Un informe presentado por la extinta Asamblea Legislativa del Estado Carabobo (ALEC), en el año 1993, revela que la Constructora Scarano C. A., habría ejecutado los trabajos iniciales en la carretera Bucarito-Güigüe con materiales de segunda mano y bajo pésimas condiciones de infraestructura, con la finalidad de obtener ganancias adicionales a las ya calculadas.
En la introducción del documento se alega que esta acción representa “una burla” para los habitantes del municipio Carlos Arvelo, pues las irregularidades salieron a flote siete meses después de culminada la artería vial, pese a que su proyección de vida útil se mantendría por muchos años, bajo el tráfico de la época, según cálculos de ingeniería.
“Este hecho que está a la vista de toda la colectividad regional no es más que una estafa al sentimiento de los carlosarvelenses, quienes esperan que la justicia carabobeña asigne las responsabilidades a que diera lugar (sic), frente a una realidad tan evidente como las fallas visibles que presenta”, detalla el escrito elaborado por la Comisión de Contraloría del parlamento regional.
“No podíamos callar, porque el silencio ante la indefensión de la gente de esta región del estado significaba la complicidad por omisión de la irresponsabilidad y de lo ilícito, por eso se levantó nuestra voz de protesta, la cual no callará hasta que se haga justicia”, sentencia el comunicado.
MUCHA TELA QUE CORTAR
Uno de los responsables de meter la lupa en cada centímetro del caso fue el entonces diputado de la ALEC, Gustavo Miranda, quien aseguró que el daño patrimonial alcanzó los 45 millones de bolívares.
En declaraciones ofrecidas al diario La Calle, publicadas el jueves nueve de septiembre de 1993, Miranda denunció que la estafa se produjo con el aval de funcionarios del ejecutivo regional y de la Contraloría. Dijo que entregaría las evidencias del supuesto desfalco al entonces gobernador Henrique Salas Römer, quien tenía en su lista de contratistas preferidos al hoy alcalde de San Diego y coordinador de la Mesa de Unidad Democrática (MUD), Vicencio Scarano Spisso.
“No es posible que un hecho de tanta trascendencia, donde el gobierno regional invirtió durante el año 92 más de 245 millones de bolívares y a los pocos meses de su puesta en servicio se encuentra en condiciones tan deterioradas que la hacen casi intransitable, causándole un daño a la economía y a la colectividad del municipio Carlos Arvelo”, insistió el parlamentario, quien confirmó que las evidencias también serían consignadas ante el Congreso Nacional.
Cuatro días después, el lunes 13 de septiembre, Salas Römer reconoció que existían fallas estructurales en los trabajos ejecutados en el tramo Tiamitas y Guaica, ordenando, asimismo, una inspección del lugar a cargo de un equipo multidisciplinario de la Gobernación.
“El gobierno regional, a través de de la Procuraduría General, como órgano que vela por los intereses del estado, debe tomar las acciones civiles y penales correspondientes, porque no es posible que una obra que costó más de 245 millones de bolívares se encuentre en las condiciones que está”, destacó Miranda, durante conversación con el rotativo derechista Notitarde.
¡A TRIBUNALES!
Ya para el miércoles 15 de septiembre de 1993, Miranda aseguró que había recibido amenazas contra su integridad física y la de su familia por parte del grupo de juristas defensores de la Constructora Scarano C.A.
Los encontronazos se produjeron luego de que la plenaria de la ALEC, de manera unánime, acordara remitir al Tribunal de Salvaguardia una copia de las experticias técnicas levantadas por la Oficina de Inspección y Fiscalización Regional, órgano adscrito al otrora Ministerio de Transporte y Comunicaciones.
“Aquí hay cifras contundentes y no interpretaciones filosóficas ni políticas”, profirió el parlamentario, quien aseveró que habría sido objeto de retaliaciones.
“He sido amenazado públicamente por los señores dueños de la empresa a través de sus apoderados. Aunque no tengo nada en contra de la familia Scarano, debo señalar que no tengo miedo. Si he de ir preso, pues iré a Tocuyito por eso, pero lo haré gustoso de no ser cómplice de estas vagabunderías”, señaló Miranda.
