CÓMO disminuir el tiempo de respuesta de las instituciones ante un trámite:
Todos, y lo digo bien claro: todos, debemos entender que la estructura burocrática del Estado venezolano está hecho para no innovar, para no pensar, para seguir repitiendo exactamente lo mismo que hicimos ayer, lo mismo que hicimos el año o la década pasada. Pero no es porque quienes trabajan en las instituciones del gobierno sean forzosamente holgazanes, ignorantes, mediocres o patológicamente corruptos. En general no es así. La impresionante maraña de leyes, disposiciones, reglamentos, acuerdos, procedimientos, providencias y decretos que penden sobre las cabezas de los servidores públicos, especialmente los “cuentadantes”, cual Espada de Damocles, es demasiado tenebrosa y mortal como para pensar en otra cosa que no sea llegar a las 8 de la mañana e irse a las 4 de la tarde. Y esa amenaza es literal: por ejemplo, la Reforma de la Ley contra la corrupción (Gaceta Oficial extraordinaria N° 6.155 de fecha 19 de noviembre de 2014) estipula penas (inclusive cárcel), sanciones, destituciones, inhabilitaciones y multas que desalientan cualquier intento, por mínimo que sea, por cambiar la forma en la cual se hacen los procedimientos, se toman las decisiones y se invierten los fondos públicos.
Claro, apenas tú nombras esto, salen muchos, y muy raudos, sospechosamente, a decir que estás a favor del robo del Estado. Es más que obvio que no. Pero no se puede dirigir el Estado si la Asamblea Nacional y la Contraloría General de la República continúan colocando más restricciones, alcabalas y semáforos, pensando que sólo con ello se acrecienta la pulcritud en el manejo de la cosa pública. Hay que recordar la muy larga tradición represiva del Estado, especialmente en Latinoamérica, y cómo el carácter punitivo prevaleció sobre el espíritu de la justicia. Es tan absurdo no colocar ningún semáforo en una ciudad con muchos cruces de calles y avenidas, como pretender colocar un semáforo en todas y cada una de estas intersecciones.
Celebro, por tanto, dentro de las contradicciones de nuestro gobierno, la Ley de simplificación de trámites administrativos (Gaceta Oficial extraordinaria N° 6.149 de fecha 18 de noviembre de 2014), por cuanto se mueve en la dirección correcta: presumir la buena fe, pero ser sumamente severo con el que miente. Celebro, otro logro, esta vez con nombre y apellido, Dante Rivas: la eliminación de los números en el Saren, Registros o Notarías, o el poder registrar títulos universitarios en cualquier lugar del país.
Por último, y no menos importante, y del cual pienso tratar en artículos posteriores, sería de enorme beneficio para la administración del patrimonio público, flexibilizar, reducir, simplificar o como quieran llamarlo, una cuestión muy técnica, pero vital, que se llama pomposamente “Clasificador Presupuestario”. Para los profanos: si necesitas tres tornillos para reparar un vehículo y no está en la partida presupuestaria correspondiente a “Tracción y elevación”, por ejemplo, lo cual fue establecida el año anterior cuando se hizo el presupuesto (o sea, debes ser adivino para saber que te harían falta esos tres tornillos, porque en caso contrario has incurrido en “falta de previsión presupuestaria”) deberás hacer una “Reprogramación”, lo cual podría tardar, con suerte, unas dos semanas, mientras te la aprueban los órganos de alzada. En tanto, el vehículo sigue sin repararse, porque sino cometes un ilícito al girar sobre cosas no presupuestadas (!cárcel, destitución, averiguación, multas!) ¿Se puede hacer una revolución así?
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