La declaración jurada de patrimonio tiene que ser un requisito que no puede ser obviado y quienes no la hagan en los lapsos que establezca la Ley, no solamente deben ser sancionados con fuertes multas, sino despedidos ipso facto del cargo para el cual fueron designados...
El título de los artículos que se publican en este medio es la clave para captar lectores. Lo hemos estado investigando y nos hemos quedado sorprendidos de que artículos de sumo interés nacional terminan siendo muy pocos leídos, simplemente porque el título no resultó nada llamativo. Por nuestra parte, confesamos que incurrimos con demasiada frecuencia en esa falla, debido a que no tenemos la habilidad necesaria para acertar con títulos que cautiven a los lectores.
Es por ello y por cuanto en esta lucha contra la corrupción todas las opiniones que se emitan sobre el tema son relevantes, es por lo que hemos tomado la decisión, con la venia de los amigos de Aporrea, de insistir con esta nota que fue divulgada hace dos días y que despertó muy escaso interés, es decir repetirla de nuevo bajo el título indicado, en primer lugar porque consideramos que lo que en ella planteamos puede ser de mucho interés para los cambios de estrategias que estoy seguro habrán de establecerse en la lucha contra la corrupción, una vez sea aprobada la Emergencia que ha solicitado el Presidente Maduro y porque, además, consideramos necesario agregarle a la misma dos asuntos más que no abordamos en esa primera entrega y que son sumamente importantes.
Allí dijimos que era buenísima la ocasión para repetir una vez más lo que venimos diciendo desde hace muchos años, que la lucha contra la corrupción no se combate sólo con la retórica, con ese discurso persistente y emocional que anuncia batallas contra los corruptos, pero que, al final, todo se queda en solamente palabras cargadas de buenas intenciones.
Igualmente agregamos allí que hemos sostenido, con machacona persistencia, que a los corruptos hay que enfrentarlos como se combate a las mafias del tráfico de estupefacientes, es decir, con la puesta en práctica de estrategias de investigación que se apoyen en eficaces “tareas de inteligencia”, porque todo corrupto no actúa en solitario, se arma de un equipo de zánganos y por razones más que evidentes, todos sus integrantes hacen hasta lo indecible para no dejar huellas de sus robos.
El paso anunciado por el Presidente Maduro de declarar la Emergencia para enfrentar a los corruptos con mayor eficacia, es una decisión que debemos aplaudirla todos los venezolanos, sin distingos de ninguna índole y, además, exigir que su implementación se haga lo antes posible, pues ese es el grande y poderoso empujón que faltaba para que empecemos a ver resultados tangibles en una guerra contra ese terrible flagelo que demandaba la mano zurda de hierro a la se refirió el Comandante Eterno, Hugo Chávez, en sus tantas comparecencias en la televisión en las que abordó el tema de la corrupción.
Tenemos que estar convencidos de que los ladrones burócratas del erario público son muy astutos, así como lo son quienes, desde su posición desde el sector privado, hacen parte de esos ilícitos y que, como todos sabemos, son parte activa de la llamada “sociedad civil”, entidad beligerante e irreflexiva, por demás. Los primeros se muestran expertos en chantajear y los otros, “inocentes angelitos caídos del cielo”, se revelan como hábiles sobornadores y ambos, por esas dos vías, obtienen beneficios económicos fabulosos e indebidos. Toda esa caterva de seres indeseables se agencian mecanismos de todo tipo para lograr sus cometidos y para ello hacen todo lo necesario para planear sus robos de manera de no dejar rastros de ninguna naturaleza que los incriminen, aun cuando, como alguien dijo en alguna ocasión, que el dinero es como el catarro, es imposible de ocultarlo, por lo que se hace como de Perogrullo que digamos, plenamente convencidos de ello, que es por allí por donde se abren infinidad de caminos con rumbo cierto para descubrir a todo sujeto burócrata que decidió aprovecharse de sus posiciones en alguna entidad pública para hacerse de dineros mal habidos o los que, desde la acera de enfrente, buscan mil fórmulas para hacer lo propio.
Ese tipo de personajes han abundado desde siempre en las entidades públicas y en la sociedad, de manera general y creemos que si la inmensa mayoría de ellos no fue posible que fueran a parar a la cárcel, fue porque no existió jamás la voluntad política para hacerlo. Vivimos en un país muy pequeño donde aún todos nos conocemos. Claro, estamos persuadidos de que las leyes y normas que tenemos a la fecha no son, precisamente, instrumentos que garantizan la aplicación de ejemplares sanciones a los corruptos así declarados, tanto del sector públicos y menos aún del sector privado, así como tampoco celeridad en los trámites de los respectivos expedientes procesales, muchos de los cuales se esconden para que prescriban y otros para que sean manoseados por extraños y lograr así que se produzcan decisiones que terminan declarando víctimas a quienes se hicieron de fortunas fabulosas a costillas del erario público.
