Dice un viejo y sabio refrán: "quien no la debe no la teme", lo cual es muy cierto. Si como funcionarios del Estado somos señalados de alguna irregularidad y ante esas acusaciones estamos seguros de nuestra total inocencia, no tendríamos razones para temer por los resultados de una investigación que adelanten los órganos competentes.
Que hay un despropósito en esos señalamientos y que lo que se busca es nuestro desprestigio, como sabemos que ocurre en muchas ocasiones y de modo persistente en estos tiempos de una polarización política desbordada, pues ante esa interrogante que pudiéramos hacernos, no creemos que exista una mejor opción que esa, la apertura de un proceso de control y fiscalización para desvirtuar toda sospecha que pueda plantearse sobre nuestra conducta honesta al servicio del país. Inclusive, deberíamos ser los primeros en exigirlo y, más aún, ofrecer la mayor cooperación que podamos dar para que ese proceso se realice con prontitud y así contribuir a que sus conclusiones se conozcan a la mayor brevedad.
Intentar negar los señalamientos, como es lo que usualmente sucede (los ejemplos abundan como la hierba), por la vía de enfrentar con rabia y la mayor irracionalidad argumentativa, a quienes sean sus directos responsables, prendiendo -por ejemplo- el ventilador para salpicar a terceros, es contraproducente y más bien apunta a que se potencien las sospechas de que, efectivamente, no hemos sabido manejar con pulcritud los dineros y bienes públicos, es decir, que la alternativa de atacar para defender nuestra moral es desacertada, pues con ello sólo aumentamos las dudas sobre nuestro honorable desempeño.
De manera que más allá de perjudicar una falsa acusación sobre ilícitos en algún estamento público, en el supuesto caso de que esa fuese la intención, una investigación acuciosa es la única opción que queda, no sólo para que se disipe toda sospecha sobre la actuación irregular de cualquier funcionario público, sino que con ella el pueblo, quien es el que paga el sueldo de ese funcionario, pueda llegar a tener la certeza de que no está siendo estafada la República.
Valga la oportunidad para que expresemos, una vez más, nuestro mayor regocijo, ante el anuncio reciente que le hizo el nuevo Contralor General al país, de que tiene en agenda, dentro del plan de prevención contralora que pondrá a marchar en breve, retomar el ejercicio del Control Previo, el cual, como sabemos, fue eliminado durante el gobierno de Caldera II, en 1996.
