ADMINISTRADORES DEL ESTADO VENEZOLANO
PODERES PÚBLICOS DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
Sus Despachos
Mediante la presente, queremos hacer de su conocimiento que un grupo de ciudadanos y ciudadanas, movimientos y organizaciones sociales y corrientes de pensamiento, nos hemos constituido en Plataforma para una Auditoría Pública y Ciudadana, cuyo objeto es investigar, detectar y emprender acciones para Detener el Desfalco, la Fuga de Capitales, el Pago de Deudas Ilegítimas y hacer frente a la Corrupción.
Éstos y otros males asociados, socavan la renta petrolera y los fondos del Estado, acaban con los recursos de la nación venezolana y atentan contra el valor de nuestra moneda. Pero sobre todo, contribuyen a agravar los problemas generados por la situación económica que hoy padece nuestro pueblo, especialmente los relacionados con el desabastecimiento y la hiperespeculación, que afectan a la adquisición de alimentos, productos de primera necesidad, consumo básico y medicinas, con crueles impactos sobre la calidad de vida, sobre las conquistas logradas con la V República y sobre los derechos del pueblo.
Entendemos la Auditoría Pública y Ciudadana, como un proceso social de investigación-acción participativa sobre la administración de recursos, bienes, ingresos, inversiones o gastos del Estado, así como sobre la gestión de éste y sobre sus resultados, impulsado con participación autónoma de la ciudadanía organizada en el ejercicio del derecho y deber de la Contraloría Social, para ejercer a la vez el derecho a la información y a la democracia participativa y protagónica, en defensa de los bienes comunes de toda la sociedad y de la soberanía nacional. Dicha auditoría puede ser completamente independiente o acompañar de manera participativa y protagónica a una auditoría realizada por poderes y organismos estatales. Puede incluir también como objeto de investigación y revisión a entes privados.
Se trata de impulsar una acción colectiva de participación ciudadana, en ejercicio del derecho a la Contraloría Social garantizada por la Constitución y por nuestras leyes (Principios 4, 5 y 6 de la CRBV, Arts. 28, 51, 57, 58, 62, 141, 143, 273, 274, 289 y Ley Orgánica de Contraloría Social en su totalidad) como pueblo soberano y como poder popular, con la finalidad de identificar situaciones irregulares, ilegales e ilegítimas, así como a sus responsables y presionar para la adopción de las medidas administrativas, económicas, políticas y judiciales, necesarias para impedir su continuación, acabar con la impunidad de los hechos y recuperar los recursos perdidos o procurar la compensación de los daños causados al patrimonio y a la población. Más no se trata sólo de un esfuerzo dirigido a la defensa y la recuperación de recursos económicos del país, sino que apuntamos, de una manera muy especial, hacia un propósito imperioso de recuperación ética del Estado y de la sociedad, frente gravísimas afrentas y riesgos que estamos confrontando.
Declaraciones de la ex presidenta del Banco Central de Venezuela (BCV), quien también fuera ministra de Finanzas, Edmée Betancourt (24/05/13 - www.aporrea.org/actualidad/n229466.html y 13/08/13 - www.aporrea.org/actualidad/n234431.html) y del ex ministro de Planificación, y de Finanzas, Jorge Giordani (Testimonio y responsabilidad ante la historia. Jorge Giordani - 18/06/14 - www.aporrea.org/ideologia/a190011.html), revelaron al país pérdida o fuga de miles de millones de dólares (al menos 20 mil millones) del patrimonio nacional, a través del sistema de otorgamiento de divisas, en los años 2012 y 2013.
Varias investigaciones preliminares, realizadas por iniciativas colectivas y ciudadanas, han arrojado nuevos indicios sobre lo anterior y sobre la presunta ocurrencia continuada de algo parecido en años precedentes.