Ante este escenario que se nos abre ahora con la emergencia que ha solicitado Maduro, el panorama se nos pinta bien alentador. Habremos de implementar una política de Estado implacable contra ese terrible flagelo y ya no vamos a seguir viendo hechos bochornosos como sucedió en meses recientes con la esposa de un diputado zuliano de la oposición que no sólo se le comprobó sus estafas a la Gobernación de su Estado Zulia, sino que ella confesó haberlas hecho y el Tribunal que dictó sentencia le aplicó como sanción apenas tres años de cárcel, sanción esa que luego, según nos han informado oficiosamente, el Tribunal de Ejecución la sustituyó por “trabajo comunitario”…Algo que nos resulta increíble de entenderlo…!!!
En esta guerra contra los corruptos, indistintamente del color que se vistan, para que sea exitosa se impone institucionalizar un modelo de gestión de controlaría que eche mano, lo reiteramos, de todas las argucias y estrategias que utilizan las más modernas y avanzadas policías del mundo en el combate contra al crimen organizado, de todo tipo y naturaleza, pues estamos absolutamente convencidos de que por detrás de la corrupción hay todo un andamiaje mafioso integrado por funcionarios públicos, obviamente, pero donde también operan personas que no lo son, que hacen parte de la misma porque es a través de ellos, como dueños o socios de empresas de maletín, que se perfeccionan las estafas por la vía de adjudicarles a estos últimos contratos no sólo con precios escandalosos, sino de entregarles anticipos que a veces llegan al 70% del valor del contrato de obras y/o servicios que terminan no siendo ciertas, sino fantasmas o que, simplemente, resuelven luego no ejecutarlas, como ha sucedido con demasiada frecuencia. No descartamos que alguno que otro señalado de hacer parte del grupo mafioso no haya recibido ni un centavo de la “mordida” y que actuaron haciendo el papel de tontos útiles para cuidar el cargo, con lo cual para nada lograrán evadir sus responsabilidades y otros que, efectivamente, fueron hábilmente engañados. Pero de lo si no hay duda alguna, en su totalidad configuran, en perfecta complicidad, estructuras "dizque legales" para el matraqueo y el saqueo de los dineros públicos…
Otro aspecto que hay que cubrir con esa emergencia es la instalación de expeditos canales para la denuncia por todos los rincones del país, los cuales no los hay y, por supuesto, que operen bajo normas que en absoluto pretendan que el denunciante se presente con el “expediente probatorio” de los supuestos hechos delictuosos que va a denunciar, lo cual no descartamos que pueda ocurrir en determinados y muy raros casos, pero en la mayoría de ellos quien denuncia, generalmente, no tiene pruebas y solamente maneja la sospecha fundamentada en razones de mucho peso, como puede ser aquella que se deriva de ver a determinados burócratas que de la noche a la mañana cambian sus modos de vida y de ciudadanos sencillos que lo eran, pues devengaban un sueldo suficiente para llevar una vida modesta, sin excesos, los ven ahora en vehículos del mayor lujo, mudándose a propiedades de mucho valor o remodelando la que tienen a costa de sumas millonarias y haciendo evidente ante sus vecinos de una vida dispendiosa que, a ojos vista, sólo es posible llevarla si se maneja abundante dinero y eso, por supuesto, despierta demasiadas suspicacias y hace que a muchos venezolanos les cauce excesiva molestia y decidan revelarlo ante instancias donde se les oiga y que, además, les preserven, a todo evento, sus identidades.
De manera que no queremos concluir sin resaltar que en nuestra reflexión le hemos dado importancia trascendente en esta guerra sin cuartel a la corrupción a ese requisito que conocemos como la “Declaración jurada de Patrimonio” , por lo que las reformas a las leyes anti corrupción que se vayan a hacer, la impongan, sin excepción alguna, a todo aquel funcionario que disponga, maneje, controle, fiscalice dineros, bienes y servicios públicos a todo nivel y, además, que la revisión de las mismas no sea selectiva, es necesario inventar mecanismos que hagan posible que todas puedan ser revisadas y de manera rigurosa. En los adelantos tecnológicos inmensurables de la computación se encuentran los softwares necesarios para resolver ese problema y si nos los hay, pues nada impide que se diseñen...!!!
Igualmente hay que ordenar que se haga una revisión en profundidad de la Ley de Contrataciones Públicas, cuyo texto no solamente es confuso, sino que facilita que legalmente se le estafe al Estado en los términos como determina, a titulo de ejemplo, la implementación de las consultas de precios, así como con respecto a los requisitos para inscribir empresas en el Registro Nacional de Contratistas y a la ausencia de mecanismos rígidos e inflexibles para cumplir con ese requisito, pues a la fecha se cuelan en el Registro Nacional de Contratistas las llamadas empresa de maletín, cuyos antecedentes dejan mucho que desear y que se descubren que son nada más que mamparas que ocultan su piratería y que nada garantizan solamente cuando son contratadas e inician sus servicios, por lo que la norma debe contemplar un capítulo especial que imponga requisitos irrestrictos que demuestren que son empresas serias, tanto en los aspectos técnicos, como financieros y que, además, la misma norma haga obligante y con carácter permanente todo un proceso de seguimiento y fiscalización a las obligaciones que ellas asuman, al menos, con los entes públicos...
Compartimos la percepción del Jefe del Estado, el morbo de la corrupción destruye las instituciones de manera inexorable y ante esa verdad universal, hay que actuar ya y de forma implacable, antes de que sea demasiado tarde
