los ubicó en una determinada posición burocrática donde disponen y manejan recursos del Estado. Han sabido agenciarse fórmulas para burlar cualquier control que exista hacia la búsqueda de ese objetivo personal y en eso han estado y deben estar actuando, sin la menor duda a la fecha presente, gerentes de todas las categorías, altos, medianos y bajos, tanto en los órganos de todos los poderes públicos, como en las entidades regionales, municipales y parroquiales. También operan allí otros funcionarios de menor jerarquía, que se dejan sobornar pasivamente y aquellos que, por temor a perder sus cargos, hacen todo lo que se les indique para facilitarla y quizás ni reciben ni una locha. Es por ello por lo que propugnamos que el control debe ser persistente y oportuno, para evitar que los corruptos se salgan con las suyas.
A la par de estas tareas del control preventivo diario, debe diseñarse una campaña de estímulo a la denuncia, propiciándola hasta el cansancio, a través de ofrecer apropiados mecanismos que ofrezcan garantías de protección al denunciante. Acordar como gestión fiscal permanente del órgano de control superior, la revisión selectiva que abarque un universo bien significativo de declaraciones juradas de patrimonio, sobre todo de aquellos funcionarios que de manera directa tienen que ver con el manejo y disposición de los bienes y dineros públicos o que desempeñan funciones de fiscalización y control en todas las áreas del Estado. Igualmente y, por supuesto, se debe trabajar con la mayor urgencia en la instrumentación de una legislación severa e inflexible que prevea los juicios expeditos contra la cosa pública, quizás por vía de tribunales especiales, porque de lo contrario los corruptos nos ganarán la batalla…
De manera que, si bien es cierto que el discurso anti-corrupción persistente coadyuva en favor de un propósito orientado a ir creando en el pueblo una auténtica conciencia acerca del daño moral que le hace al país ese terrible flagelo, ello no es suficiente. Hay que ir mucho más allá, se impone una praxis que convierta el proceso de control en un hecho normal y cotidiano, aceptado como una acción necesaria y conveniente para todo un pueblo que tiene como meta preeminente e insoslayable, construir una patria grande y soberana, donde prevalezcan los principios de la moralidad y la decencia sobre cualquier otros, por más relevantes que éstos pudieran ser.
Para llevar adelante ese gran esfuerzo anticorrupción persistente que les corresponde auspiciar y poner en práctica a quienes administran y custodian fondos públicos, como a los que cumplen funciones en el área de las inspecciones, de las fiscalizaciones y de los controles, de manera general, así se vistan del color que sea, tienen en su haber como el mayor ejemplo para no desmayar en ello, a nuestro héroe máximo, el Libertador Simón Bolívar, quien no solamente se negó a ser beneficiario de asignaciones y canonjías con dineros de los fondos públicos en recompensa por sus éxitos militares, sino que ya como Jefe Supremo de la República, en sus arengas, proclamas y cartas, el terrible problema de la corrupción lo tuvo siempre presente, pues para él ese fue un tema al que le concedió especial atención (1), al punto de que se vio en la imperiosa necesidad de tener que llegar a prescribir como castigo a quienes incurrieran en delitos contra la cosa pública, la pena de muerte en juicios sumarios, lo cual sancionó por Decreto de fecha 12 de enero de 1.824, disposición ese que tiene como hecho relevante, que igualmente contempla la misma pena para aquellos jueces que no le dieren cumplimiento a dicha decisión (2).
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(1) Algunos pensamientos del Libertador sobre el tema: "Es deber de todo ciudadano vigilar la legítima inserción de las rentas públicas, en beneficio de la sociedad" (15/02/1.819); "La hacienda no es de quien os gobierna. Todos los depositarios de vuestros intereses deben demostrar el uso que han hecho de ellos" (02/01/1.814); "La masa física se equilibra con la fuerza moral" (06/09/1.815); "La mejor política es la honradez" (17/08/1.820); "Para el gobierno no sería más útil ni más satisfactorio que corregir los abusos de la administración" (24/05/1.821) y "Sin moral republicana, no puede haber gobierno libre" (26/05/1.820).
(2) Este decreto tiene por título: "Aplicación de la pena de muerte a los funcionarios que hayan tomado dinero de los Fondos Públicos" y está suscrito por Simón Bolívar, en su carácter de presidente del Perú.
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