Entre estas investigaciones destacamos la efectuada por el Movimiento de Batalla Social Punta de Lanza, dirigida por L. E. Gavazut (www.aporrea.org/ddhh/a184873.html), que permite identificar a partir de datos oficiales, a las principales empresas receptoras de divisas durante el período del Control de Cambios, y la concentración escandalosa, con distribución tremendamente desigual de las asignaciones, junto a serios indicios de la presunta ocurrencia de fraudes y sobrefacturaciones en las importaciones efectuadas o que debieron efectuarse con esas divisas.
Otro estudio, realizado por el Equipo de Investigación de Marea Socialista (www.aporrea.org/contraloria/n257348.html) mostró la presumible ocurrencia de un desfalco y fuga de capitales descomunal, que se estima alrededor de 259 mil millones de dólares de la República desde la implantación del control de cambios, como expresión reiterativa de lo antes denunciado. Por otra parte, indagaciones en torno a la Deuda Pública, con datos oficiales disponibles, conducen a considerar la posibilidad, de que tramos importantes de la misma, pudiesen ser ilícitos o ilegítimos, entre otros factores, debido a la existencia de mecanismos y diseños de instrumentos financieros lesivos para los intereses de la República, como los bonos en doble denominación que son comprados en bolívares y pueden ser negociados o cobrados en divisas, y cuyos intereses son de los más altos que se pagan en el mundo.
Estas son algunas de las informaciones públicas y resultados de investigaciones preliminares que explican nuestra alarma, motivan nuestras decisiones y sustentan nuestros reclamos.
Algo así sólo puede suceder con el concurso de una escandalosa corrupción, como una de las manifestaciones más perversas de la lógica del capital, y por la existencia de mecanismos financieros portadores de fisuras que permiten el saqueo del tesoro nacional por sectores capitalistas y por agentes de la burocracia que maneja las transacciones del Estado. Está montada y viene funcionando una especie de bomba extractora de la renta petrolera que, creemos, es parte de la base generadora de la actual crisis económica y de sus repercusiones sociales, y que es necesario desactivar para la salvación del país y del proceso de transformaciones iniciado con la gesta Constituyente de 1999.
Es indiscutible que todo ello tiene un impacto sobre la disponibilidad de divisas para financiar el desarrollo nacional, para el logro de la soberanía alimentaria que hoy se encuentra aquejada por condiciones de extrema vulnerabilidad, y es necesario para sostener las condiciones de vida y hasta la salud de los venezolanos, pero aún más allá de eso, también lo es para conservar la democracia, la convivencia, la paz, la continuidad de un proceso histórico de positivos logros políticos y sociales, y la integridad de la Patria.
Hasta el momento, no se tiene conocimiento público sobre las investigaciones de organismos gubernamentales, ni de la Asamblea Nacional, ni de la Contraloría General de la República. El Ministerio Público apenas ha publicado algunas listas de empresas y personas receptoras de divisas que presumiblemente incurrieron en irregularidades o hechos ilícitos, pero que parecen ser una parte muy pequeña del universo de sucesos que estamos señalando. Aunque algunos casos de corrupción han sido señalados por el Informe del Contralor, nada o muy poco se ha dicho, de manera oficial, sobre lo ocurrido con los recursos desfalcados o fugados, ni sobre los responsables de semejante daño infringido a la población, al pueblo trabajador y al país. Recientemente ha habido actuaciones parciales de organismos del Estado y se han abierto procesos por ciertos hechos de corrupción, pero son apenas una ínfima parte del volumen estimado de los fondos defraudados, ínfima parte de la pérdida denunciada por los ex ministros citados (Betancourt y Giordani).
Frente a tales circunstancias en que las instituciones no dan señales de actuar competentemente con la urgencia necesaria, los ciudadanos y ciudadanas, las organizaciones del pueblo, nos vemos en la obligación de dar un paso al frente para tomar en nuestras manos, como sujeto soberano de la nación, lo que los entes del Estado no nos están garantizando, o lo que es peor, podrían estar permitiendo en cierto modo, por negligencia u omisión o por el involucramiento de funcionarios ímprobos y moralmente extraviados, que en lugar de estar al servicio de la República puedan ser cooperantes de hechos ilícitos o estar dedicados a la acumulación de capital, con la obtención de beneficios derivados de actuaciones irregulares en el manejo de operaciones y trámites del Estado.
