Sigamos esa misma consigna hacia el objetivo de renovar y fortalecer los mecanismos establecidos en el área del control y fiscalización del gasto público.
Un nuevo modelo de contraloría se impone diseñar con urgencia. Es necesario manejar dentro del esquema de la multiplicidad de asuntos que es preciso conocer para poder hacer ese diseño, la necesidad de una acción preventiva que impida los ilícitos contra los dineros y bienes públicos, es decir que admita sólo y únicamente precios justos y razonables, así como que se mantenga atenta a que las contrataciones públicas se ejecuten conforme a lo convenido y dentro de ambas fases del proceso, como estrategia infaltable, que haga uso de todas las opciones que la gestión contralora requiere como garantía para su efectividad, entre las cuales resaltamos las llamadas “tareas de inteligencia”, dado que quienes planifican y ejecutan actuaciones para su beneficio en contra del patrimonio público, siempre harán hasta lo impensable para no dejar evidencias que los puedan incriminar.
Efectivamente, sobre la prevención diremos de inicio que, en nuestro criterio, recibió un golpe mortal, primero en 1996 (gobierno de Caldera II) cuando se eliminó, sin anestesia alguna, en el ámbito de la administración central, el requisito ineludible del Control Previo y, luego, en el 2002, cuando se hizo lo propio en los entes descentralizados.
Consideramos que ambas medidas fueron un error garrafal y aun cuando no manejamos cifras estadísticas sobre los ilícitos detectados desde que se adoptaron esas medidas desregulatorias hace ya más de 15 años, las cuales hemos sostenido que vinieron de la mano del neoliberalismo privatizador a finales de la década de los ochenta, han debido incrementarse en cifras alarmantes y ojalá la propia Contraloría haga una rigurosa evaluación de los resultados de esa decisión, pero sostenemos que esos ilícitos se han incrementado y lo decimos basados en ese sabio dicho que dice que “cuando el río suena, es porque piedras trae”, pues ahora abundan las historias y cuentos que sobre el tema escuchamos con demasiada frecuencia en cualquier rincón del país, sean éstos políticamente blancos o rojos o azules o amarillos o verdes...
Claro, en muchos casos no descartamos que sean el producto de chismes o falsa información para desprestigiar personas y grupos, como parte de la confrontación política que hoy vivimos, pero es que en otros casos, se advierte por la opulencia como viven muchos burócratas que no tienen empacho alguno en mostrarla y que por ello son presa fácil de la oposición que se encarga de darle la más amplia divulgación a sus groseras corruptelas. Pero es que, además, debemos agregar que hemos escuchado aquí y más allá acusaciones muy detalladas de hechos de corrupción que de inmediato negamos con el simple argumento de que se trata de falsedades de la oposición para desestabilizar la revolución y resulta que pasados los años y hasta los pocos meses, se descubre que eran ciertas esas acusaciones, como nos sucedió con los casos muy puntuales del General Baduel y el ex magistrado Luis Velásquez Alvaray, donde cometimos, lo confesamos, el garrafal error de poner en duda lo que se nos contaba con abundante información acerca de sus andanzas delincuenciales. Efectivamente, esos dos personajes que creíamos eran “bastiones de la revolución”, devinieron en dos delincuentes insaciables. Uno, el General Baduel, quien hoy cumple condena en la cárcel por ello y el otro, muy avispado, se fue del país y no entendemos las razones por las cuales la justicia venezolana no ha solicitado su extradición.
De seguro esta alarma acerca de que podría haberse incrementado la corrupción, está activada hace mucho rato en la Contraloría General y sin que tengamos noticia alguna de que ello les ha movido el piso, como suele decirse ante sucesos que generan inmensa preocupación, manejamos la tesis de que por esa razón más temprano que tarde pudiera salir de allí mismo una novísima propuesta dirigida a darle un vuelvo de 180 grados al modelo de gestión contralora que apunte a rescatar los mecanismos preventivos de control como una excelente fórmula para enfrentar la corrupción, competencia esa que, entendemos, la tiene todavía el organismo en su normativa de funcionamiento, siempre y cuando lo acuerde por resolución. El presidente Chávez dio el primer paso al institucionalizar el pasado mes de octubre en la administración activa, a través del Ministerio de la Secretaría de la Presidencia, tareas de seguimiento, fiscalización y control de la obra gubernamental que adelanta su gobierno ante evidencias de que por allí las fallas detectadas han sido, no sólo increíbles, sino bien numerosas…
Pero es bueno informarle al país que antes de que el primer mandatario tomara esa decisión, ya otras instituciones de su gobierno habían tomado la sabia precaución de jerarquizar sus áreas de contraloría que habían venido a menos y que, por paradójico que parezca, ejercían sus funciones como dependencias adscritas a las Gerencias o Direcciones de Administración.
Los ministerios de Finanzas y Agricultura y Tierras, así como el Instituto Nacional de Higiene Rafael Rangel, para citar sólo estos casos que conocemos, desde hace mucho rato han creado dependencias especiales adscritas a las máximas autoridades para que asuman esa gestión de control.
Hoy vemos en la prensa, por ejemplo, que la de Finanzas ha puesto al descubierto una masiva estafa con la asignación de divisas para viajeros, donde al parecer hay toda una maraña de complicidades que comprometen no sólo a funcionarios del propio CADIVI, sino a bancos, agencias de viajes, líneas aéreas, etcétera, etcétera, quienes, al parecer le han estafado al Estado no menos de 200 millones dólares. En el INHRR, por su parte, la Gerencia que creó el pasado año de Inspección, Fiscalización y Control de Gastos, que aún se encontraba en etapa de gestación, detectó ilícitos mil millonarios que en este momento están en pleno proceso de investigación por ante la Fiscalía General y que, por los vientos que soplan, más temprano que tarde veremos decisiones y nombre de sus directos responsables.
Para terminar y ante la realidad actual de la gestión contralora de la Contraloría General de la República Bolivariana de Venezuela, en un país que tiene en construcción un modelo económico, político y social opuesto al capitalismo que tenemos y que para nadie es un secreto que éste último no funciona porque su lógica sólo se apuntala en la ganancia y el rédito y a su empeño persistente en que cada día ese objetivo se logre en mayores dimensiones, sin importarle para nada las demandas sociales, tal y como hoy vemos que sucede en varios países de Europa, nos preguntamos, con el ruego de que esto sirva para un sana y constructiva reflexión: ¿Sirve para algo detectar ilícitos, una vez que los dineros se han esfumado a través de interpuestas personas, cuando no existe la posibilidad real de sancionar a los presuntos culpables porque se han fugado del país o porque las pruebas aún no se han conseguido o simplemente han sido calificadas, a base de presiones indebidas, de precarias o insuficientes?
Por supuesto que no y por ello decimos que uno de los principales argumentos que se nos vendió para eliminar el control previo era de que “todos los funcionarios seríamos contralores y responsables”, que el Estado es mal administrador y pésimo gerente y que todo lo contrario lo es el sector privado con su sabia gerencia y, obviamente, el “mercado que todo lo arregla”... Una falacia que se cae por su propio peso al mirar la tragedia por la que atraviesan hoy y desde el 2008 las economías de los países del llamado primer mundo, además de esa otra matriz que se nos ha pretendido vender de que en el capitalismo todos somos iguales, porque todos tenemos las mismas oportunidades...!!!
Son tres grandes mentiras que no necesitan ser comprobadas…!!!! Allí están los hechos y peor aún, realidades incontestables…
oliverr@cantv.net
