Como primera aclaratoria, el bachaqueo no es un tema exclusivamente fronterizo, ni un tema asociado al gentilicio wayuu. Como tampoco es un tema exclusivamente entendido como contrabando, o de debilidad de los dispositivos de seguridad en la frontera. No es sólo tal cosa, por más que lo parezca.
El bachaqueo es una muestra de nuestro gran problema estructural, económico, productivo, monetario, como también es, expresión de un modelo cultural distorsionado, enfermo, y que desde cualquier perspectiva por donde se le mire, es un rezago de la cultura capitalista que aún no hemos logrado resolver. El bachaqueo es un problema de seguridad nacional, de abastecimiento nacional. Es un problema, originado por una distorsión monetaria, que genera ventajas comparativas al lado colombiano, y que debido a una cultura parasitaria y rentista del facilismo, del dinero fácil, aunado a condiciones concretas de la realidad socioeconómica en la frontera, terminan incorporando a muchas personas, familias, en mafias de contrabando, extracción de gasolina, alimentos y bienes al lado colombiano.
Mafias en nuestros cuerpos de seguridad, hacen de nuestra frontera una coladera, por donde se puede ver la fragilidad de nuestra seguridad alimentaría y energética.
El problema es de seguridad, al punto tal en que es en la llamada "Media Luna", fronteriza con Colombia, desde Zulia hasta Táchira, donde las mafias del lado colombiano y el paramilitarismo, unidas a mafias venezolanas, muchas de ellas, con personeros políticos de la oposición venezolana, desean aupar supuestas "protestas sociales" protagonizadas por familias y personas explotadas por las mismas mafias, en respuesta a duras políticas del gobierno para detener la locura del bachaqueo como práctica casi generalizada en algunos Estados. Las mafias de lado y lado, operan tan articuladamente, que del lado colombiano vivir del contrabando desde Venezuela es casi un estilo de vida desde hace décadas. En Colombia ninguna autoridad hace absolutamente nada para frenar el contrabando de ese lado. De hecho los políticos colombianos viven de tal negocio. Recordemos hace un par de años, cuando quemaron la alcaldía de Cúcuta por causa de que el Alcalde intento "Reorganizar" a los buhoneros del combustible, pretendiendo sacar a muchos de ellos del negocio y la sede de la alcaldía fue quemada.
Dicho problema, afecta sin dudas el patrimonio venezolano y nuestras condiciones concretas de vida. Es necesario que las Regiones de Defensa Integral REDI de la FANB, como la recientemente creada en los estados andinos, asuman consistentemente la visión social, política, global, del tema en cuestión.
Como es de esperarse, este es un tema no sólo de mafias económicas. Es también un tema de mafias políticas. La institucionalidad mafiosa política colombiana está clara en destruir a la revolución bolivariana. Así de claros están los mafiosos opositores del lado venezolano que valdría la pena reflexionar, sobre la claridad política de dirigentes oficialistas en cargos públicos venezolanos, al darle un trato a este tema con indiferencia o ineficiencia, cuando es un asalto a la seguridad de la patria.
La sociedad debe reaccionar. Debemos prestar toda nuestra colaboración y apoyo a resguardarnos de este flagelo. La institucionalidad debe adaptarse a la necesidad de este tiempo, de afincarse en esta lucha, es necesario impulsar el desarrollo endógeno en nuestras fronteras, crear un proyecto de formación permanente en valores, en amar a nuestra patria en entender que le estamos haciendo un gran daño al patrimonio económico del país y que coloca en peligro la estabilidad del Gobierno Bolivariano de la democracia participativa y protagónica, ya que esto genera un desabastecimiento que poco a poco en el colectivo va formando un malestar que en un momento determinado debido a la escasez de alimento, a la especulación concebida por ello, puede producirse una insurrección popular tipo 27 de febrero que es en concreto lo que esta buscando la oposición venezolana, para que luego se produzca el efecto dominó y concretar sus planes “el golpe lento”. Es un problema de Estado, estamos pues al frente de una bomba de tiempo que hay que desactivar y es necesario atacarla desde arriba desde donde financian este negocio antipatriota, ya que parte de la población que es utilizada para este negocio y que es el ultimo eslabón en la cadena no tiene culpa al respecto, lamentablemente es juzgado hasta el punto inclusive a una aptitud de xenofobia, racismo hacia la etnia wayuu.
Es por ello, que se debe generar estrategias en lo político, económico y militar, para lograr cambiar esta realidad que se ha convertido en un problema de Estado. ¡Alerta Pueblo!
*Profesor