Ante la preocupante falta de respuesta y de acción que percibimos frente a todo lo expuesto, por parte de los organismos de gobierno, las instituciones y los poderes públicos que están obligados a ser vigilantes, preventivos, correctores y sancionadores de hechos como los que aquí denunciamos, anunciamos nuestra determinación de actuar resolutivamente, asumiendo el papel que nos corresponde como ciudadanos, a través de esta Plataforma, que inicia su conformación con un conjunto de adherentes, cuyas identidades y firmas adjuntamos, pero que permanece abierta a la incorporación activa de las personas y colectivos que decidan sumar sus voluntades y esfuerzos.
En consecuencia, los ciudadanos y ciudadanas, los movimientos y organizaciones sociales que adherimos a esta Plataforma para la Auditoría Pública y Ciudadana, exigimos al Gobierno de la República, a las instituciones del Estado según sus competencias, la Asamblea Nacional, al Poder Judicial y a todos los Poderes Públicos integrantes del Poder Ciudadano, lo siguiente:
- Que asuman concienzudamente y de manera responsable, en correspondencia con la emergencia nacional y urgencia patria en que nos encontramos, sus atribuciones y su actividad contralora, dispuesta en nuestra Constitución para la debida vigilancia, fiscalización y control de los ingresos y gastos, y seguimiento riguroso de las operaciones asociadas a los bienes públicos, donde quiera que éstos se administren.
- Que informen públicamente de sus actuaciones y que ordenen de inmediato la apertura o agilización de investigaciones, tanto por su cuenta como con el concurso deseable y necesario de la participación ciudadana, así como la realización de las fiscalizaciones que correspondan para el uso correcto de los fondos del Estado y la aplicación de las medidas administrativas y penales requeridas para acabar con la impunidad de la corrupción.
- Que adopten, como les corresponde hacer y como es derecho del pueblo, una actitud receptiva, diligente, cooperadora y facilitadora, sin restricciones ni trabas indebidas, para con esta Plataforma, y que se le abran caminos expeditos a los ciudadanos y ciudadanas, así como a las organizaciones de todo el espectro constitutivo del Poder Popular, para que puedan llevar a cabo todas las actividades pertinentes a la realización de Auditorías Públicas y Ciudadanas, sobre todos los asuntos de interés público que los ciudadanos y ciudadanas queramos abarcar, para el examen de la gestión de los diferentes órganos del Estado, para la realización de escrutinios respecto al modo en se han administrado los bienes nacionales, para que se procure identificar a quienes hayan depredado el patrimonio público, sin excluir de ello todo tipo de ejercicio privado que tenga o pueda tener repercusión sobre el interés colectivo o general, sobre los asuntos comunes de la sociedad o de sectores de ella y sobre la Nación entera.
En este sentido, exigimos especialmente y hacemos un llamado a todas las instituciones y órganos de la República, para que proporcionen a los Contralores y Contraloras Sociales partícipes de las iniciativas de Auditoría Pública y Ciudadana, todas las informaciones, documentos y datos en archivo que les sean solicitados para el desenvolvimiento de las Auditorías, así como las informaciones verbales y orientaciones que correspondan.
En definitiva, la solicitud y exigencia que les hacemos, es que brinden todo su apoyo al pueblo venezolano en su acción de defensa y aplicación de nuestra Constitución y de las leyes, contra toda actuación que atente o pueda atentar contra el ser social y la integridad de la Patria, con miras a extirpar la lacra de la corrupción y los vicios que permiten el lucro de unos en perjuicio de todos.
En Caracas, a los 30 días del mes de mayo de 2015
Libres de todo apremio y coacción, adherimos los planteamientos arriba expuestos.
Personas y organizaciones integrantes del Comité Impulsor de la Plataforma para la Auditoría Pública y Ciudadana.
Personas y organizaciones adherentes a la Plataforma.
