Esperamos esta vez que los anuncios de nuevas estrategias de lucha anticorrupción hechos por el más alto Órgano de Control del país se hagan realidad al más corto plazo, pues los venezolanos ya estamos muy molestos con tanta corrupción y más aún, con la ilimitada, aberrante y grosera impunidad que impera en algunas instancias del Estado.
Una vez más volvemos sobre el tema para seguir insistiendo en la necesidad de que el máximo órgano de control del país debe, en lo inmediato, provocar un giro radical a sus estrategias de lucha contra la corrupción por la vía de avanzar hacia el diseño y puesta en práctica de una seria política de Estado que exprese con decidida resolución lo que debe ser una implacable guerra, sin descanso alguno, contra los burócratas corruptos y aquellos que resulten ser sus cómplices necesarios de la llamada sociedad civil, llámense como se llamen…
Los anuncios recientes al país del nuevo Contralor General de que adelantará una audaz política de control preventivo para enfrentar con éxito a los corruptos, nos hacen pensar y ojalá que no sea una de las tantas promesas incumplidas que los venezolanos hemos venido escuchando desde siempre en esa dirección, que esta vez nos parece que sí van las cosas en serio, porque el alto funcionario dijo, con meridiana y clara voz el día de los festejos en su despacho del 40 Aniversario de la fundación del Instituto de Altos Estudios de Control Fiscal y Auditoría de Estado (20 de abril próximo pasado), que tiene en su agenda someter ante la Asamblea Nacional la reforma de la Ley Orgánica de la Contraloría General para restituir el Control Previo (leerlo aquí: Descargar PDF - página 17), el que, como sabemos, fue eliminado por el último gobierno de la Cuarta República en 1996 (Caldera II).
Hemos dicho una y otra vez que estamos bien convencidos de que es perfectamente posible cumplir en corto lapso ese plan de reducir al mínimo los ilícitos administrativos, en tanto los órganos del Estado articulen de modo permanente novedosas fórmulas de prevención para erradicar ese flagelo que se comporta como el virus de la gripe, el cual muta periódicamente.
Efectivamente, siempre hemos visto que para cada acto administrativo que comporta la movilización de recursos para cubrir gastos o inversiones gubernamentales de todo tipo o para generar lo que debiera ser una normal dinámica económica de desarrollo como, por ejemplo, la implementación de una determinada política cambiaria, los corruptos de inmediato articulan un sinfín de triquiñuelas, cada vez dentro de novedosas argucias y asombrosa sagacidad, como ocurrió con el Sitme y con Cadivi, en donde los zánganos vestidos de rojo rojito, así como los de amarillo o los de azul o los de blanco o los de verde o los de otras pintas, se llevaron sin límite alguno las divisas del país.
La corrupción es un problema histórico que confronta Venezuela desde que nuestros Libertadores rompieron los lazos que lo ataban a la corona española y esa percepción no creo que haya alguien que se atreva a cuestionarla, así como aquella otra que siempre hemos tenido de que más del 90% de las abultadas riquezas familiares que hay en este país, se han fraguado a la sombra del erario público.
Ante tanta verdad, es por lo que, una vez más lo reiteramos, le proponemos al Señor Contralor que presione por todas las vías posibles para que la Asamblea Nacional, sin más retraso, discuta y apruebe el proyecto Ley de Protección a Denunciantes y Testigos (no recordamos con exactitud su título) que introdujo la anterior Contralora en 2012 ante la Asamblea Nacional, si mal no recordamos, para facilitar e incentivar las denuncias de corrupción por la vía de garantizar la segura protección a denunciantes y testigos, puesto que en tanto ese proyecto no se haga ley, será imposible que se pueda avanzar con éxito en la lucha total contra los corruptos.
De otra parte y ante otra gran verdad que no nos cansaremos de repetirla, de que los estafadores y ladrones de los dineros públicos hacen hasta lo imposible para no dejar rastros de sus fechorías, insistimos en que esa misma norma legal referida debe contemplar la conveniencia de que determinadas denuncias sobre las cuales quienes las hacen no tengan en su poder las respectivas pruebas documentales, pero sí suficientes indicios y/o elementos que le otorgan relevancia al caso irregular que hacen del conocimiento a la entidad contralora, sean admitidas y esto lo planteamos, como ya lo hemos dicho en otras ocasiones por este mismo medio digital, apuntalados sobre tres argumentos que, en nuestro criterio, son contundentes para sustentar con mucha fuerza dicha propuesta, como son:
1) Quien denuncia ha asumido una gran responsabilidad, con la cual corre el riesgo de que si su objetivo fue hacer sólo daño a terceros, tendrá que vérselas con la justicia, pues la Ley Contra la Corrupción en su artículo 82 contempla de uno a tres años de cárcel para quien así actúe;
2) Quien incurre en hechos de corrupción, por razones más que obvias, planifica al máximo el asalto para evitar dejar un cabo suelto o alguna huella que puedan delatarlo;
3) Un sólo indicio puede ser más que suficiente para rastrear y localizar las evidencias y pruebas contundentes que incriminen a quien o quienes cometieron el ilícito o el delito y eso lo sabe hasta el menos de lo experimentados expertos policiales en materia de investigación criminal y,
4) Hemos visto una y otra vez que para comprobar el cobro de coimas por parte de burócratas corruptos, se montan las llamadas entregas controladas, en donde el delincuente, de manera general, ni siquiera sospecha que será capturado con las manos en la masa recibiendo la coima.
De manera que una vez sea aprobado el referido proyecto de ley y se retome, como lo ha dicho el Dr. Galindo Ballesteros, el Control Previo, habremos dado un gran paso de avance para enfrentar y fulminar con nuevas estrategias tan terrible pandemia.
