Frenar la inflación, que en cierto modo es producto de la corrupción y la falta de compromiso por parte de algunos actores, es la tarea principal que tiene ahora el presidente obrero Nicolás Maduro, con su gobierno de eficiencia en la calle, que tan bien le ha posicionado en la opinión pública nacional, que aplaude de manera muy particular la decisión de ir a fondo contra los ladrones, tanto en los estamentos del Estado Venezolano, como en el ámbito privado, tarea nada fácil y para la cual tiene necesariamente que apoyarse en la contraloría social.

Decimos que no es nada fácil, porque desde el sector público se crean las diversas maneras de cometer hechos irregulares, porque se trata de una cultura aprendida y además por aquello que filosóficamente soltó en los años 70, el jefe de Acción Democrática, Gonzalo Barrios, cuando interrogado sobre el tema y como combatirlo, sentenció que en Venezuela no existen razones para no robar. Esa opinión fue generalizado, tanto el empleado público como el gerente privado no encuentran motivos para no robar.

Y en verdad este ciudadano tuvo sobrada razón en su afirmación, puesto que ellos en la IV República legislaron contra la corrupción pero de manera muy light .

En primer lugar la presentación de pruebas, un proceso demasiado engorroso y lo otro, las penas de cárcel en esa legislación son ínfimas. Es tan risible esa legislación, que en el Municipio Caroní del Estado Bolívar, en los años 80, un grupo de funcionarios de Hacienda Municipal se confabularon para robar a la municipalidad y aun cuando sindicatura aportó las pruebas y se estableció la culpabilidad de los imputados; el juez de la causa, los dejó en libertad, porque de acuerdo a la legislación vigente era una falta, porque solo habían cometido “Un peculadito”, por cuanto solo se habían apropiado de 86 millones de bolívares (de los viejos) y la entidad afectada manejaba un montante sobre los 400 millones mensuales, razón por la cual esa suma sustraída no afectaba la buena marcha de la administración y en consecuencia no era delito contra el Estado Venezolano, de esa manera los choros de cuello blanco quedaron libres, listos para cometer otro “Peculadito”.

De allí que el anuncio del presidente de solicitar una Ley habilitante para elevar la pena por corrupción a la expresión máxima de nuestra legislación, nos parece una buena salida, para fortalecer la lucha contra este flagelo, cuyos autores son seres desalmados e inhumanos, que han llegado hasta robarse los recursos del Programa Alimentario Escolar (PAE), que está dirigido a garantizar en su colegio, al menos dos comidas a los niños y niñas cuyos progenitores, están en los estándares de familias de bajos recursos. E igualmente se roban los recursos para la salud o para la vivienda, que van dirigidos a proteger a los más vulnerables. Pues bien, quienes caen en esas prácticas contra el Estado Venezolano y en consecuencia contra todos los ciudadanos, son escorias sociales, que no merecen ninguna consideración, porque de sus prácticas se deduce que no tienen familia, consciencia, sentimientos y mucho menos solidaridad. En otras palabras merecen un castigo tan o mayor que el homicida, porque aunque no disparan o blanden la daga, para herir mortalmente a su igual, lo hacen peor, cuando a través del robo privan a decenas de atención médica, de alimentos, de viviendas, de la educación y paralelamente destruyen con su ejemplo los valores que estamos construyendo, en pos de la mujer y del hombre nuevo, para la consolidación de la república. Eso debiera ser tipificado como traición a la patria.

Por eso decimos que que el apoyo en la lucha contra este flagelo tiene que descansar fundamentalmente en la comunidad organizada y su contraloría social, porque la raíces del mal, comienzan de las formas más sutiles. De ello tenemos ejemplos: en la Gran Misión Vivienda Venezuela, hay quienes aplican el peaje a las OSV. El promotor, le aplica a los miembros de la organización el chantaje. -Señores el proyecto está aprobado, pero necesitamos que de las parcelas que tienen aquí nos den tantas para nosotros. De esta manera la organización comunal que había elaborado su proyecto, con áreas para la recreación, la educación y otros menesteres, tiene que sacrificar espacios para satisfacer la exigencia del o los funcionarios, porque de lo contrario, el proyecto no va.

Esto por señalar uno de las acciones más comunes en la región y que creemos que no debe ser línea del gobierno central, sino obra de unos cuantos “vivos”, que han encontrado en esto su negocio, guillao. Otro tanto ocurre con las fulanas colas para la adquisición de alimentos y otros insumos de uso personal indispensables en el día día. Las oficinas públicas, como registros, donde para tramitar un documento hay que esperar no días, ni semanas, sino meses a menos que haya “la mula” de por medio. La protección interesada por parte de ciertos funcionarios de cuerpos de seguridad, a quienes comerciantes, industriales y residentes, tienen que pagarles “mula” como garantía de que van a ser protegidos contra las bandas hamponiles.

Al inicio del artículo relacionamos de manera estrecha la galopante inflación, que nos traga los sueldos y salarios de manera inconcebible que ya nos tiene al borde de la desesperación, con la corrupción. Acaso alguien nos dirá que nos patina la “azotea”, pero nada de eso, es que precisamente, la inflación es más por la especulación que por el sistema cambiario. Como se explica que desde la decisión de devaluar la moneda, artículos que nada tienen que ver con el movimiento del dolar se hayan disparado hasta el triple. Ejemplo, una torta de casabe que costaba diez bolívares fuertes para el momento, ahora bordea los 40 bolívares fuertes. Un botellón de agua mineral, que costaba 8 bolívares, ahora está en 20 bolívares fuertes. El kilo de yuca que estaba en 5 bolívares, ahora está en 20. Un kilo de pescado de río que costaba 30 bolívares, ahora está en 80 bolívares y paremos de contar Tiene su explicación muy sencilla, en la sociedad de cómplice de quienes tienen la responsabilidad de velar por el control de precios.

Lo otro es que los grandes empresarios que manejan la cadena alimentaria y de otros insumos de primera necesidad han desangrado al país a través de los dólares de CADIVI y donde está la importación de productos. El abastecimiento está por el suelo, porque los dólares han ido a parar al mercado paralelo para presionar la economía y la falta de alimentos y artículos de primera necesidad son la carta fuerte de estos golpistas, que están jugando al descalabro de las elecciones de diciembre.

Esa estrategia les está dando resultados, como les dio en las últimas presidenciales. Seguimos escuchando el mismo estribillo de abril: Quieren que votemos por el chavismo y nos tienen haciendo colas las 24 horas, para comprar un pote de leche. Quien va a votar por quienes nos niegan lo más elemental. Estas colas son culpa del gobierno, que nos quiere tener controlados.

Esa campaña, por inocente que parezca nos está dando en el corazón del proceso, porque la radiobemba es más peligrosa que todas las radioemisoras comerciales. Por eso decimos que parar la inflación y la corrupción, es reto prioritario para el gobierno de calle.

Periodista

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