Este es un tema de inmensa relevancia que debe ser prioritario en la Agenda del Ministerio de la Secretaría de la Presidencia, al cual el Presidente Chávez le asignó la responsabilidad de hacerle seguimiento y fiscalización a la gestión de su gobierno.

La "coima" hace parte de la gestión pública como algo ya muy natural, como nosotros y otros muchos lo hemos escrito y dicho infinidad de veces, y es por ello por lo que en los procesos de seguimiento y fiscalización que deberá adelantar ese despacho ministerial, se implementen mecanismos efectivos para combatirla y uno ellos, que creemos pudiera ser muy útil, consiste a abrir oficinas especiales que reporten directamente al titular del Despacho, las cuales deben estar dotadas de personal altamente calificado en pesquisas, inteligencia, sustanciación de expedientes, etcétera, etcétera, para recibir denuncias y en donde se le garantice al denunciante la mayor protección, e igualmente que se les facilite a ellos hacerlas, sin imponerles mayores exigencias, pues para nadie es un secreto que quienes cometen ilícitos contra los recursos públicos hacen hasta lo imposible por no dejar rastros.

La denuncia es una excelente alerta que si se investiga, comenzando, entre otras actuaciones, con una rigurosa revisión de las declaraciones juradas de patrimonio, con la cooperación muy estrecha de la Contraloría General de la República, estamos convencidos de que conducirá al acopio de indicios y pruebas de que efectivamente el o los funcionarios señalados como presuntos corruptos, han estafado al Estado y hasta se logra determinar por esa vía las fechas probables en se iniciaron en esas aberrantes conductas. Igualmente, quedarán al descubierto en esas pesquisas, quienes del llamado "sector privado", pagaron u ofrecieron la comisión que los favoreció para que se les contratara como proveedores de bienes o servicios.

Es muy importante decir que éstos últimos sujetos son tan corruptos como los servidores públicos que les facilitaron sus asquerosas trastadas para hacerse ricos a costa de los dineros y bienes públicos. Por cierto, son personajes que abundan como la hierba y para nada son sujetos que han surgido ahora y de la novche a la mañana. Lamentablemente vienen operando por décadas, al punto de que no nos equivocamos si afirmamos que las mayores fortunas "privadas" de este país tienen su origen en ilegalidades con dineros del Estado venezolano...No hay que ollvidar que uno de los mayores jefes de la dirección del partido Acción Democfática decía que en "Venezuela no hay razones para no robar..."    

Hemos podido escuchar en muchas ocasiones, por cierto en saraos y fiestas de amigos, parientes y sujetos que allí nos son presentados, que cuando se aborda el tema de la corrupción, no faltan quienes tratan de justificar el pago de esas  comisiones para obtener un contrato porque, en primer lugar afirman, sin rubor alguno, que no lo consideran delito alguno y porque, además, aseguran que son reglas del juego de la competencia del llamado "libre mercado" y dicen sin empacho alguno que si no ofrecen la "coima", otro colega oferente nos puede ganar la partida

Consideramos pertinente aprovechar esta ocasión para sugerirle a la titular del despacho de la Secretaría de la Presidencia que propicie una urgente y profunda revisión de la Ley de Contrataciones Públicas en lo que respecta a los requisitos que tiene previstos para el registro de empresas proveedoras de bienes y servicios, a objeto de impedir que se registren aquellas que se les conoce en el argot criollo como "empresas de maletín", por vía de garantizar, previa las investigaciones de rigor, que efectivamente son financieramente solventes, que no han sido contribuyentes maulas con el Seniat y otros entes públicos, que tienen experiencia debidamente comprobada en lo que respecta a los servicios que ofrecen, cuya relación hace parte de sus respectivos registros mercantiles, que tienen su sede fija donde sea posible no solamente localizar a sus legítimos representantes, sino que se puedan adelantar en sus propias oficinas las inspecciones legales que se estimen necesarias en el marco de la ley.