I
El derecho constitucional nos dice que en Venezuela existen las condiciones para concederle poderes especiales al presidente Nicolás Maduro para que legisle contra la corrupción, ese flagelo global que, mas allá de amenazar la revolución bolivariana, atenta contra la vida republicana.
La cultura política venezolana ensena que el poder legislativo nunca ha negado una ley habilitante solicitada por el poder ejecutivo. Al extremo de aprobársela a un presidente impuesto por 5 meses, como fue el caso de Ramón J. Velásquez. Ni AD ni Copei, menos el chiripero (embriones de la MUD) se opusieron.
II.
La historia no registraba manifestaciones ni a favor ni en contra de una ley habilitante. Es en 2013 cuando el pueblo sale a apoyar la idea del Presidente Maduro de combatir la corrupción con una normativa que sea dictada desde un poder habilitante.
En la calle, chavistas y no chavistas coinciden que debe combatirse la corrupción "caiga quien caiga".
En el seno de la Asamblea Nacional (AN) las cuentas aparentes dicen que falta un solo voto de la oposición para la aprobación pero la realidad es otra. No es cierto que toda la oposición apoya la corrupción. Seguro que Primero Justicia (PJ) votara en contra. Pero la oposición en la AN no es solo PJ.
III.
Todos entendemos la posición de PJ aunque no la justificamos.
Como el meollo es aprobar la ley habilitante para el presidente Maduro, veamos lo clave. El pueblo quiere habilitante. Mas de 94 diputados chavistas y mas de 10 diputados de oposición aprobaran la solicitud de Maduro. Entonces en 20 días habrá ley habilitante.
IV.
Corresponde hacer aportes para que: 1) se caractericen todas las modalidades de corrupción; 2) se definan penas no menores de 10 años; 3) se establezca pena máxima para jueces que se inhiban o se hagan los locos; 4) se descifre el nepotismo: 5) se otorguen poderes a la comunidad organizada para sancionar.
¡Muerte a la Corrupción!
