Mensaje a la Contraloría General de la República
Es cierto que en nuestro país abunda la gente honorable. Hacemos parte de los que sostienen el convencimiento de que los honestos son los más, pero también persuadidos de que hay corruptos y en cantidad significativa, así como que siempre logran éstos enchufarse bien apalancados en cargos donde obtienen mordidas de todo calibre, como son, por ejemplo, aquellas posiciones burocráticas donde se manejan directamente o a través de terceros que les fungen de perfectos cipayos, las contrataciones de obras públicas, así como las adquisiciones de bienes y servicios en general.
¿Pero preguntémonos en razón de qué y por qué esos burócratas logran el cometido de estafarle al Estado con tanta facilidad?
Personalmente y apuntalados en nuestra experiencia contralora por más de veinticinco años y otros seis en áreas técnico administrativas y fiscales del Estado, aseguramos que eso sucede porque los mecanismos preventivos de revisión y de contraloría cada día no solamente se hacen más precarios, sino que en muchos entes y sin que estemos exagerando, se opta por eliminarlos totalmente y en aquellos en donde existen, ninguna importancia se les otorga, se les releva a un segundo plano y ello sucede, simple y llanamente, porque quienes tienen la obligación legal y moral de fortalecerlos y hacerlos eficientes, son los mismos personajes que administran los presupuestos en cada ente público, tal cual lo establece la propia Ley de la Contraloría General de la República (ver su Capítulo II, especialmente los artículos 36 y 37) y eso, por supuesto, nos coloca ante otra terrible realidad y es que jamás será posible asegurar que esos mecanismos pudieran garantizar algún grado de transparencia en el manejo de los fondos públicos, en tanto continúen liberados de todo tipo de supervisión externa oportuna.
Esos mecanismos de prevención, más allá de que pudieran estar en manos de gente honesta y dispuesta a trabajar con eficiencia, necesitan con urgencia del apoyo decidido y permanente de la Contraloría General, pues de lo contrario se les hace imposible a quienes asumen esa responsabilidad, impedir que se los baypasee, como es lo que ocurre en la praxis.
De manera que mientras se mantenga la tesis que sostiene esa política de contraloría que enterró para siempre a mediados de la década de los años noventa el control preventivo o el control previo por un agente distinto a quienes administran los dineros públicos, con los falaces argumentos de que el control previo entorpece la administración activa y el otro, bien engañoso, por cierto, de que todos somos responsables, muy difícilmente será posible acabar con las coimas y las irregularidades de todo tenor en las instituciones del Estado y que, de acuerdo a la voz del pueblo, cada día crece como la hierba
¿Pero existe algún la posibilidad real de corregir esa situación y reducir los ilícitos a su mínima expresión?
Por supuesto que sí la hay. Estamos convencidos de que hay fórmulas para erradicar o disminuir a su mínima expresión esas irregularidades por la vía de que la Contraloría General se ausculte así misma y admita que en la prevención está la solución del problema, sin que por ello sea necesario modificar la Ley. Sólo cambiando de estrategia. Poniendo la lupa, con el rigor debido, a las estructuras que en cada ente público tienen la obligación de encargarse de esa importantísima tarea.
Sus competencias constitucionales para el control, vigilancia y fiscalización de los ingresos, gastos, bienes públicos y bienes nacionales y de las operaciones relativas a los mismos no tienen limitaciones de índole alguna. Son suficientemente amplias, de manera que la revisión permanente no sólo de las estructuras de esos mecanismos preventivos en los órganos de administración del Estado, por ejemplo en el tema de la capacitación del personal seleccionado para llevar adelante esas funciones y, especialmente en cuanto respecta a sus ejecutorias y las normas internas que las identifiquen y las regulen con toda claridad, no contravienen para nada sus actuaciones referidas al control posterior, por el contrario coadyuvan con esa visión integral del control a hacer mucho más efectiva la responsabilidad constitucional que tiene el máximo ente Contralor de velar y garantizar que los dineros y bienes públicos se administren, a todo evento, con la mayor pulcritud.
Por tanto y una vez más lo decimos, la Contraloría General debe, en lo inmediato, adelantar un vasto plan de evaluación, seguimiento permanente y exhaustivo del cumplimiento de las tareas de control preventivo que su ley marco establece y echar a un lado la manida tesis de que como ya no ejerzo de modo directo el control preventivo de los ingresos y gastos del Estado, no debo inmiscuirme en el ejercicio del mismo y que la ley se lo impone a los mismos administradores, porque, se alega, que eso sería coadministrar, lo cual es incierto. El órgano contralor, dentro del planteamiento que hacemos, sólo velaría, apoyado, en caso de que eso fuese necesario, en una clara Resolución de su máximo jerarca y de ser posible, con fundamento en un acuerdo suscrito con los cinco poderes del Estado, para que todas las instancias administrativas de cada uno de esos poderes públicos, sea cual fuere su rango, cumplan sus responsabilidades en el tema de los controles previos dentro del mayor celo, rigurosidad y eficiencia.
No vislumbramos otra acción distinta a esa para disminuir los hechos de corrupción en el Estado.
¿De qué vale mantener por terquedad un estatus contralor que no ha dado resultado alguno, sino que, por el contrario, ha potenciado la corrupción en el país? ¿De qué sirve un control posterior que no sólo demora una eternidad para poder conocer sus resultados, luego de que ya se le hizo daño al patrimonio público, el cual será imposible resarcirlo y, además, lo que generalmente ocurre, que sus responsables, en la mayoría de los casos, huyen del país y los que no logran evadir la justicia, apenas pagan condenas irrisorias, para salir luego a la calle como si no hubieran roto un plato a disfrutar de los dineros robados a los venezolanos y en muchos casos, pasados unos cuantos meses o años, los vemos sentados de nuevo al frente de otra función pública, tal cual lo denunció el propio Presidente Chávez, cuando dijo en un Aló Presidente de hace no muchos años atrás, que había que acabar con el reciclaje de los corruptos y de los ineptos, cuando el mismo había detectado, con sus propios ojos, esa realidad en un espacio público del cual no recordamos su nombre (*).
Hay que empeñarse en buscar fórmulas de contraloría que hagan buena la tesis en la praxis de que todos somos responsables y sobre la cual se afinca la política que condujo a la eliminación del control previo por parte del máximo órgano contralor de la República.
(*) Esa perversión ocurre con más frecuencia de la que nos imaginamos. De ministerios o instituciones autónomas donde fueron destituidos por ladrones, pasan a ocupar posiciones de altísima confianza en Gobernaciones o Alcaldías y viceversa.
