Leemos en Aporrea que, la Prensa del Ministerio Público informa de la detención de un funcionario quien fue imputado por el MP, en Yaracuy, por su presunta responsabilidad en la creación de empresas de maletín para obtener divisas de manera fraudulenta. (http://www.aporrea.org/contraloria/n233632.html )
¿Cómo entender esta noticia?. ¿Será este el primero de los muchos casos de imputaciones que comenzaremos a ver por la asignación de 20.000 millones de dólares a empresas de maletín, por parte del SITME del 2010 al 2012?.
¿Se imputarán, de manera aislada, solamente a algunos individuos como en el caso referido?. ¿El Ministerio Público indagará e investigará, hasta sus últimas consecuencias, la larga lista de empresas que recibieron la asignación de dólares e imputará, tanto a sus dueños como a los funcionarios que se prestaron para la asignación “irregular” de dólares por parte del SITME?
La reseña periodística señala que “De acuerdo con la investigación, en el mencionado lapso, Rojas Graterol [ el sujeto imputado] habría ayudado a terceras personas a crear más de 30 empresas “fantasma”, para de esta manera solicitar divisas al Estado venezolano a precio preferencial”. ¿Se aplicará la Ley a los funcionarios “corruptos” exclusivamente, como el caso señalado, o también los “corruptores” deberán ser imputados y encarcelados para ir verdaderamente al fondo de la corrupción que se cometió en el SITME.?
En la cuarta república, al final del gobierno de Jaime Lusinchi, se hizo famoso el “chinito de RECADI”, quien en el imaginario popular fue quien terminó pagando los “platos rotos” del colosal desfalco (4.500 millones de dólares preferenciales otorgados irregularmente también) que cometieron funcionarios del gobierno de turno en alianza con sectores privados, siempre en perjuicio del patrimonio de todos.
Nicolás viene adelantando una campaña contra la corrupción, esperemos que el caso del desfalco de los 20.000 millones de dólares otorgados en el SITME, donde hubo alianza de empresarios privados (de maletín muchos pero otros con empresas verdaderas y muchos con el viejo oficio de desfalcar el patrimonio del Estado) con funcionarios públicos se atienda con el interés que el caso amerita. No dudamos de las intenciones de Nicolás y de su palabra empeñada. Esperamos las acciones y la materialización de lo que se ha mostrado como deseo ante el país.
Inevitable tener presente el caso de Eduardo Samán, a quien se le coloca una camisa de fuerza y se le está obligando a renunciar con esa medida del Ministro de Comercio de impedir la destitución y/o remoción de funcionarios corruptos que laboren en el Indepabis. La respuesta de Nicolás en este caso brilla por su ausencia.
