Quisiéramos en esta oportunidad tener la suerte del tuitero o tuitera de Anzoátegui que el pasado mes de abril alertó al Presidente Maduro sobre los Bicentenarios cerrados desde hace muchos meses en esa zona oriental del país, dizque por remodelación integral de sus locales y que por esa denuncia él mismo ordenó que de inmediato se inspeccionara toda la red de esos mercados en ese Estado.
Como resultado de esas tareas de fiscalización se detectaron, en menos de doce horas, graves irregularidades no solamente con las empresas contratistas que, al parecer, estaban incumpliendo sus obligaciones contractuales en la refacción de tres Bicentenarios ubicados en la ciudad de Puerto La Cruz, sino que los gerentes de esos tres establecimientos y empleados de su mayor confianza, se habían dedicado a desviar los alimentos para su propio beneficio, alimentos esos que -extrañamente- les seguían enviando a esos locales, no obstante que se encontraban inoperativos por esos trabajos de remodelación, todo lo cual determinó que tanto los dueños de las empresas contratistas encargadas de esas obras de refacción, como los respectivos gerentes y su personal de máxima confianza, presuntamente involucrados en esa estafa, fueron a parar a la cárcel y, entendemos que a la fecha, esos sujetos están siendo sometidos al proceso penal que, en tales casos, dispone el ordenamiento legal del país.
Y decimos que deseamos tener esa suerte de ser escuchados nada más ni nada menos que por el propio Presidente de la República, porque queremos que de nuevo actúe para que ordene, con el mismo rigor como lo hizo en la tierra de Aristóbulo Istúriz, no solamente la inspección rigurosa a los Bicentenarios de la Región Capital, sino a los Pedevales (a la vista tenemos el del CCC Tamanaco, el cual lleva más de seis meses en remodelación) y los que denominan Pedemercales, pues en casi todos esos establecimientos se incumplen, por desidia, pues empleados los hay a montones en cada uno de ellos, las normas que el Ejecutivo Nacional impone a todo negocio que se dedique a venderle al pueblo alimentos y otros bienes esenciales, como son, la más estricta asepsia, la que, en muchos de esos establecimientos, para no decir la totalidad, están en condiciones deplorables, así como al hecho de que la inmensa mayoría de los alimentos y bienes no regulados que colocan en los anaqueles y neveras, no tienen colocado el “precio justo”, violando así el propio Gobierno la Providencia de la Superintendencia de Precios Justos No. 057, publicada en la Gaceta Oficial del 24 de noviembre de 2014 y los ofrecen a precios escandalosamente altos, lo que damos por seguro, por razones más que obvias, que esa situación la desconoce el Presidente Maduro, pues sería el colmo que se llegara a pensar que él también debe ocuparse de velar por el cumplimento de esa norma legal.
Nos cuesta creer, eso sí, que lo mismo les pueda estar sucediendo al mismo Ministro de Alimentación y a los integrantes de su equipo de directores y gerentes que tienen a su cargo la conducción de ese vital despacho del Ejecutivo Nacional. ¿Desconocían -acaso- estos señores ese desmadre en Anzoátegui y más aún, que a pesar de estar cerrados esos locales, se les seguían enviando alimentos y todo tipo de mercancías, para vendérselos a quién y donde iba a parar el dinero de esa venta clandestina? Buena pregunta que impone de parte de ellos una respuesta clara y muy precisa para un pueblo que ya está rete cansado no sólo de que haya tanta corrupción, sino que se recurra a la impunidad para proteger a zánganos, como ocurrió recientemente con Rafael Isea...!!
Pero dejemos aquí estos pocos ejemplos de precios demasiado elevados, pues si una revisión de lo que denunciamos llegara a ordenar el Presidente Maduro, tal y como la que dispuso en Anzoátegui, dejaría al descubierto esto que denunciamos: Tocineta a Bs. 810,00 el kilogramo; chuleta ahumada a Bs. 776,00 el kilo; queso blanco a Bs. 650,00 el kilo y entre otros muchos más productos, el queso parmesano a Bs. 1.200,00 el kilogramo; papa criolla a Bs. 126,00 el kilogramo y la zanahoria a Bs. 100,00 el kilo. Respecto de estos dos últimos productos se hace evidente, por absurdo que parezca, que el propio Gobierno, al parecer, se amarra a las cadenas de intermediación especulativas que encarecen, de forma abusiva, los precios de los productos del agro, pues a esos mismos precios los expenden los supermercados y abastos capitalistas, pero valga observar que a precios sustancialmente mucho menores se logran conseguir en los camiones que se instalan semanalmente en muchas urbanizaciones, debido a que se trata de pequeños comerciantes que les compran esos productos directamente a quienes los producen en el campo.
Ya para cerrar esta nota, es necesario consignar que nos resulta asombroso que con lo sucedido en Anzoátegui, sólo les llegó el fuetazo del Jefe del Estado únicamente a los Gerentes de esas sucursales y a los propietarios de las firmas contratistas encargadas de sus respectivas remodelaciones, pero a los burócratas de arriba, por lo que hemos estado viendo con el mayor de los asombros, ni una mala cara se les ha hecho, cuando ellos son los primeros y mayores responsables…!!!