REALES POR TODOS LADOS
A todo lo ocurrido se le adiciona una “perla más al collar”. De acuerdo al contrato número 497-05-92 de la Gobernación de Carabobo, Constructora Scarano facturó, por concepto de bote de tierras excavadas, cerca de 10 millones de bolívares.
En la investigación hecha por la administración de Salas Römer concluyeron que los materiales utilizados para la referida partida “no tienen pago por estar comprendidos a distancias menores de 200 metros. El monto total del reparo por este contrato es de 5.385.046,27”. Es decir, se cobró por algo que no se cumplió en la realidad, sino en papeles.
“Esta comisión efectuó los cálculos finales de transporte ejecutados por la Empresa Constructora Scarano C. A., y no existe transporte para esta partida, por lo tanto se objeta totalmente”, recalca.
PIDIERON CÁRCEL
“Tanto los representantes de la empresa Scarano C.A., como los funcionarios de la Contraloría y Sopec (Secretaría de Obras Públicas del Estado Carabobo) deberán ser llevados ante un Tribunal de Salvaguarda, a fin de que respondan en torno a la estafa cometida contra el patrimonio público con la construcción de la carretera Bucarito- Güigüe”, planteó el diputado Ramón Mendoza, quien fue electo por esa localidad.
El parlamentario insinuó la inexistencia de autoridades serias de la Gobernación que permitieron la contratación de los servicios por un monto superior al que realmente se requería.
“Desde hace meses venimos denunciando la mala calidad del material con que se realizó esta importante obra”, manifestó Mendoza, según una nota de prensa publicada por el diario El Espectador el viernes 17 de septiembre de 1993.
Mendoza consideró que este caso debía pasar a instancias mayores y exigió a Salas Römer actuar a la brevedad posible “y hacer valer su autoridad”, con la intervención de los organismos descentralizados involucrados. La misma exhortación alcanzó al contralor, Pedro Herrera, a quien pidió celeridad para esclarecer la supuesta malversación de fondos públicos.
“La empresa Scarano debe reintegrarle al estado todo el dinero o, como caso contrario, reparar todo el daño causado a la economía de un municipio que durante años viene luchando por su desarrollo. ¡Esto es un acto criminal para los habitantes de Carlos Arvelo!”, exclamó.
Y SE DEFENDIERON…
Ante la andanada de acusaciones por un lado y otro, los representantes de la Constructora Scarano C.A. negaron haber cometido un daño patrimonial, como lo aseguraron los diputados Miranda y Mendoza. Alegaron que, más bien, la orientación técnica se realizó con base a las normas de ingeniería suministradas por el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, además de Sopec.
Los directivos Antonio y Vicente Scarano, el asesor jurídico de la firma, Pablo Aure (hoy integrante de la coalición opositora y docente de la Universidad de Carabobo), y la ingeniero residente, Concetta Scarano, se desligaron de la matriz adversa generada desde la ALEC.
En declaraciones a El Carabobeño, aceptaron un deterioro anticipado de la vía, pero manifestaron que el desgaste no obedecía a negligencia de ellos, ni a fallas técnicas en la construcción.
Los propietarios mostraron inspecciones oculares consumadas en la carpeta asfáltica, las cuales fueron consignadas ante Sopec. Sostuvieron la versión de que no se permitiera el tráfico de vehículos hasta tanto no se culminaran los trabajos de pavimentación general. Sin embargo, indicaron que la Gobernación ordenó su apertura, produciendo el daño que se presentó.
MOJARON LA MANO
Los abogados de la Constructora Scarano C.A. introdujeron un documento ante el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Penal y de Salvaguarda en función de determinar las responsabilidades penales a quienes les acusaban desde la ALEC.
Según una reseña del diario El Espectador para el momento, se demostró el otorgamiento de comisiones con altas sumas de dinero para “agradecer” la entrega del contrato, donde –según el medio de comunicación –algunos integrantes de la Comisión de Licitación de la Legislatura de Carabobo habrían sido beneficiados con estas prebendas, durante 1992, como también “altos funcionarios de la Procuraduría del Estado”.
En el rotativo testificó que un integrante de la Contraloría fue “el encardado de repartir las comisiones a los parlamentarios, y el único que no aceptó la tajada fue el economista Luis Manuel Hernández”, para esa época Director de Obras Públicas, quien dejó constancia de su voto salvado en la concesión de la buena pro del tramo carretero Las Tiamitas-Guaica.
